Human Rights Watch (HRW), una organización internacional independiente establecida en 1978, es una organización que, según su sitio web, “trabaja para defender la dignidad humana y promover la causa de los derechos humanos para todos”. HRW publicó su informe anual número 32 el 13 de enero, que resume las condiciones de los derechos humanos en más de 100 países y territorios en todo el mundo en 2021.
El informe dedica más de 15 páginas a analizar la situación de los derechos humanos que se desarrolla actualmente en China y afirma que “con el presidente Xi Jinping a la cabeza, el gobierno chino redobló la represión dentro y fuera del país en 2021”.
Las preocupaciones prioritarias documentadas incluyen las condiciones en Hong Kong y Xinjiang, el manejo de la epidemia de COVID-19 por parte del gobierno chino y la represión del régimen contra la libertad de expresión y religión.
Hong Kong y Xinjiang
“Las autoridades de Beijing y Hong Kong actuaron agresivamente para revertir los derechos en Hong Kong”, se lee en el informe.
El informe detalla cómo los activistas a favor de la democracia fueron arrestados y detenidos arbitrariamente en la ciudad en 2021 y señala un incidente en el que las autoridades arrestaron a 53 políticos por “subversión” por su participación en una encuesta de opinión pública de julio de 2020.
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Las autoridades de Hong Kong, haciendo uso de la controvertida Ley de Seguridad Nacional (NSL) que se adoptó en Hong Kong en junio de 2020, arrestaron a 150 personas a lo largo del año por varias supuestas infracciones, incluido el delito ampliamente interpretado de “conspiración para incitar a la subversión”.
HRW observó que en 2021, las instituciones democráticas en Hong Kong, que alguna vez diferenciaron a la ciudad del continente, se transformaron “en cuerpos de sello de goma”.
Los movimientos democráticos en Hong Kong se vieron obstaculizados después de que “en marzo [2021], Beijing impusiera ‘reformas electorales’, exigiendo que solo aquellos leales al Partido Comunista Chino (PCCh) pudieran ganar un escaño en la legislatura de Hong Kong”.
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El informe también critica al PCCh por “cometer crímenes de lesa humanidad contra los uigures y otros musulmanes túrquicos en Xinjiang”.
Los abusos cometidos incluyen “detenciones masivas arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, vigilancia masiva, persecución cultural y religiosa, separación de familias, retornos forzados a China, trabajos forzados, violencia sexual y violaciones de los derechos reproductivos”.
Los uigures están desapareciendo en el sistema abusivo de Xinjinag bajo una campaña destinada a “golpear duro” contra el “terrorismo violento”.
Un individuo notable atrapado en el sistema es el destacado académico Rahile Dawut, cuyo presunto delito, duración de la sentencia y lugar de encarcelamiento siguen sin estar claros.
Se destacan las muertes de varias personas mientras estaban detenidas en Xinjiang, incluido el investigador en biotecnología Mihriay Erkin, de 31 años, el empresario Yaqub Haji, de 45 años, y el poeta y editor Haji Mirzahid Kerimi, de 82.
COVID-19 en China
El enfoque del PCCh para gestionar la actual pandemia de COVID-19 fue un enfoque importante del informe de HRW de este año. El informe señala que hubo al menos 663 arrestos de personas por discursos relacionados con COVID-19 en China en 2021.
Los arrestados incluyen al profesor jubilado, Chen Zhaozhi, quien fue juzgado por “buscar peleas y provocar problemas” por publicar en las redes sociales: “La neumonía de Wuhan no es un virus chino, sino el virus del Partido Comunista chino”.
Otros activistas que fueron encarcelados por “buscar peleas y provocar problemas” incluyen a Chen Mei y Cai Wei, quienes fueron sentenciados a 15 meses de prisión. Las duras sentencias fueron impuestas al dúo en agosto por “archivar artículos en línea censurados y publicaciones en redes sociales sobre la pandemia”.
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El informe destaca el caso del periodista ciudadano encarcelado Zhang Zhan , quien, según los informes, se enfermó gravemente después de una huelga de hambre. Zhang fue sentenciado a cuatro años de prisión luego de viajar a Wuhan en febrero de 2020 para documentar los primeros días de la pandemia. También se destacó la desaparición del periodista ciudadano Fang Bin.
La campaña nacional de vacunación contra el COVID-19 en China fue señalada como extremadamente problemática. Si bien el régimen comunista insiste en que el esquema es voluntario, han surgido numerosas quejas sobre las tácticas abusivas de las autoridades locales para aumentar las tasas de vacunación.
Han surgido casos de policías que restringen físicamente a las personas para inocularlas a la fuerza, así como informes de gobiernos locales que suspenden los beneficios para cualquier persona que se niegue a vacunarse, incluso amenazando con inscribir a los estudiantes en la escuela.
Libertad de expresión y religión
“Las autoridades acosaron, detuvieron o enjuiciaron a numerosas personas por sus publicaciones en línea y mensajes de chat privados que criticaban al gobierno, presentando cargos falsos de ‘difundir rumores’, ‘provocar peleas y provocar problemas’ e ‘insultar a los líderes del país’. ”, dice el informe.
Al menos 58 internautas chinos han sido encarcelados en el país desde 2017 con sentencias que oscilan entre los seis meses y los cuatro años. Las duras sentencias se dictaron por publicar contenido crítico con el régimen chino en plataformas populares de redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube; plataformas que están prohibidas en China.
Numerosas personas también fueron castigadas por un discurso considerado “antipatriótico”. En febrero de 2021, al menos siete personas fueron detenidas después de comentar sobre un enfrentamiento fronterizo con las tropas indias y el experiodista Qiu Ziming fue condenado a ocho meses de prisión por sugerir que el número de muertos tras el enfrentamiento era superior a la cifra oficial.
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En marzo, las autoridades chinas aprobaron una disposición que “estipula que calumniar a los ‘héroes y mártires’ podría ser castigado con hasta tres años de prisión”.
Si bien el PCCh propugna el ateísmo estatal, China reconoce oficialmente solo cinco religiones “en locales aprobados oficialmente, y las autoridades conservan el control sobre los nombramientos de personal, las publicaciones, las finanzas y las solicitudes de ingreso a seminarios”.
En 2016, el presidente Xi pidió la “sinización” de todas las religiones. La medida tenía la intención de garantizar que el PCCh sea el árbitro de la vida espiritual de las personas.
En mayo de 2021, cuatro empleados de una empresa que vendía dispositivos de audio que transmitían la Biblia fueron sentenciados entre 15 meses y seis años por “operar un negocio ilegal”. En julio, cinco miembros de una “iglesia doméstica no autorizada” en la provincia de Shanxi fueron detenidos bajo sospecha de “cruzar ilegalmente la frontera” después de asistir a una conferencia religiosa en Malasia.
“Las autoridades continuaron los esfuerzos para alterar el estilo arquitectónico de las mezquitas y los monumentos para que parecieran más “chinos” en todo el país, mientras que los activistas musulmanes hui dijeron que la policía los había acosado por criticar la política”, se lee en el informe.
