El 30 de diciembre, la administración Biden emitió una proclamación sobre el Mes Nacional de Prevención de la Trata de Personas (enero) en la que afirmaba que «todos tenemos un importante papel que desempeñar en la prevención» de la trata de seres humanos, horas antes de que Denise George, la entonces fiscal general de las Islas Vírgenes, fuera despedida tras presentar una demanda contra JPMorgan Chase, acusando al gigante financiero de hacer la «vista gorda» y ayudar a facilitar la red de trata de seres humanos del ahora fallecido Jeffrey Epstein.
El 27 de diciembre, George presentó una demanda de 30 páginas contra JPMorgan Chase. La demanda, presentada en un tribunal federal de Manhattan, acusa a la institución financiera de brindar servicios financieros a Epstein, a pesar de ser un delincuente sexual registrado en los EE. UU., luego de su condena en 2008 por solicitar la prostitución de una menor en Palm Beach, Florida.
Los abogados alegan que JP Morgan voluntariamente «hizo la vista gorda ante la evidencia de trata de personas durante más de una década», debido a la capacidad de Epstein para traer constantemente negocios rentables y clientes a la institución financiera.
Aunque no hay una conexión firme entre el despido de George y la demanda, el director de comunicaciones del gobernador de las Islas Vírgenes de EE.UU., Albert Bryan, Richard Motta Jr., dijo a Fox News Digital que no estaba en libertad de discutir detalles sobre asuntos de personal, pero sí dijo que «los informes de los medios de comunicación que indican la demanda de JP Morgan como la razón no son del todo exactos», lo que indica que puede haber alguna conexión.
Además, el Consorcio de las Islas Vírgenes, que fue el primero en informar sobre el despido de George, citando a una persona con conocimiento del asunto, dijo que George presentó la demanda “sin informar primero al gobernador Bryan de una acción tan importante”, según Fox News.
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George alega en su demanda que JPMorgan Chase infringió al menos tres leyes en sus tratos con Epstein, incluida la Ley de Protección de Víctimas de la Trata, la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Criminales de las Islas Vírgenes y la Ley de Fraude al Consumidor y Prácticas Comerciales Engañosas de las Islas Vírgenes.
Tráfico de personas rampante en todo el mundo
Si bien es difícil determinar las cifras exactas que detallan cuántas personas en todo el mundo son víctimas de la trata de personas, el Human Trafficking Institute estima que al menos 25 millones de personas se ven afectadas anualmente; 20,1 millones explotados por su trabajo y 4,8 millones forzados al trabajo sexual.
Las víctimas pueden ser de cualquier edad, raza o etnia pero, según el Departamento de Estado de EE. UU., las personas vulnerables a la trata de personas incluyen “niños en los sistemas de bienestar infantil y juvenil, incluido el cuidado de crianza; jóvenes fugitivos y sin hogar [y] niños extranjeros no acompañados sin estatus migratorio legal”, lo que indica que muchas de las víctimas son menores de edad.
Los traficantes explotan a sus víctimas con prácticas coercitivas y engañosas y pueden ser desconocidos, conocidos o incluso familiares que se aprovechan de personas vulnerables y que buscan oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.
El trabajo infantil forzado son esquemas que los traficantes utilizan para obligar a los niños a trabajar. Los traficantes a menudo se dirigen a los niños porque son los más vulnerables. Aunque algunos niños pueden participar legalmente en el trabajo, se vuelve ilegal cuando el niño es forzado o coaccionado. Los indicadores de trabajo infantil forzoso incluyen “situaciones en las que el niño parece estar bajo la custodia de un miembro que no es de la familia y el trabajo del niño beneficia económicamente a alguien fuera de la familia del niño; o la negación de alimentos, descanso o educación”, dice el Departamento de Estado de EE. UU.
El tráfico sexual infantil ocurre cuando un individuo participa en actos específicos con un niño menor de 18 años, independientemente de si existe evidencia de fuerza, fraude o coerción. “El uso de niños en el sexo comercial está prohibido por ley en los Estados Unidos y en la mayoría de los países.
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La lucha contra la trata de personas
El 27 de diciembre, el presidente Biden firmó la «Ley de lucha contra la trata de personas de 2022», que codificó y amplió el Centro para contrarrestar la trata de personas (CCHT) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“Este es un hito importante en el crecimiento y avance continuos de la misión CCHT”, dijo Steve Francis, director adjunto ejecutivo interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). “La firma de esta legislación marca un día importante que institucionaliza la misión de lucha contra la trata de personas del DHS, incluida la identificación y evaluación de víctimas, la protección y asistencia a las víctimas, las investigaciones y el cumplimiento, y la capacitación, la divulgación y la participación. Me gustaría resaltar la importancia de nuestras asociaciones con organizaciones no gubernamentales y su papel fundamental en el enfoque centrado en las víctimas de HSI para las investigaciones de trata de personas”.
Según el DHS, la misión del CCHT es “avanzar en las operaciones de aplicación de la ley contra la trata de personas, proteger a las víctimas y mejorar los esfuerzos de prevención al alinear las capacidades y la experiencia del DHS”.
En el año fiscal 2022, CCHT dice que ayudó a obtener más de 3600 arrestos y 600 condenas, lo que representa un aumento de más del 50% en los arrestos por trata de personas y un aumento de más del 75 % en las condenas relacionadas con la trata de personas en comparación con el año fiscal 2021.
Organizaciones que luchan contra la trata de personas
Además de los esfuerzos del gobierno de los EE. UU. y otros gobiernos, hay al menos 60 organizaciones establecidas en todo el mundo con un compromiso principal o significativo de poner fin a la trata de personas, incluido el 8th Day Center for Justice, una organización católica romana con sede en Chicago. y The Exodus Road, una organización no gubernamental 501(c)(3) que trabaja para combatir el problema a través de programas de prevención, intervención y cuidados posteriores.
The Exodus Road (TER) no solo crea conciencia sobre el problema, sino que también realiza rescates en vivo en muchos países asiáticos y en los Estados Unidos.
Sus “programas de intervención” funcionan desde 2012 y se centran en capacitar a investigadores locales para que se hagan pasar por clientes en burdeles. Los «agentes encubiertos» identifican a las víctimas y construyen archivos de casos que luego se entregan a las fuerzas del orden. Esta información luego se utiliza para realizar redadas en asociación con las fuerzas del orden público para arrestar a los presuntos traficantes.
En el otoño de 2021, TER abrió Freedom House, una casa segura y un programa de tutoría en Tailandia que funciona como un refugio inmediato para mujeres adultas sobrevivientes de tráfico sexual y explotación sexual y sus dependientes.
Freedom House brinda a los sobrevivientes «terapia informada sobre el trauma, clases de habilidades para la vida, asesoramiento, atención médica, pasantías comunitarias y capacitación en habilidades laborales».
The Exodus Road utilizó una subvención de 60.000 dólares del Fondo Fiduciario Voluntario de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Trata de Personas (UNVTF), que es administrado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
