A pesar de la abrupta revocación de la Ley de Emergencias por parte del gobierno de Trudeau, éste tendrá que defender su uso ante los tribunales después de que dos grupos de libertades civiles presentaran recursos legales afirmando que invocar la ley contra manifestantes pacíficos es ilegal.
Tanto la Fundación de la Constitución Canadiense (CCF) como la Asociación Canadiense de Libertades Civiles (CCLA) han presentado acciones judiciales por separado solicitando una audiencia en el Tribunal Federal.
En un comunicado, la Directora de Litigios de la CCF, Christine Van Geyn, afirmó: «El Primer Ministro Trudeau ha sentado un peligroso precedente al invocar la nunca antes utilizada Ley de Emergencias federal para hacer frente a la situación actual. El alto umbral para declarar una emergencia de orden público en la Ley de Emergencias no se ha cumplido».
Van Geyn continuó: «La decisión de invocar la Ley de Emergencias, que nunca ha sido utilizada ni interpretada por los tribunales, no tiene precedentes. Si el Parlamento autoriza la proclamación de la emergencia de orden público, los tribunales serán la última defensa del Estado de Derecho».
Los abogados Suhit Choudhry y Janani Shanmuganathan son los que representan al CCF.
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En una declaración, Abby Deshman, Directora de Justicia Penal del CCLA, acogió con satisfacción la decisión del gobierno de revocar la Ley de Emergencia, calificando la decisión de «tardía», aunque argumentó que «aunque las órdenes ya no están en vigor, los canadienses se quedan con el precedente que han sentado las acciones del gobierno».
La CCLA considera que no había base legal suficiente para que el gobierno de Trudeau recurriera a la Ley de Emergencias y argumenta que las órdenes que el gobierno canadiense aprobó en virtud de la legislación eran «inconstitucionales». Además, la CCLA trata de abordar las posibles consecuencias futuras y pretende evitar que se normalice el uso de una legislación tan draconiana frente a protestas legalmente protegidas y otras actividades legales.
El primer ministro de la provincia canadiense de Alberta, Jason Kenney, también ha emprendido acciones legales contra el gobierno de Trudeau por invocar la ley.
El miércoles, tras la revocación de la ley, Kenney presentó una moción en la que condenaba la medida del gobierno federal, afirmando que los gobiernos y la policía ya tenían autoridad para hacer frente a las protestas de varias semanas.
Al igual que el CCLA, Kenney sostiene que la revocación de la ley por parte de Trudeau no tiene importancia porque sienta un precedente «peligroso». Kenney dijo que la invocación de la ley equivalía a «una de las extralimitaciones más evidentes del poder gubernamental en mi vida».
Antes de intervenir en la legislatura el miércoles, Kenney publicó en las redes sociales que la provincia solicitará una revisión judicial del uso de la ley, afirmando que sus poderes extraordinarios nunca estuvieron justificados.
Candice Bergen, la líder interina del Partido Conservador de Canadá (CPC), la oposición oficial del gobierno de Trudeau, también está presionando.
En un comunicado publicado en Twitter, Bergen afirma que el CPC sabía que invocar la ley era incorrecto, afirmando que tanto los expertos como los canadienses en general también lo sabían: «Los canadienses quieren y merecen respuestas sobre por qué el Primer Ministro invocó esta ley en primer lugar, que ha tenido un impacto directo en sus vidas».
Exigiendo respuestas, afirmó: «La pregunta más importante que debe responderse ahora es: ¿cuándo presentará este gobierno liberal un plan para poner fin a los mandatos y restricciones sin fundamento científico?».
