Con su estrategia de «mano dura» en El Salvador, el Gobierno de Nayib Bukele cosecha éxitos en el combate al crimen. A raíz de esto, autoridades de otras naciones latinas se preguntan si este régimen carcelario salvadoreño sería aplicable a sus respectivos países.
“El Salvador ha dejado de estar en la lista de países más violentos del mundo y ha pasado a ser el más seguro de América Latina”, sostuvo la ministra de Relaciones Exteriores del país centroamericano, a principios de marzo, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En el marco del Plan Control Territorial, el Gobierno de Nayib Bukele asegura haber detenido a más de 64.000 criminales y reducido drásticamente la tasa de homicidios.
Gracias a esto es que El Salvador se transformó en “un ejemplo” de cómo controlar la delincuencia para un gran sector de la población en diferentes países latinos, como en el caso de Argentina o de Chile.
En Argentina, por ejemplo en la ciudad de Rosario, se están intensificando los operativos debido a que los cárteles de drogas prácticamente han tomado la ciudad.
Régimen de excepción y cuestionamientos internacionales
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Luego de un sangriento fin de semana en el que se registraron 87 homicidios, el gobierno salvadoreño decretó un régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, con el fin de frenar el «incremento desmedido» de las muertes atribuidas a las pandillas.
Posteriormente, el órgano legislativo -a pedido de Bukele- lo siguió extendiendo y aún sigue en vigencia.
El régimen de excepción supone la suspensión de algunas garantías constitucionales y se puede aplicar «en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público».
Asimismo, ha permitido a las autoridades detener a personas sin orden judicial, lo que que ha llevado a prisión a unos 62.000 presuntos pandilleros. Desde entonces, unas 3.000 personas han sido liberadas.
Sin embargo, estas capturas bajo el régimen de excepción han sido cuestionadas por organismos de derechos humanos al no tener en cuenta los «derechos» de las personas, que viven hacinadas dentro de las cárceles y también ha recibido casi 8.000 denuncias por supuestas detenciones arbitrarias.
Las recientes imágenes del traslado de 2.000 pandilleros al recientemente inaugurado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel con capacidad para 40.000 reos, dieron la vuelta al mundo.
El hecho desató un acalorado intercambio de tuits entre el presidente Nayib Bukele y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que comparó el penal con un “campo de concentración” para jóvenes.
En Twitter, Human Rights Watch (HRW) incluso acusó al gobierno salvadoreño de haber negociado “beneficios con las pandillas a cambio de disminuir la tasa de homicidios y obtener apoyo electoral”.
Muchos salvadoreños comentaron la publicación de HRW defendiendo el régimen de excepción y la «mano dura» de Bukele, que ahora les permite vivir en paz. Por ejemplo, la influencer y usuaria de Twitter @MelcochitaF escribió: «MUESTREN LAS PRUEBAS DE LA NEGOCIACION. ¡PLUMAS PAGADAS! MERCADERES DE AGENDAS POLITICAS Estamos cansados de poner los muertos. ¡El crimen organizado es penado con cárcel! Los criminales que ven aquí no respetaron nunca el derecho a la vida, ni a la paz, menos a la justicia».
Bukele -que se presentará a la reelección en 2024- ha defendido el estado de excepción como un instrumento clave de su plan de seguridad, frente a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos que cuestionan los excesivos poderes que concede este régimen a las fuerzas de seguridad. Además, Bukele ha sido tildado -especialmente por EE. UU.- de tener «derivas autoritarias».
El presidente salvadoreño ha dicho en reiteradas oportunidades que todo el enfoque de Derechos Humanos Internacional o de las ONG está enfocado en los «derechos de los delincuentes», pero no les interesan los «derechos de la gente honrada».
Más allá de las críticas internacionales, la prensa y los organismos de derechos humanos, Bukele es un personaje extremadamente popular. Con un índice de aprobación del 90%, los expertos coinciden en que su reelección es casi un hecho.
