El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió el 21 de julio un video de cómo avanza la obra de un gigantesco centro penitenciario con capacidad para albergar a 40.000 reclusos que estarán incomunicados del mundo exterior.
La obra comenzó hace un mes y el presidente salvadoreño asegura que estará lista en dos meses.
El video exhibe cómo se han erigido los muros de contención y el complejo de los pabellones que formarán parte del enorme recinto penitenciario.
El emplazamiento, que se construye en tiempo récord en un predio alejado de los centros urbanos, contará con unas 37 torres de vigilancia para evitar fugas.
Hasta el momento no hay detalles de la ubicación precisa del penal, pero sí del nombre que le han dado: Centro de Confinamiento del Terrorismo.
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Este Centro de Confinamiento reforzará las acciones de seguridad que se ejecutan en el marco del Plan Control Territorial, que está brindando excelentes resultados en la reducción de la criminalidad, aseguró la casa de Gobierno el pasado 21 de junio, según El Universo.
Con el hashtag #Guerracontrapandillas, el presidente salvadoreño va actualizando cada día la cantidad de delincuentes detenidos, así como los homicidios diarios.
El 22 de julio publicó una actualización en la que celebra la cantidad de cero homicidios en El Salvador.
Régimen de excepción en El Salvador
Desde el 27 de marzo, en El Salvador está vigente un régimen de excepción, prorrogado hasta fines de julio, que permite detenciones sin orden judicial.
Este régimen supone la suspensión de algunas garantías constitucionales y se puede aplicar «en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público».
La decisión se tomó luego de un sangriento fin de semana en el que se registraron 87 homicidios atribuidos a pandillas.
En el país centroamericano proliferan sangrientas pandillas como la Mara Salvatrucha 13 (M-13) y Barrio 18, que desarrollan sus actividades delictivas en los barrios y comunidades.
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La gran cantidad de detenidos de los últimos meses puso en alerta a organismos internacionales que denuncian supuestas violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, estos señalamientos han sido negados de manera reiterada por la administración salvadoreña, que incluso se ha mostrado abierta a la posible verificación de la ONU.