Para fines de 2021, el movimiento mundial de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) tiene previsto cerrar sus oficinas en Hong Kong alegando la presión de la ley de seguridad nacional promulgada por el Partido Comunista Chino (PCCh) en junio de 2020.
La decisión se anunció el 25 de octubre, y los portavoces de AI dijeron que se ven obligados a abandonar la ciudad de Hong Kong después de 40 años de operaciones.
La presidenta de AI, Anjhula Mya Singh Bais, dijo el 25 de octubre: “Esta decisión, tomada con gran pesar, ha sido impulsada por la ley de seguridad nacional de Hong Kong, que ha hecho que sea efectivamente imposible para las organizaciones de derechos humanos en Hong Kong trabajar libremente y sin temor a represalias graves por parte del gobierno».
Amnistía Internacional
Con una red de 10 millones de personas y operaciones en más de 70 países, Amnistía Internacional (AI), con sede en Londres, trabaja como un movimiento global que informa al mundo sobre los abusos de los derechos humanos y hace campañas por un trato más igualitario de las personas.
La sucursal de AI en Hong Kong ha funcionado para difundir temas relacionados con los derechos humanos entre los residentes de la ciudad, muchos de los cuales han proporcionado donaciones a la organización. La oficina en la ciudad realiza encuestas y realiza campañas y trabajo de promoción en áreas como China continental y muchos otros países en el este y sudeste de Asia.
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AI ha realizado investigaciones y ha compartido sus hallazgos en su sitio web, que incluye temas sobre conflictos armados, penas de muerte, arrestos y encarcelamientos injustos, abusos de poder, etc.
Según su sitio web, la organización ha sido financiada por personas de todo el mundo, lo que permite que AI esté libre de acciones legales e influencia de gobiernos y otras acciones políticas, económicas y religiosas.
Ley de seguridad nacional
Según la ley de seguridad nacional lanzada para Hong Kong en junio de 2020, Beijing ha dificultado cada vez más que muchas organizaciones como AI operen sin ser percibidas como una amenaza para su régimen.
La ley ha funcionado para acabar con todas las formas de protesta y crítica contra el PCCh y el gobierno de Hong Kong, proporcionando al gobierno comunista una forma de declarar cualquier discurso o actividad como una “amenaza a la seguridad nacional” y reprimir a los disidentes por la fuerza. La ley también ha cerrado numerosos periódicos, sindicatos y otros grupos de la sociedad.
El medio de comunicación independiente Apple Daily se vio obligado a cerrar después de que varios de sus ejecutivos fueran arrestados en lo que se describió como un «ataque flagrante» contra el equipo editorial del periódico.
Desde la promulgación de la ley se han cerrado al menos 35 grupos de derechos humanos, incluidos algunos de los sindicatos y grupos activistas más destacados de Hong Kong. El activista Ma Chun-man también fue arrestado por corear consignas durante manifestaciones para «poner a prueba los límites de la libertad de expresión».
En una entrevista en abril, la secretaria general de AI, Agnes Callamard, dijo al South China Morning Post (SCMP) que la posibilidad de que AI abandonara Hong Kong era «una fuente de angustia, una fuente de dolor de hecho». También dijo que la organización estaba tomando “muchas más” medidas para operar de las que había hecho antes de que se promulgara la ley.
Anteriormente, el PCCh actuó contra los organizadores de la conmemoración de las víctimas de la masacre de la plaza de Tiananmen de 1989. A principios de octubre, las autoridades cerraron un museo físico que conmemoraba la masacre y bloquearon el acceso del público de Hong Kong a un museo digital que conmemoraba lo mismo.
«El patrón de redadas, arrestos y enjuiciamientos contra supuestos oponentes ha puesto de relieve cómo la vaguedad de la ley puede manipularse para construir un caso contra quien elijan las autoridades», dijo Anjhula.
AI ha dicho en su anuncio de cierre que tendría que cerrar su oficina local a fines de octubre, mientras que su sede regional debe cerrarse antes de fin de año. El cierre de sus instalaciones de Hong Kong obligará a AI a trasladar sus operaciones a otras oficinas en la región de Asia y el Pacífico.
“Hong Kong ha sido durante mucho tiempo una base regional ideal para las organizaciones internacionales de la sociedad civil, pero los recientes ataques contra los grupos sindicales y de derechos humanos indican una intensificación de la campaña de las autoridades para librar a la ciudad de todas las voces disidentes. Es cada vez más difícil para nosotros seguir operando en un entorno tan inestable». Dijo Anjhula.
Reacción a la ley
Según Thomas E. Kellogg, del Centro de Derecho Asiático de la Universidad de Georgetown, el PCCh ha estado utilizando la ley de seguridad nacional principalmente para reprimir el discurso durante los últimos 15 meses.
“Como muestra el caso contra Ma, los fiscales continúan presentando serios cargos contra las personas que dicen cosas que no le gustan al gobierno”, dijo Kellogg.
El secretario general adjunto de AI, Kyle Ward, dijo al SCMP que la decisión de abandonar Hong Kong se debió a la disolución de numerosas organizaciones de la sociedad civil y al arresto de líderes de grupo en virtud de la ley de seguridad, incluso si AI no fue amenazada directamente por las fuerzas de seguridad.
“La soga parece estar apretándose un poco más en la sociedad civil en general y, por lo tanto, nos correspondía hacer un movimiento antes de terminar con alguien en prisión”, dijo Ward. También indicó que las operaciones en la ciudad se estaban volviendo “cada vez más insostenibles”, justo cuando el ministro de Servicios Financieros declaró que las organizaciones benéficas que se conviertan en una “amenaza a la seguridad nacional” perderían sus exenciones tributarias.
La situación también provocó temor en algunos de los trabajadores de AI, que temen la posibilidad de ser detenidos por las autoridades.
A pesar de la salida de AI de Hong Kong, Callamard aseguró que continuará apoyando a los ciudadanos de Hong Kong en los «difíciles días que se avecinan».
Un portavoz de la Oficina de Seguridad dijo que la ley de seguridad “defendía los derechos humanos y estipulaba que las libertades de que gozan los residentes en virtud de la Ley Básica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos están protegidas por la ley”, informó SCMP.
El portavoz también dijo que las acciones contra AI se «basaron en pruebas» y no guardaban relación con su «postura política, antecedentes u ocupación».
Varios abogados han expresado su frustración por los efectos de la ley de seguridad nacional en organizaciones como AI, mientras que la Unión Europea incluso expresó sus propias preocupaciones sobre el «espacio que se reduce rápidamente para la sociedad civil en Hong Kong», según la portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Nabila Massrali.
