El 4 de julio, el presidente ejecutivo de Hong Kong, John Lee, dijo que ocho activistas a favor de la democracia que huyeron de China a EE. UU., Canadá y Australia serán “perseguidos de por vida” por presuntos delitos contra la seguridad nacional.
En su sesión informativa semanal, Lee alentó a los amigos y familiares de los activistas exiliados a presentarse y ayudar a asegurar su captura, diciendo que son elegibles para recibir las recompensas ofrecidas por las autoridades.
“La única manera de poner fin a su destino de ser un prófugo que será perseguido de por vida es rendirse”, dijo Lee.
Se han emitido órdenes de arresto contra los legisladores prodemocráticos Nathan Law, Ted Hui y Dennis Kwok, así como contra el abogado Kevin Yam; el sindicalista Mung Siu-tat; y los activistas Fin Lau, Anna Kwok y Elmer Yuen.
Han sido acusados de colusión con potencias extranjeras e incitación a la secesión.
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Kwok, un ciudadano canadiense, que también se desempeñó en la legislatura de Hong Kong durante ocho años hasta 2020, huyó a América del Norte y Law huyó a Gran Bretaña.
Law declaró a la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) que, a pesar de la recompensa que le ha impuesto el régimen comunista, «no detendrá [su] labor de defensa».
“Desde que me fui de Hong Kong hace tres años, he estado viviendo una vida relativamente discreta porque sé que soy un objetivo del régimen chino y trataré de protegerme”, dijo a CBC.
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Recompensas millonarias
Las autoridades chinas ofrecen recompensas de 1 millón de dólares de Hong Kong (125.000 dólares estadounidenses) por su captura y la de cada uno de los demás activistas.
Las recompensas son las primeras de su tipo en virtud de la polémica Ley de Seguridad Nacional (NSL) de Hong Kong, que se implementó para criminalizar la secesión, la subversión, el terrorismo y la colusión con potencias extranjeras; sin embargo, se ha utilizado como arma para reprimir a los activistas por la democracia y los medios de comunicación que critican al régimen comunista chino.
A pesar de la retórica, los arrestos reales son poco probables, sin embargo, hará que la vida de los activistas sea más difícil y tendrá consecuencias de gran alcance que van mucho más allá de las ocho personas atacadas.
Eric Lai, investigador de la Facultad de Derecho del King’s College de Londres, dijo a Time: «Esta es una forma de crear un efecto escalofriante para la comunidad extranjera de Hong Kong».
China ha intentado durante mucho tiempo hacer cumplir sus leyes en el extranjero, lo que llevó a muchos a acusar al régimen de extralimitación.
Según un editorial del 22 de junio, China está intentando utilizar la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para detener a personas que considera fugitivos de la ley. Safeguard Defenders, una organización de derechos humanos sin fines de lucro, señala sin embargo que los estatutos de la organización prohíben cualquier intervención de naturaleza “política, militar, religiosa o racial”.
Tanto China como Hong Kong han firmado tratados de extradición con varios países de todo el mundo; sin embargo, tras la implementación de la NSL, los cuatro países a los que han huido los exiliados han suspendido los acuerdos.
Anna Kwok le dijo a Time que ha sido cada vez más cuidadosa con los lugares a los que viaja para no ser extraditada a Hong Kong.
“El mismo nivel de precaución incluye la ruta de mis vuelos”, dijo.
‘Escalada peligrosa’
En una declaración publicada en Twitter por la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC), la organización caracterizó la noticia como una «escalada peligrosa en la guerra global de Beijing contra la disidencia».
“IPAC repudia las acusaciones de ‘colusión con fuerzas extranjeras’, (incitación a) la subversión e incitación a la secesión bajo la llamada Ley de Seguridad Nacional, impuesta ilegítimamente por la República Popular China en violación de la Declaración Conjunta Sino-Británica y las libertades fundamentales bajo el derecho internacional”, dice el comunicado.
La declaración insta a los gobiernos a “utilizar todos los medios a su alcance” para proteger a los exiliados de “procesamientos ilegales” y dejar “muy claro” que cualquier intento de detener a activistas en suelo democrático es inaceptable.
Piden a todos los gobiernos que aún no lo hayan hecho que deroguen todos los tratados de extradición existentes con Hong Kong y la República Popular China (RPC).
“Seguimos siendo solidarios con el pueblo de Hong Kong y abogando por el restablecimiento de sus plenos derechos civiles y políticos”, dice el comunicado.
