El gobierno del Reino Unido ha iniciado los preparativos sobre cómo manejar un posible escenario invernal en el que los generadores de electricidad se vean obligados a desplegar apagones continuos y el gas natural deba racionarse.
En un informe de Bloomberg del 9 de agosto que citaba a «personas familiarizadas con la planificación del gobierno», el Reino Unido se prepara para un déficit de electricidad equivalente a una sexta parte de la demanda máxima, incluso cuando las plantas de carbón vuelvan a estar en funcionamiento.
Debido al déficit, la administración postula que puede enfrentar un período de cuatro días en los que se debe racionar el gas natural a través de medidas de emergencia.
El Departamento de Estrategia Comercial, Energética e Industrial dijo al medio en un comunicado que el evento «no es algo que esperamos que suceda», y que tanto los ciudadanos como las empresas pueden estar seguros de que recibirán la energía que necesitan para vivir.
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Un resultado natural de las raciones y la escasez de energía sería un aumento significativo en las facturas de servicios públicos. Bloomberg estima un aumento de «£4,200 ($5086 dólares) en enero desde poco menos de £2,000 actualmente».
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Este detalle es particularmente significativo, ya que los costos inflacionarios ya son la fuente de un malestar social significativo.
Por ejemplo, el sitio web DontPay.uk, un movimiento de protesta de base anónimo, busca reunir a un millón de personas para cancelar sus pagos de servicios públicos de domiciliación bancaria el 1 de octubre, a menos que el gobierno tome medidas para recuperar los costos.
La raíz del problema, afirma Bloomberg, es la baja capacidad de almacenamiento de gas natural del país, además de la red eléctrica compartida entre Francia. Noruega, Bélgica y los Países Bajos, todos los cuales pueden tener que reducir la producción para satisfacer su propia demanda interna.
En caso de que el gas natural se agote, el gobierno tendrá que instalar una economía dirigida para anular el mercado impulsado por la demanda.
Este tipo de acción se vio recientemente en Australia cuando el Operador del Mercado de Energía de Australia (AEMO) intervino para limitar los precios del gas natural a $40 por gigajulio y los precios de la electricidad a $300 por megavatio en junio.
Además, AEMO obligó a los proveedores a operar, fueran rentables o no, bajo la amenaza de penalización y en virtud de la recompensa a través de subsidios.
Sin embargo, la amenaza es más profunda de lo que se informa. Un informe del 9 de agosto del medio de comunicación británico Express advirtió que el gobierno había estado encuestando a la industria alimentaria sobre cómo una serie de apagones afectaría el suministro de alimentos de la nación.
Las advertencias, sin embargo, no son tan novedosas como pueden parecerles a los norteamericanos. En mayo, The Telegraph también advirtió que los británicos podrían sufrir apagones invernales a manos de la Federación Rusa, Vladimir Putin, debido a la guerra en Ucrania.
“Seis millones de hogares podrían enfrentar apagones este invierno debido a la invasión rusa de Ucrania, se advirtió a los ministros”, escribieron.
Y agregó: “Se entiende que Whitehall formuló un plan aún más duro si Vladimir Putin corta todos los suministros de gas a la UE, uno que significaría que los apagones de electricidad podrían comenzar en diciembre y durar tres meses, incluidos los fines de semana”.
En julio de 2021, The Guardian también advirtió que Gran Bretaña podría enfrentar apagones invernales después de que un incendio en un cable eléctrico submarino creara un déficit de energía anticipado del 3,9 por ciento.
Y solo tres meses después, en septiembre, Bloomberg reiteró la amenaza por el mismo incendio.
Pero, ¿cómo sería exactamente una escasez de energía? En mayo, el gobierno de Irlanda llevó a cabo un escenario de juego de guerra en preparación para una posible escasez de petróleo y gasolina que comenzaría levemente a fines del otoño antes de exacerbarse severamente en enero de 2023.
Las medidas que implementará el gobierno implicaron invocar edictos de quedarse en casa y trabajar desde casa al estilo COVID, raciones de gasolina limitadas a los socorristas y trabajadores esenciales, y una reducción del límite de velocidad en las autopistas.
En el caso del racionamiento de combustible, un sistema potencial consistía en centralizar las ventas en un puñado de estaciones mientras se ponía en cola las compras semanales de los ciudadanos en función de sus números de placa.
Aunque a primera vista pueda parecer que los planes son sólo preparatorios, en Sri Lanka, un país insular situado frente a la costa sureste de la India y en el que viven 22 millones de personas, ya se ha racionado la compra de combustible a los trabajadores esenciales y a los primeros intervinientes, después de que la economía del país se hundiera totalmente en los últimos meses.
El sistema utilizado para proporcionar a aquellos que califican y aún pueden pagar la gasolina es utilizar un pasaporte digital con código QR estilo crédito social para verificar la identificación.
La crisis a la que se enfrenta el país es tan grave que miles de ciudadanos asaltaron el palacio presidencial a principios de julio, quemando la casa del ex presidente hasta los cimientos, después de que el régimen prohibiera la venta de gasolina y gas LP, una sustancia similar al propano de la que dependen los esrilanqueses para calentar sus hogares y alimentar sus cocinas.
Otro país europeo, Grecia, lanzó recientemente un programa a gran escala para reemplazar las licencias de conducir convencionales y las tarjetas de identificación con una aplicación de identificación digital para teléfonos inteligentes.
El gobierno planea expandir el uso de la aplicación a elementos como seguros, registro de vehículos e impuestos.
