El 27 de diciembre, la fiscal general de las Islas Vírgenes de EE. UU. presentó una demanda contra JP Morgan Chase, acusando al gigante financiero de beneficiarse de la operación de tráfico sexual de Jeffrey Epstein y alegando además que las acciones del banco, o la inacción, ayudaron a ocultar la explotación de Epstein de un número desconocido de mujeres y menores.
La demanda, presentada en un tribunal federal de Manhattan, acusa a la institución financiera de brindar servicios financieros a Epstein a pesar de ser un delincuente sexual registrado en los EE. UU. luego de su condena en 2008 por solicitar la prostitución de una menor en Palm Beach, Florida.
La demanda alega además que JPMorgan no cumplió con las regulaciones federales, que pueden haber señalado los delitos de Epstein a las autoridades estadounidenses, en un intento deliberado de ocultar las actividades de Epstein.
Los abogados alegan que JP Morgan voluntariamente «hizo la vista gorda ante la evidencia de trata de personas durante más de una década», debido a la capacidad de Epstein para traer constantemente negocios rentables y clientes a la institución financiera.
A pesar de la condena de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, ni una sola persona ha sido identificada o acusada de participar en la operación de tráfico sexual de Epstein.
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En la demanda, la fiscal general escribió: “Las instituciones financieras pueden conectar, o ahogar, las redes de trata de personas, y las acciones de cumplimiento presentadas y las medidas cautelares obtenidas por los fiscales generales son esenciales para garantizar que empresas como la de Epstein no puedan prosperar en el futuro”.
Epstein murió en agosto de 2019, mientras estaba bajo custodia, luego de ser detenido por cargos de tráfico sexual. La causa oficial de muerte es el suicidio, sin embargo, muchos cuestionan la narrativa oficial; tanto es así que las palabras “Epstein no se suicidó” se han convertido en un meme popular.
Esta demanda es solo la última sobre las consecuencias de las operaciones de Epstein.
La fiscal general de las Islas Vírgenes de EE. UU., Denise N. George, presentó previamente una demanda contra el patrimonio de Epstein en Little St. James, que se resolvió a principios de diciembre de este año.
Los coejecutores del patrimonio de Epstein acordaron pagar 105 millones de dólares en efectivo, además de la mitad de las ganancias de la venta de Little St. James a las Islas Vírgenes de EE. UU. por presuntamente violar las leyes de la isla que prohíben el tráfico sexual y la servidumbre sexual.
Según CBS News, una investigación del gobierno sobre los delitos cometidos por Epstein en su isla privada reveló pruebas de que JP Morgan «a sabiendas, por negligencia e ilegalmente, proporcionó y accionó las palancas a través de las cuales se pagaba a los reclutadores y a las víctimas y fue indispensable para el funcionamiento y la ocultación de la empresa de tráfico de Epstein».
La denuncia dice que “JP Morgan facilitó y ocultó transacciones electrónicas y en efectivo que levantaron sospechas de una empresa criminal cuya moneda era la servidumbre sexual de docenas de mujeres y niñas en y más allá de las Islas Vírgenes, y de hecho eran parte de ella”.
Esta demanda se produce después de que dos de los acusadores de Epstein demandaron a JP Morgan y Deutsche Bank por supuestamente obtener millones de dólares de sus relaciones con Epstein y su operación de tráfico sexual.
