Según una investigación titulada China Hunt for Overseas Taiwanese, publicada el 30 de noviembre por Safeguard Defenders, la República Popular China (RPC) ha estado haciendo arreglos para que los ciudadanos taiwaneses arrestados en el extranjero sean extraditados de regreso a la parte continental gobernada por los comunistas, en lugar de a Taiwán.
Entre 2016 y 2019, la ONG de derechos humanos Safeguard Defenders ha documentado más de 600 casos de ciudadanos de Taiwán extraditados o deportados de países de Asia, África y Europa, y enviados a China continental.
Taiwán, oficialmente conocida como la República de China (RC), una vez gobernó toda China antes de su derrota en el continente por los rebeldes comunistas en 1949. A pesar de no ser miembro de la ONU, Taiwán funciona como una nación democrática totalmente independiente. La República Popular China afirma que Taiwán es una parte «indivisible» de su territorio soberano, y el Partido Comunista Chino (PCCh) prometió retomar la isla y tomar represalias contra cualquier país que interfiera con sus «asuntos internos».
El gobierno de Taiwán siempre ha insistido en que los ciudadanos de la República de China arrestados en el extranjero sean repatriados a Taiwán para ser juzgados. Sin embargo, Beijing afirma que, como un «movimiento separatista» no reconocido, todos los ciudadanos de la República de China deberían ser extraditados de regreso al continente.
Preocupaciones por la ‘justicia’ comunista
Safeguard Defenders, con sede en España, dijo que las deportaciones eran precarias porque muchos de los taiwaneses enviados de regreso a la República Popular China no tienen familiares ni conexiones allí y corren el riesgo de sufrir persecución o graves violaciones de derechos humanos.
La investigación también señala que varias naciones están violando las leyes internacionales de derechos humanos al seguir los tratados de extradición con Beijing, específicamente señalando a España y Kenia por extraditar a la mayor cantidad de taiwaneses a China continental.
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Según el informe, «estos traslados forzosos también suelen producirse tras la denegación de acceso al apoyo consular taiwanés o a la comunicación en el país de origen, y a veces van seguidos de la denegación continua de contacto con funcionarios taiwaneses o familiares una vez que se encuentran en la República Popular China (RPC)».
Destacó un ejemplo que tuvo lugar en Kenia en 2016, donde las autoridades locales defendieron su decisión de deportar al continente a un grupo de ciudadanos de China y Taiwán, algunos de los cuales fueron absueltos de todos los cargos. La policía keniana declaró que la decisión se tomó de acuerdo con la insistencia de Beijing y porque no tenían lazos diplomáticos formales con Taiwán.
‘Una China’
Bajo su «principio de una sola China», Beijing ha insistido en que cualquier país que desee mantener relaciones diplomáticas con China debe primero romper los lazos oficiales con Taiwán. Esto, además de la expulsión de la República de China de las Naciones Unidas hace medio siglo, ha provocado que Taipéi quede aislado de la comunidad mundial.
La República Popular China obtuvo el asiento de Taiwán en la ONU en la decisión de 1971, convirtiéndose en la «China» reconocida internacionalmente. Este estatus se reforzó aún más cuando Estados Unidos abandonó el reconocimiento oficial de Taiwán en 1979, aunque Washington y Taipéi continúan manteniendo relaciones informales y cooperación militar.
Además, la «Política de Una China» estadounidense se diferencia de la postura de la República Popular China en que Washington no toma una postura sobre la soberanía de Taiwán o la falta de ella.
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No se proporcionó información sobre el destino de los ciudadanos taiwaneses tras su extradición, pero el informe señaló que al menos dos personas aparecieron en los medios estatales dirigidos por el PCCh disculpándose públicamente.
En respuesta a los hallazgos de la investigación, AFP citó al gobierno de Taiwán diciendo que la República Popular China «no tiene jurisdicción» sobre los taiwaneses arrestados o condenados en el extranjero, y que Beijing tiene como objetivo «mostrar su soberanía sobre Taiwán».
«Instamos nuevamente a la parte china a que la lucha contra el crimen no debe involucrar a la política y esperamos que las unidades de aplicación de la ley de ambos lados puedan continuar cooperando sobre una base existente para combatir eficazmente los delitos y protestar por el bienestar público», dijo.
El gobierno continental aún no ha respondido formalmente.
