Filipinas está dando otro paso hacia la purga de la influencia ilícita del notorio Partido Comunista Chino después de que el Departamento de Justicia del país anunciara que expulsaría a 40.000 trabajadores chinos asociados con casinos en línea ilegales.
El portavoz José Dominic Clavano declaró que su departamento había cancelado la licencia de 175 «operadores de juegos de azar en el extranjero de Filipinas», también conocidos como POGO, en una rueda de prensa del 26 de septiembre, informó Bloomberg.
Clavano añadió que, sobre la base de una estimación de 200 trabajadores extranjeros chinos por POGO, cerca de 40.000 personas van a ser detenidas y deportadas.
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Actualmente, 300 están bajo custodia, afirmó, y agregó que los arrestos comenzarán en octubre y se espera que 3.000 trabajadores sean despedidos.
El medio de comunicación filipino Philstar Global declaró en un artículo del 27 de septiembre que la embajada china no estaba de humor para cuestionar el fallo de la administración Duterte, sino que prometió trabajar con las fuerzas del orden para proteger a los ciudadanos chinos, dijo en un comunicado.
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El artículo agregó que los comentarios de Clavano también acusaron a los de POGO de participar en delitos tan graves como el asesinato y el secuestro, y también conjeturó que una de las causas principales de su presencia en el país es que el juego es ilegal en China continental.
El medio informó en un artículo del 18 de septiembre que la policía nacional había allanado uno de esos medios de juego sin licencia y descubrió que estaba involucrado en el tráfico de personas de ciudadanos chinos.
40 nacionales y 200 trabajadores extranjeros fueron encontrados escondidos en un hotel cercano sin su documentación o pasaportes, según descubrió la policía durante una redada.
A principios de septiembre, un grupo antisecuestro de la Policía Nacional de Filipinas declaró en un informe que los casos de secuestro relacionados con POGO aumentaron un 25 por ciento año tras año, informó Philippine Star.
Sin embargo, en los detalles prácticos del informe, el número había aumentado de 12% a 15%.
Un artículo del Philippine Inquirer indicó que quizás el rechazo del gobierno contra los POGO estaba relacionado con la disminución de los ingresos fiscales. En 2019, dichas entidades pagaron 7.180 millones de pesos ($121,6 millones de dólares), que bajaron a 3.910 millones ($66,28 millones de dólares) en 2021.
Y aunque los ingresos fiscales de 2022 se dispararon a 32.000 millones de pesos (532 millones de dólares aproximadamente), solo se han recaudado 3.000 millones de pesos, reveló el Secretario de Hacienda del país.
El artículo agregó que Ka Kuen Chua, presidente del Movimiento para la Restauración de la Paz y el Orden, descrito como un grupo chino-filipino, afirmó que el presidente chino, Xi Jinping, le pidió al presidente Duterte en 2019 que prohibiera los POGO, ya que eludían la ley contra el juego del continente.
Según Chua, Duterte se negó, citando la afluencia de ingresos fiscales.
En un artículo telegráfico del 26 de septiembre del Philippine Daily Inquirer, una consultora inmobiliaria nacional advirtió que el país podría perder 200.000 millones de pesos (3.380 millones de dólares) “por alquileres de oficinas y viviendas, impuestos sobre la renta, facturas de electricidad, salarios de empleados y ingresos, entre otros” una vez que se despejen los POGO.
Sin embargo, cerca del 15 por ciento de esta cifra provino de tener en cuenta el costo de los alquileres de propiedades residenciales para los trabajadores, lo que puede ser una afirmación falsa a la luz de la propensión de los operadores chinos al tráfico de personas.
