El asesor médico presidencial, el Dr. Anthony Fauci y otros nueve funcionarios federales serán interrogados en el marco de una demanda interpuesta por un par de fiscales generales republicanos que alegan que el gobierno federal actuó en connivencia con empresas de medios de comunicación social para suprimir la libertad de expresión sobre el COVID-19, según una orden judicial que concede la solicitud de declaración.
El Fiscal general de Missouri, Eric Schmidt, -uno de los demandantes- se encargó de dar la noticia en su cuenta de Twitter, el pasado 21 de octubre, mismo día de la resolución judicial.
«El tribunal accedió a nuestra solicitud de declarar al Dr. Anthony Fauci, a la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Jennifer Psaki, al agente especial supervisor del FBI, Elvis Chan, y a otros funcionarios de la administración de Biden relacionados con la colusión con las redes sociales para suprimir la libertad de expresión», escribió el senador en Twitter.
El juez designado en su momento por el expresidente Trump, Terry Doughty, -del Distrito Occidental de Luisiana- fue categórico al escribir que hay fuertes razones para creer que Fauci, Psaki y los demás funcionarios coludieron con las Big Tech para suprimir opiniones científicas creíbles.
El juez concluyó que todos sostuvieron reuniones directas con empresas de redes sociales sobre la supuesta censura o tenían conocimiento cercano de esas discusiones.
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«[L]os demandantes argumentan que incluso si el Dr. Fauci puede demostrar que nunca se comunicó con las plataformas de medios sociales sobre la censura, hay razones convincentes que sugieren que el Dr. Fauci ha actuado a través de intermediarios, y actuó en nombre de otros, para procurar la censura en los medios sociales de opiniones científicas creíbles», se lee en la sentencia.
«Los demandantes argumentan que incluso si el Dr. Fauci actuó indirectamente o como intermediario en nombre de otros, sigue siendo relevante para la moción de requerimiento preliminar de los demandantes. El Tribunal está de acuerdo».
Si bien la defensa insistió en que los altos funcionarios solo pueden ser llamados a testificar sobre sus acciones en el cargo bajo «circunstancias extraordinarias,» el juez Doughty dijo que el personal en cuestión cumplió con ese estándar. Asimismo agregó que los estados demandantes -Missouri y Luisiana- “han demostrado que el Dr. Fauci tiene conocimiento personal sobre el tema de la censura en las redes sociales en relación con el Covid-19” ordenándole que coopere con una declaración.
Las declaraciones deben realizarse dentro de los 30 días posteriores a la orden, aunque está por verse si la defensa tiene la intención de apelar la sentencia.
Una «Empresa de Censura»
Luego de citaciones de terceros de Twitter, Youtube y Meta, los demandantes pudieron recuperar documentos que muestran la comunicación entre funcionarios federales y compañías de redes sociales, que según ellos equivale a una “Empresa de Censura” que abarca al gobierno federal. Los hallazgos llevaron a los demandantes a nombrar 47 nuevos acusados, aumentando el número total a 67, según una declaración de Schmitt del 10 de octubre.
“Por primera vez, el Dr. Fauci y otros siete funcionarios federales responsables de dirigir una empresa de censura ilegal tendrán que responder preguntas bajo juramento sobre la naturaleza y el alcance de sus comunicaciones con las empresas de tecnología”, dijo Jenin Younes, abogado litigante de New Civil Liberties Alliance, que representa a cuatro demandantes individuales que se unieron a los estados en la demanda, en un comunicado a la Fundación Daily Caller News.
“Esperamos aprender más sobre hasta dónde llegaron estos actores gubernamentales para garantizar que los estadounidenses escucharan solo una perspectiva sobre el covid-19: la del gobierno”, agregó el letrado.
