En un movimiento histórico, el gobernador de Texas, Greg Abbott, aprobó y ratificó el primer esfuerzo legislativo dentro de los Estados Unidos destinado a frenar las atroces prácticas de sustracción de órganos del Partido Comunista Chino (PCCh). La legislación bipartidista recibió el visto bueno por primera vez en mayo después de aprobarse por unanimidad en ambos cuerpos legislativos del estado, y Abbott la promulgó oficialmente como ley el 18 de junio.
El proyecto de ley, conocido formalmente como SB1040, está diseñado para prohibir que el estado brinde apoyo financiero a personas o entidades que participen en procedimientos de obtención de órganos éticamente dudosos. A partir del 1 de septiembre, la ley también rechazará cualquier forma de cobertura de seguro para los residentes que se sometan a trasplantes vinculados a países con prácticas de sustracción forzada de órganos.
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Ley innovadora
Esta acción legislativa surge en respuesta a la creciente evidencia e informes que sugieren la participación del PCCh en la sustracción forzada de órganos. En particular, se cree que las víctimas de esta práctica son principalmente minorías étnicas y religiosas, incluidos los practicantes de Falun Gong, los uigures musulmanes, los tibetanos y otros presos de conciencia.
Falun Dafa (法輪大法), también conocido como Falun Gong, es una disciplina espiritual tiene ejercicios de meditación y una profunda filosofía moral arraigada en los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia (真善忍). Durante la década de 1990, la práctica ganó una inmensa popularidad en China y en todo el mundo, atrayendo a millones de personas, incluidos funcionarios gubernamentales influyentes, que adoptaron sus enseñanzas y adoptaron la práctica.
En julio de 1999, las autoridades comunistas lanzaron una persecución desgarradora y despiadada contra la práctica, dirigida a unos 100 millones de sus seguidores. Este asalto brutal tuvo como objetivo sofocar la práctica y suprimir sus principios dentro del país.
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Desde entonces, miles de practicantes de Falun Gong han perecido a manos de la policía china, y se especula que el número real de muertes es de cientos de miles, o incluso millones. Según Minghui, un sitio web con sede en EE. UU. que documenta la persecución a Falun Gong, más de 4.000 practicantes han sido perseguidos hasta la muerte, y el número sigue aumentando. Muchos seguidores de Falun Gong también han sido objeto rutinario de hostigamiento, prohibiciones de viaje, así como arrestos y encarcelamientos arbitrarios.
Un paso en la dirección correcta
La aprobación de la ley SB 1040 ha recibido un amplio apoyo de activistas de derechos humanos, legisladores y defensores de todo el mundo. Llamándolo un movimiento sustancial para desafiar el historial de derechos humanos de China, la esperanza es que otras jurisdicciones sigan su ejemplo.
El representante Tom Oliverson (R-TX), quien patrocinó el proyecto de ley, destacó la gravedad de esta legislación al afirmar que es crucial mantener el estado de la estrella solitaria limpio de cualquier forma de participación en estas “prácticas inaceptables”.
“Con esta ley, enviamos un fuerte mensaje a Beijing de que toda vida humana es preciosa y digna de protección”, dijo Oliverson a The Epoch Times, y agregó que estaba “absoluta e increíblemente horrorizado” al enterarse de cómo algunas de las víctimas aún estaban conscientes en el momento en que sus órganos fueron extraídos.
Mirando hacia el futuro
Si bien muchos países, incluidos Australia, Francia y Canadá, han expresado anteriormente su preocupación con respecto a estas prácticas de sustracción forzada de órganos, la promulgación de la ley SB1040 por parte de Texas marca la primera legislación oficial de los EE. UU. para abordar el problema y cortar la demanda de la práctica en el fuente.
“Si los 50 estados tienen esta prohibición, entonces esencialmente no se destinarán dólares estadounidenses a los hospitales chinos que participan en el tráfico de órganos, por lo que no podrán pagarlo”, dijo Oliverson.
La medida del estado se considera un paso significativo en la lucha contra los abusos de los derechos humanos, lo que genera esperanzas de medidas más proactivas en el futuro cercano e insta al Congreso de los EE. UU. y al presidente a adoptar una postura más firme al respecto.
«Me gustaría que esto se aprobara en los 50 estados. Ese sería mi objetivo final», dijo Oliverson, y añadió: «Todos los estadounidenses [deberían] permanecer unidos contra esta práctica detestable».
