El 15 de septiembre, un jurado federal condenó a tres activistas provida por delito grave de conspiración contra los derechos y por violar la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas a las Clínicas (FACE) y podrían ser sentenciados a más de 11 años de prisión y tres años de libertad supervisada, y una multa de hasta 350.000 dólares, según un comunicado del Departamento de Justicia.
Jonathan Darnel (41), Jean Marshall (73) y Joan Bell (74) pertenecen al grupo Levantamiento Progresista Antiaborto (PAAU) cuya misión, según su sitio web, es “lograr justicia sociopolítica para los no nacidos mediante movilizar a activistas antiaborto para la acción directa y oponerse al aborto electivo a través de una lente progresista”.
Creían que bloquear el acceso a una clínica de abortos del área de Washington estaba salvando vidas de bebés.
“La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Colleen Kollar-Kotelly, que presidió el juicio, ordenó la detención inmediata de los acusados, tal como exige la ley. La sentencia se programará para una fecha posterior”, dice el comunicado del Departamento de Justicia.
La Ley FACE “prohíbe las amenazas de fuerza, obstrucción y daños a la propiedad destinados a interferir con los servicios de atención de salud reproductiva”.
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Las condenas siguieron a varias otras dictadas en agosto, cuando los activistas provida Lauren Handy, Herb Geraghty, Heather Idoni, William Goodman y John Hinshaw fueron declarados culpables de las mismas violaciones.
En diciembre pasado, la Fiscal General Adjunta Vanita Gupta, hablando en el 65º aniversario de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, lamentó la anulación del caso Roe v. Wade y lo describió como un «golpe devastador para las mujeres en todo el país», y dijo que el trabajo urgente del Departamento de Justicia incluye “aplicación de la Ley FACE, para garantizar el acceso legal continuo a los servicios reproductivos”.
El Partido Republicano avanza para derogar la Ley FACE
Tras las últimas condenas, el 19 de septiembre, el representante republicano de Texas, Chip Roy, presentó un proyecto de ley destinado a derogar la Ley FACE.
Hablando con The Daily Signal, Roy dijo: “Los estadounidenses libres nunca deberían vivir con el temor de que su gobierno los apunte debido a sus creencias. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Biden ha utilizado descaradamente la Ley FACE como arma contra los estadounidenses normales y corrientes de todo el espectro político, simplemente porque son provida”.
“Nuestra Constitución separa el poder entre el gobierno federal y los estados por una razón, e ignoramos esa salvaguarda bajo nuestro propio riesgo”, dijo, y agregó que “la ley FACE es una toma federal inconstitucional de los poderes de la policía estatal; debe ser derogada”.
El proyecto de ley de Roy está copatrocinado por varios otros representantes republicanos, incluidos Chris Smith de Nueva Jersey, Bob Good de Virginia, Andrew Clyde de Georgia, Anna Paulina de Florida y Doug Lamborn de Colorado.
La ley FACE tiene como objetivo proteger tanto las clínicas de aborto como los centros de embarazo provida, pero hasta la fecha se ha utilizado principalmente para procesar a activistas provida.
Andrew Bath, abogado general de la Sociedad Thomas More, que representa a algunos de los activistas, dijo a The Daily Signal que este «abuso atroz del poder del gobierno debe cesar».
“Esta administración ha utilizado la ley FACE como un arma. Incluso si se aplica honestamente, la ley FACE es inconstitucional. Si queremos preservar nuestro sistema constitucional de separación de poderes y el ideal de autogobierno ciudadano, la Ley FACE debe ser derogada”.
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La Ley FACE
La Ley FACE ha sido ley en los Estados Unidos durante casi tres décadas. Fue promulgada por primera vez por la administración Clinton en mayo de 1994.
Fue promulgada debido a un aumento de los delitos cometidos contra proveedores de servicios de aborto entre 1978 y 1993, incluido el asesinato del Dr. David Gunn el 10 de marzo de 1993.
Se introdujo originalmente en enero de 1993 y fue patrocinado por el representante Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), y la republicana Constance Morella fue la principal copatrocinadora.
El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara mediante votación oral y aprobado en el Senado por 69 votos a favor y 30 en contra, y en ese momento contaba con el apoyo de 17 republicanos.
La ley apenas se utilizó en 2020 y 2021, pero los procesamientos en virtud de la ley aumentaron recientemente tras la anulación de Roe v. Wade, lo que llevó a los grupos provida y sus partidarios a argumentar que el Departamento de Justicia y la administración de Biden tienen prejuicios en su contra.
El senador republicano Josh Hawley de Missouri dijo a Fox News en octubre del año pasado que “[S]i eres conservador, si eres una persona de fe, entonces serás el objetivo de esta administración”.
“El sesgo de la administración Biden es claro. Docenas de iglesias y centros de embarazo fueron vandalizados y amenazados este verano, sin embargo, el Departamento de Justicia está ocupado haciendo que los delincuentes paseen a las abuelas provida”, dijo a Fox News en ese momento Katie Glenn, directora de políticas estatales de Susan B. Anthony Pro-Life America.
Añadió que “este escandaloso abuso de la discreción procesal debe terminar. La Ley FACE no debe utilizarse como arma contra los supuestos enemigos políticos de la administración. El pueblo estadounidense merece respuestas y una supervisión exhaustiva en el próximo Congreso”.
En los últimos años se han registrado más de 100 ataques violentos contra personas provida, muchos de ellos atribuidos a Jane’s Revenge, un grupo que los legisladores piden que sea designado organización terrorista. Hasta la fecha, nadie del grupo poco organizado ha enfrentado repercusiones bajo la Ley FACE.
Herb Geraghty, acusado de supuestamente bloquear el acceso a una clínica de Washington DC en octubre de 2020, dijo a Fox News que la administración Biden tiene una «agenda pro-aborto».
“Sabemos que la administración Biden tiene una agenda legislativa a favor del aborto y una agenda judicial a favor del aborto, y creo que mucha gente sospecha que ahora también existe esta agenda procesal para entregar la mayor cantidad de activistas y líderes provida en un «Un plato para la industria del aborto», dijo, y agregó que «para mí, parece que esto es una represalia por Dobbs».
