El ministro holandés de Asuntos Exteriores, Wopke Hoekstra, exige que se cierren de inmediato dos comisarías ilegales del Partido Comunista Chino acusadas de acosar a opositores políticos chinos en el país durante al menos los últimos cuatro años.
“Ayer le pedimos al embajador chino un texto y una explicación”, declaró audazmente Hoekstra, según la emisora holandesa RTL Nieuws. “Este tipo de práctica es inaceptable, está muy claro que este tipo de actividad es inaceptable”, agregó.
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«Todavía tenemos que averiguar qué ocurrió exactamente en las agencias», continuó Hoekstra. «En cualquier caso, se trataba de asuntos consulares, tienes permiso para pedirlo al país anfitrión. En este caso, los Países Bajos, y eso no ocurrió. Eso en sí mismo es una razón suficiente para que estas oficinas se cierren inmediatamente».
Una ONG da la voz de alarma
El caso ganó atención nacional después de que RTL Nieuws y la plataforma de investigación Follow the Money verificaron un informe publicado en septiembre por Safeguard Defenders, una organización de derechos humanos con sede en España.
El informe, titulado 110 Overseas: Chinese Transnational Policing Gone Wild, habla de las autoridades chinas que abrieron decenas de oficinas de policía en cinco continentes en todo el mundo para luchar contra el presunto «fraude» cometido por ciudadanos chinos en el extranjero mientras «realizaban operaciones policiales en suelo extranjero».
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Según el informe, en Europa se han establecido al menos 36 “estaciones de servicio” no registradas. Se proclama que las estaciones ofrecen servicios públicos a los ciudadanos chinos, como exámenes físicos y renovación de sus licencias de conducir.
Miles de chinos que viven en los Países Bajos llegaron a las oficinas, y una ONG señaló docenas de esos lugares, pero el gobierno holandés afirma haber sido totalmente ajeno a su existencia.
Sin embargo, las estaciones también son notorias por sus esfuerzos para empujar a unos 23.000 expatriados que fueron registrados como estafadores para que regresen «voluntariamente» al continente para enfrentar un juicio bajo el sistema disciplinario del Partido Comunista, a menudo después de la coerción en forma de agentes de inteligencia del continente que acosan a sus familiares cercanos o encerrarlos en prisión.
Una estrategia a largo plazo
Según Safeguard Defenders, la primera estación en los Países Bajos se abrió en Ámsterdam en 2018 como una sucursal del Departamento de Policía de la Región de Lishui. El Departamento opera al menos 46 estaciones en todo el mundo, según el estudio.
Otra fuerza policial, la de la ciudad de Fuzhou, también abrió un punto de apoyo en Holanda en una residencia de muy bajo perfil en Rotterdam sin un letrero en la puerta.
El departamento de Fuzhou también cuenta con al menos 30 estaciones en 21 países, incluidos Nueva York, Ontario, Dublín y Barcelona, señaló RTL.
En un video promocional, la agencia admite que sus actividades no solo se centran en los servicios civiles, ya que también se utilizan para “tomar medidas enérgicas contra las actividades delictivas locales e ilegales en Fuzhou que involucran a chinos en el extranjero”.
Y, por supuesto, hemos estado viendo policías chinos patrullando las calles de Italia hace unos años.
Según los informes, se afirmó que esta iniciativa brindaba a los turistas chinos una sensación de comodidad, la de ser vigilados por agentes del Partido Comunista con sus uniformes tradicionales.
“Estas operaciones evitan la cooperación policial y judicial bilateral oficial y violan el estado de derecho internacional, y pueden violar la integridad territorial en terceros países involucrados en el establecimiento de un mecanismo policial paralelo utilizando métodos ilegales”, comentó Safeguard Defenders.
Represión transnacional
Sin embargo, según EuroNews, el gobierno chino declaró que las acusaciones hechas por Safeguard Defenders eran “completamente falsas”.
Sin embargo, el portavoz de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, declaró el 26 de octubre que las comisarías en el extranjero “son en realidad estaciones de servicio para ciudadanos chinos en el extranjero”, afirmando que las comisarías respetan plenamente la soberanía judicial de otros países.
“Las estaciones de seguridad pública chinas reprimen resueltamente diversas actividades delictivas transnacionales de acuerdo con la ley, cumplen estrictamente el derecho internacional y respetan plenamente la soberanía judicial de otros países”, se jactó Wang.
Mientras tanto, las autoridades de España e Irlanda también han ordenado investigaciones sobre las infames comisarías, tanto que el gobierno irlandés ordenó la semana pasada el cierre de la comisaría de Dublín.
Además, el 2 de septiembre, el gobernante Partido Comunista Chino lanzó una “Ley contra el fraude en línea y de telecomunicaciones” que reclamaba jurisdicción internacional sobre todos los ciudadanos chinos en el extranjero en caso de comportamiento sospechoso.
Con la influencia de varias agencias de seguridad del Partido que operan en varios países del mundo sin obstáculos, será cada vez más difícil para los expatriados chinos que están en desacuerdo con el régimen mantenerse fuera del alcance del largo brazo de su aparato de aplicación.
