El lunes 7 de agosto, el equipo legal del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro ha apelado la decisión emitida por el Tribunal Superior Electoral (TSE), que solicita su inhabilitación por un período de ocho años debido a presunto abuso de poder y uso indebido de predios públicos.
La defensa del antiguo mandatario argumenta que la inclusión del borrador de un decreto presidencial, encontrado en la residencia del ex secretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, no debería haber sido parte del caso. Este borrador supuestamente tenía la intención de alterar las elecciones de 2022. Anderson Torres fue detenido durante aproximadamente un mes bajo acusaciones de presunta complicidad y negligencia en relación con los ataques a edificios públicos del 8 de enero.
Además, los abogados de Bolsonaro han expresado que no se ha garantizado el derecho pleno a su defensa, ya que consideran que los aspectos procesales que plantearon durante el juicio no se han analizado adecuadamente.
En este contexto, la defensa ha presentado lo que se conocen como «embargos de declaración», recursos legales diseñados para cuestionar puntos que no han sido suficientemente aclarados o que presentan contradicciones, según reporta el portal de noticias brasileño G1.
Es posible que la defensa escale este proceso al Tribunal Supremo presentando un «recurso extraordinario», con el fin de poner en duda ciertos aspectos de la decisión del TSE que alegan violaciones a la Constitución.
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Si la inhabilitación se mantiene, Bolsonaro no tendría la posibilidad de presentarse como candidato en ninguna elección política hasta el año 2030. En esa ocasión tendría ya 75 años.
Despojado de sus derechos políticos
El juicio contra el exjefe de Estado se centró en una reunión que convocó con medio centenar de embajadores extranjeros en la residencia oficial de la Presidencia el 18 de julio de 2022. Durante dicho encuentro, Bolsonaro volvió a cuestionar la transparencia del sistema electoral y la democracia en general. Según la sentencia, estas acciones constituyeron un «abuso de poder político, conductas vedadas y desorden informativo», así como un «uso indebido de predios públicos y medios de comunicación».
Cabe señalar que los jueces del tribunal supremo de Brasil que votaron en contra de Bolsonaro el pasado junio cuando se resolvió inhabilitarlo por 8 años, son la mayoría de tendencia izquierdista, alineados con Lula. En este sentido, muchos analistas infieren en que todo se trata de una persecución política que busca que el exmandatario no se presente en las próximas elecciones de 2026.
