La líder del Convoy de la Libertad, Tamara Lich, originaria de Medicine Hat, Alberta, Canadá, ha sido galardonada con el Premio George Jonas a la Libertad por el Centro de Justicia para las Libertades Constitucionales (JCFF, por sus siglas en inglés), con sede en Calgary, y recibirá este honor en una ceremonia que se celebrará en Toronto el 16 de junio de este año.
El presidente del JCCF, John Carpay, en una declaración enviada al Toronto Sun, dijo: «La Sra. Lich inspiró a los canadienses a ejercer sus derechos y libertades de la Carta participando activamente en el proceso democrático, y tomó la iniciativa de ayudar a organizar una protesta pacífica y servir como uno de sus líderes».
«La protesta pacífica resultante en Ottawa despertó a muchos canadienses a la injusticia de los confinamientos que violan la Carta y las políticas de vacunación obligatoria. La Sra. Lich ha sufrido por la causa de la libertad al pasar 18 días injustamente encarcelada y es un ejemplo de valor, determinación y perseverancia», escribió Carpay.
El día antes de que una gran operación policial desalojara a los manifestantes que se habían reunido y atrincherado en la Colina del Parlamento de Canadá durante unas tres semanas, Lich fue detenida sin incidentes bajo la acusación de daños, instigación, intimidación, asesoramiento de intimidación, asesoramiento de obstrucción a la policía y obstrucción a la policía. Ninguna de las acusaciones fue probada ante los tribunales.
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Tras ser detenida el 17 de febrero, a Lich se le denegó la libertad bajo fianza el 22 de febrero, decisión que fue revocada el 7 de marzo con la condición de que se mantuviera alejada de las redes sociales, abandonara la región de Ottawa en un plazo de 24 horas y la provincia de Ontario en un plazo de 72 horas, y sólo regresara a la provincia por motivos judiciales. No está claro si su viaje a Toronto en junio para recibir su premio será una violación de sus condiciones de fianza.
Investigación de la Ley de Emergencias
Ante las protestas pacíficas, el gobierno liberal de Trudeau ejecutó la nunca antes invocada Ley de Emergencias (EA), que sustituye a la Ley de Medidas de Tiempo de Guerra del país, para sofocar la disidencia, una medida que ha sido ampliamente calificada como un acto autoritario.
Posteriormente, el 25 de abril, el gobierno de Trudeau anunció una investigación sobre el uso de la EA.
«En un comunicado de prensa, Trudeau dijo que se crearía una investigación pública independiente, denominada Comisión de Emergencia de Orden Público, para examinar las circunstancias que condujeron a la emisión de la declaración», informó la Canadian Broadcasting Corporation (CBC), un medio de comunicación financiado por el Estado.
El juez Paul Rouleau fue designado para dirigir la investigación. Fue nombrado por primera vez juez del Tribunal Superior de Ontario en 2002 y se incorporó al Tribunal de Apelación de Ontario en 2005.
En el comunicado de prensa se exponen los objetivos de la investigación, que incluyen descubrir la «evolución del convoy, el impacto de la financiación y la desinformación, el impacto económico y los esfuerzos de la policía y otros intervinientes antes y después de la declaración».
El martes 26 de abril, el ministro de Seguridad Pública de Canadá, Marco Mendicino, dijo que se invocó la ley «porque las fuerzas del orden aconsejaron que las autoridades existentes eran ineficaces para restablecer la seguridad pública durante los bloqueos en los puertos de entrada», informó el Globe and Mail.
Junto a la protesta principal en Ottawa, se produjeron protestas simultáneas en todo el país. Varios pasos fronterizos situados en Alberta, Manitoba y Ontario fueron bloqueados por los camioneros y sus partidarios durante días y, en algunos casos, como el bloqueo en el paso fronterizo de Coutts, semanas.
