El Salvador declaró un estado de emergencia el domingo 27 de marzo, luego de que violentas pandillas participaran en una matanza el día anterior, en la que dispararon indiscriminadamente a vendedores callejeros, pasajeros de transporte público y clientes de un mercado.
El presidente del país, Nayib Bukele, solicitó el sábado 26 de marzo, desde Twitter al Congreso, que decretara un régimen de excepción debido a que el país está enfrentando una escalada de asesinatos desde el 25 de marzo.
“Solicito a la Asamblea Legislativa decretar hoy mismo régimen de excepción, de acuerdo al artículo 29 de la Constitución de la República”, publicó el mandatario.
El viernes 25, ocurrieron 14 homicidios en el país, según reportes de la prensa local.
El sábado 26 de marzo 2022, hubo 62 homicidios a nivel nacional de acuerdo con Movimiento de Trabajadores de la Policía, y es considerada la cifra más alta en un solo día durante el Gobierno de Bukele.
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Fue además el día más sangriento del que hay registro en el país desde el final de la guerra civil hace 30 años.
En esa inédita matanza, las pandillas dispararon indiscriminadamente en la calle.
Tras la solicitud del Presidente Bukele, el líder del Congreso, Ernesto Castro, respondió a su solicitud y convocó, también desde la misma red social, a una sesión plenaria extraordinaria del órgano legislativo: ¡Estamos con usted! Cuente con ello», agregó Castro en otro mensaje.
Antes de pedir la declaración del estado de excepción, Bukele pidió a la Policía y al Ejército que dejen “que los agentes y los soldados hagan su trabajo” y que “deben defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros”.
Además, señaló que la Fiscalía General de la República “debe ser eficaz con los casos” y que también estaría pendiente “de los jueces que favorezcan delincuentes”.
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Las advertencias de Bukele fueron bien recibidas por quienes trabajan en la lucha contra las pandillas.
“Que no solo quede en palabras, ya que, después a los Agentes de la @PNCSV los dejan solos a su suerte y con las grandes condenas de cárcel como los STO de Santa Tecla que fueron condenados a 20 años hace unas semanas por defenderse de pandilleros armados que los atacaron,” dijeron desde Movimiento de Trabajadores de la Policía.
En solo pocas horas, las fuerzas del orden habían capturado cerca de 600 pandilleros.
El Congreso aprobó muy temprano el domingo el régimen de excepción de 30 días, que suspende algunas de las garantías que establece la Constitución, entre ellas, se puede suspender la libertad de entrada y salida del país, la libertad de expresión, la inviolabilidad de la correspondencia, la prohibición de la intervención de telecomunicaciones sin orden judicial.
Asimismo, también, figuran la libertad de asociación, el derecho de toda persona detenida a ser informada de las razones de su arresto, la garantía de la asistencia de un defensor en los procesos judiciales y el plazo máximo de 72 horas de detención administrativa y consignación ante un juez.
El incremento de homicidios de la semana pasada comenzó a registrarse el jueves 24 de marzo, cuando las autoridades reportaron cinco muertes violentas.
Durante la madrugada del 26 de marzo, el presidente Nayib Bukele sostuvo una reunión con el gabinete de Seguridad para tratar el tema, según una publicación de la PNC en Twitter, en donde se ve al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro; al director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas; al fiscal general, Rodolfo Delgado; al director de Centros Penales, Osiris Luna y al ministro de Defensa, René Francis Merino.
Tras la declaración del estado de emergencia comenzó una gran operación a nivel nacional para detener a los jefes y miembros de las pandillas.
«Entiendan el mensaje o aprenden a vivir en la sociedad o nosotros vamos a ir por ustedes, ya que tenemos todas las herramientas para irlos a sacar de donde estén”, fue el mensaje que envió a los pandilleros, Gustavo Villatoro, Ministro de Justicia y Seguridad Pública.
Nayib Bukele, es un carismático y joven presidente, cuyos índices de aprobación, alrededor del 85 por ciento, están entre los más altos del mundo.
Bukele, de 40 años, hizo campaña con la promesa de llevar orden y ley a las calles de El Salvador, unas de las más violentas del mundo. En los tres años transcurridos desde que asumió el poder “parecía estar cumpliendo con dicho compromiso”, mencionó The New York Times.
Este medio reportó que es posible que la reducción de la violencia no sea fruto de las políticas de seguridad de Bukele sino de un acuerdo clandestino entre el gobierno y las pandillas que al parecer se gestionó poco después de que fue electo presidente y que fue dado a conocer por primera vez en septiembre de 2020 en el periódico digital El Faro.
En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a altos funcionarios salvadoreños, entre ellos el viceministro de Justicia, Osiris Luna Meza (Luna), y Carlos Amilcar Marroquín Chica (Marroquín), director de Reconstrucción del Tejido Social de la Presidencia por su papel en la negociación de “una tregua secreta con la dirigencia de las pandillas”.
“En 2020, la administración del presidente salvadoreño Nayib Bukele (Bukele) proporcionó incentivos financieros a las pandillas salvadoreñas MS-13 y 18th Street Gang (Barrio 18) para garantizar que los incidentes de violencia de las pandillas y el número de homicidios confirmados se mantuvieran bajos», dijo el Departamento del Tesoro de EE. UU.
En el transcurso de estas negociaciones con Luna y Marroquín, los líderes de las pandillas también acordaron proporcionar apoyo político al partido político Nuevas Ideas en las próximas elecciones, informó esta fuente.
Bukele ha negado esas acusaciones y ha defendido su enfoque de mano dura como el motivo que explica la caída dramática en la cantidad de homicidios.
Nuevas Ideas es el partido político del Presidente y obtuvo una supermayoría de dos tercios en las elecciones legislativas de 2021.
Con los asesinatos registrados hasta el viernes 25 de marzo, El Salvador alcanzó los 86 homicidios en marzo, según datos divulgados por la Policía, cifra superior a la registrada en enero y febrero, con 85 y 79 muertes violentas, respectivamente.
