El senador estadounidense Jeff Merkley (demócrata) y el congresista James P. McGovern (demócrata), presidente y copresidente de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China (CECC), publicaron el Informe Anual 2021 de la Comisión sobre cuestiones de derechos humanos en China.
El informe, publicado el 31 de marzo, destaca la persecución, la supresión y los abusos que el Partido Comunista Chino (PCCh) lleva a cabo contra los presos de conciencia y otras minorías religiosas.
En particular, la persecución de Falun Gong durante 20 años se mencionó 27 veces en su capítulo sobre la libertad religiosa, y el presidente de la CECC, Merkley, manifestó su esperanza de que el Congreso y la actual administración de Estados Unidos actúen sobre las recomendaciones de la CECC y presionen más a Beijing sobre su historial de derechos humanos.
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El informe señalaba que el Partido Comunista seguía esforzándose por «consolidar su control sobre la identidad cultural y religiosa de los grupos étnicos minoritarios del país», a pesar de que esto «contradice la Ley de Autonomía Étnica Regional de la RPC [República Popular China] y el derecho internacional».
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En 2021, el gobierno de la RPC «intensificó aún más una amplia campaña para ‘sinicizar’ la religión», según el informe, citando a un experto que afirma que el objetivo de estos esfuerzos es «homogeneizar la cultura china para que todas las partes se ajusten a un nacionalismo dirigido por el Partido» con la «plena fuerza» del Estado.
Bajo el PCCh, la cultura china se reinterpreta según las líneas de su marxismo-leninismo ateo.
Opresión religiosa
Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una disciplina espiritual tradicional china introducida al público en 1992. Desde entonces, la práctica ha sido adoptada por decenas de millones de personas en China y en todo el mundo.
La práctica, que hace hincapié en sus principios rectores de Verdad, Benevolencia y Tolerancia, se centra en la mejora del carácter personal del practicante durante la vida diaria y entre los conflictos interpersonales y sociales.
En julio de 1999, el PCCh inició una campaña masiva para erradicar la popular práctica, encarcelando a millones de personas durante las décadas siguientes. Desde entonces, miles de practicantes de Falun Gong murieron a causa de la tortura y los abusos, y el número sigue aumentando. Muchos adeptos también fueron y, siguen siendo, objeto de acoso implacable, detenciones y encarcelamientos arbitrarios.
La campaña generalizada contra Falun Gong se extendió por todos los aspectos de la sociedad china, desde la detención de miles de practicantes hasta las incesantes emisiones de propaganda que describen a los practicantes de Falun Gong como peligrosos y tildan la práctica de «culto maligno».
Miles de muertos por su fe
Desde que comenzó la persecución, más de 4.365 practicantes han sido torturados hasta la muerte, informó Minghui, un sitio web con sede en Estados Unidos que documenta la persecución de Falun Gong en China y en el extranjero. Sin embargo, basándose en los relatos de primera mano de aquellos que viven bajo el acoso perpetuo de las diversas organizaciones de seguridad del Partido, los adeptos a la práctica especulan que el número real de muertes es de cientos de miles, o incluso millones.
«Minghui informó que las autoridades chinas continuaron torturando y maltratando a los practicantes, y que tales abusos, que a veces ocurren durante varios años, causaron o contribuyeron a la muerte de docenas de practicantes en 2020 y 2021», dice el informe del CECC.
«Como en años anteriores, las autoridades continuaron deteniendo a los practicantes de Falun Gong y sometiéndolos a un duro tratamiento, con al menos 622 practicantes condenados por delitos de «culto» en 2020, según el medio de comunicación de Falun Gong Minghui», dijo el informe.
Los seguidores de Falun Gong se han enfrentado desde entonces a todas las formas de represión, desde ser despedidos de sus trabajos hasta recibir duras condenas de prisión y soportar torturas inimaginables, como la alimentación forzada, las palizas y las agresiones sexuales a manos de los guardias de la prisión y otros reclusos.
El PCCh tiene un largo historial de persecución de confesiones religiosas y minorías para asimilarlas violentamente a su ideología atea desde su creación en 1949. Además de los practicantes de Falun Gong, el PCCh también ha sometido a cristianos, católicos, tibetanos y musulmanes uigures a implacables violaciones de los derechos humanos por sus creencias religiosas.
En los últimos años, el régimen chino encerró a más de un millón de musulmanes uigures para su «reeducación» en «campos de lucha contra el extremismo» en Xinjiang y otras zonas del oeste de China.
Asesinados por sus órganos
Además de sufrir torturas y abusos generalizados durante más de dos décadas, los practicantes de Falun Gong también han sido objeto de ataques y asesinatos rutinarios para obtener sus órganos en un inquietante comercio de trasplantes de órganos por valor de más de mil millones de dólares al año en China.
Según las conclusiones de la ONG con sede en el Reino Unido, el Tribunal de China, las investigaciones sobre «los informes de miles de turistas de trasplantes que van a China a comprar órganos», descubrieron que la industria china de trasplantes, junto con otras pruebas, sugiere que el PCCh está involucrado en la extracción forzada de órganos y en la venta con fines de lucro de órganos de presos de conciencia asesinados.
Aunque China tiene una industria de trasplantes de órganos desde hace décadas, el volumen de trasplantes aumentó exponencialmente a principios de la década de 2000, coincidiendo con el momento en que el PCCh comenzó su represión masiva contra Falun Gong y sus adeptos.
Las autoridades chinas siguieron persiguiendo a los practicantes en virtud del artículo 300 de la Ley Penal de la RPC, que tipifica como delito «la organización y el uso de una secta para socavar la aplicación de la ley»», añade el informe.
Dar voz a quienes no pueden hablar por sí mismos
«Documentar los abusos contra los derechos humanos cometidos por el gobierno chino no es sólo el mandato de la Comisión, sino nuestra obligación moral con aquellos que, debido a la represión y la censura, no pueden contar sus historias», señaló el copresidente de la CECC, James McGovern. «Espero seguir trabajando con mis colegas para poner en práctica las recomendaciones de la CECC».
El informe concluye con la reiteración por parte del comité de la prioridad de «documentar los crímenes incalificables del PCCh» y de hacer que el régimen chino rinda cuentas por aquellos que «sufren graves abusos debido a las políticas de asimilación forzosa de China».
