NUEVA ORLEANS (AP) — Luisiana ahora puede hacer cumplir su prohibición de casi todos los abortos en virtud de la orden de un juez emitida el viernes 8 de julio en medio de una serie de desafíos judiciales a las leyes estatales de “activación” diseñadas para entrar en vigencia cuando la Corte Suprema de EE. UU. anuló Roe v. Wade.
La decisión se produjo el mismo día en que el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva para proteger el acceso al aborto en los estados donde todavía es legal y mitigar las posibles sanciones que pueden enfrentar las mujeres que buscan el procedimiento después del fallo del tribunal superior el 24 de junio.
Días después de la decisión de la Corte Suprema, el juez de distrito de Luisiana, Robin Giarrusso, emitió una orden de restricción temporal que prohibía la aplicación de la legislación estatal en respuesta a una demanda presentada por una clínica de abortos del norte de Luisiana y otros.
La juez estatal de distrito, Ethel Julien, dijo el viernes que no tenía la autoridad para extender la orden de restricción porque había concluido que la demanda no debería haberse presentado en su tribunal. Ella dijo que las afirmaciones de la demanda de que las disposiciones de la ley son inconstitucionalmente vagas e inconsistentes son asuntos relacionados con la legislación y, por lo tanto, deben ser escuchados en un tribunal estatal en la capital, Baton Rouge.
El fallo fue una victoria para el fiscal general Jeff Landry y los abogados del estado, quienes argumentaron que la demanda se había presentado incorrectamente en Nueva Orleans.
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Los abogados de los impugnadores de la ley no detallaron su próximo paso, pero dijeron que continuarían presionando el caso en Baton Rouge. “Esta fue una decisión sobre un tecnicismo que no tenía nada que ver con los méritos de nuestro caso, que no fueron discutidos ni considerados por las partes ni por el tribunal hoy”, dijo la abogada principal Joanna Wright. “Esta lucha está lejos de terminar”.
Inmediatamente después del fallo de Julien, Amy Irvin, portavoz de las clínicas de aborto en Nueva Orleans y Baton Rouge, dijo que no se programaron procedimientos ni asesoramiento en ninguno de los próximos días. Sin embargo, agregó que la decisión no significa que las clínicas cerrarán. Ella dijo que los operadores de la clínica esperarían la acción en la corte estatal en Baton Rouge antes de decidir su próxima acción.
La administradora del Hope Medical Group for Women en Shreveport, principal demandante en la demanda, dijo a Associated Press que el personal de la clínica estaba cancelando todas las citas de aborto programadas para el sábado. Kathaleen Pittman dijo que no se habían programado procedimientos ni consultas para el viernes. Ella dijo que la clínica continuaría programando citas para que las mujeres reciban ultrasonidos y asesoramiento la próxima semana.
“Es molesto. Es muy difícil. De hecho, es un día muy difícil”, dijo Pittman.
En el juzgado, Landry advirtió a las clínicas y a los médicos que no practicaran abortos tras el fallo de Julien. “Si continúan operando, lo hacen bajo su propio riesgo”, dijo Landry.
Unos 60 manifestantes se reunieron frente al juzgado el viernes con pancartas que decían: “El aborto es atención médica” y “¿Quieres que las mujeres mueran?”. Los manifestantes, que quieren mantener abiertas las clínicas de aborto del estado, criticaron a Landry, quien ha sido un firme defensor de los esfuerzos para prohibir el aborto en todo el estado.
Los defensores del derecho al aborto en numerosos estados han impugnado ante los tribunales las leyes que restringen el procedimiento. En Mississippi, sede del caso que condujo a la decisión de la Corte Suprema, los abogados de la única clínica de abortos del estado presentaron una petición el jueves pidiendo al tribunal supremo del estado que bloquee temporalmente una nueva ley que prohíbe la mayoría de los abortos. Los abogados hicieron la solicitud el día en que la ley entró en vigencia y dos días después de que un juez de Mississippi rechazara la misma solicitud.
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La historia fue editada para aclarar que Julien no levantó la orden per se, pero dijo que no tenía autoridad para extenderla después de determinar que el caso no pertenecía a su corte.
Por Kevin McGill, Associated Press. La periodista de The Associated Press Rebecca Santana contribuyó a este despacho.
