SAN SALVADOR — Al régimen de excepción implementado en El Salvador desde hace 17 meses le llaman «Plan Bukele» en el Perú, donde en las últimas dos semanas se ha generado un gran debate tras la postura de líderes del Estado que piden implementarlo.
A la discusión se han sumado voces que advierten que el modelo no funcionaría porque las causas de la inseguridad en el Perú no son las mismas con las que ha lidiado El Salvador en las últimas décadas.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, enterado del debate en el país andino, colgó una encuesta en su cuenta de X, antes Twiter: «¿’Plan Bukele’ en Perú?», escribió. El resultado fue de un 93,4% a favor.
En Perú, las voces que avivaron ese debate fueron varios alcaldes de distritos de la capital, Lima, y de ciudades como Cusco, que ganaron las elecciones en sus comunas con la promesa de solucionar el creciente problema de la inseguridad.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú, el 40% de ciudadanos califican como problema más importante la delincuencia y falta de seguridad ciudadana. Entre noviembre 2022 y abril 2023, la población urbana de 15 y más años de edad víctima de algún hecho delictivo alcanzó el 25 %, en comparación con semestres similares de los dos años anteriores aumentó en 6.5 y 3.9 puntos porcentuales, respectivamente.
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Los delitos con mayor incidencia este año en el país andino son hurto agravado, robo agravado, extorsión, secuestro y ciberdelincuencia, muestran datos oficiales.
Por ello, los alcaldes le han exigido al gobierno de Dina Boluarte aumentar el número de policías en las calles, y fortalecer los «serenos» —fuerzas preventivas contratadas con los impuestos de cada distrito. En El Salvador, tanto la policía como la Fuerza Armada se mantiene en las calles.
A la postura de los alcaldes se sumó el presidente del Poder Judicial del Perú, Javier Arévalo, quien dijo el 22 de agosto: “Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. ¿Por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana?”.
El primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, se sumó señalando que el país no necesitaba de un plan Bukele sino de dos planes Bukele.
“Ojalá tuviésemos dos Bukeles en nuestro país porque la inseguridad es algo que ya le cansó a la gente», dijo.
El gobierno de Boluarte en cambio ha sido claro de que tiene sus propios planes.
«No habrá un plan Bukele, habrá un Plan Boluarte, hacer lo que mejor hayan hecho otros gobiernos”, dijo el 30 de agosto ante el Congreso peruano el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
Para el exministro del Interior de Perú Ricardo Valdés, mientras la presidenta Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros no lo aprueben, «no habrá sistema que se eche a andar».
El sistema al que el exfuncionario hace referencia es el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que se compone de 26 gobiernos regionales, gobiernos provinciales y por último gobiernos distritales.
Cada territorio tiene un Consejo Distrital de Seguridad, un Consejo Provincial de Seguridad, un Consejo Regional de Seguridad y un Consejo Nacional de Desarrollo, pero depende últimamente de la presidenta y el presidente del Consejo de Ministros que funcionen, explicó Valdés a la Voz de América.
Para el experto en seguridad peruano Carlos Rada, en Perú hay una «cultura garantista muy marcada» de respeto a los derechos humanos, lo cual ve como «una debilidad del gobierno» que dificulta que se implemente una medida como la de El Salvador, dijo a la VOA.
Si bien el régimen de excepción de El Salvador ha reducido la violencia homicida a mínimos históricos, la estrategia ha traído señalamientos de violaciones a derechos humanos y nula separación de poderes, dos temas a los que la ONU se ha referido como «muy preocupantes».
Para el exministro del Interior, ambos países tienen realidades diferentes.
En El Salvador “la inseguridad se da por pandillas. El Perú no tiene un problema de pandillas, tiene múltiples organizaciones criminales de índole internacional”, indicó Valdés.
El exfuncionario se refirió al narcotráfico, la minería ilegal, la tala de madera, la trata de personas y el contrabando y el tráfico de tierras como las grandes economías criminales del Perú «que se enganchan a una criminalidad internacional cuyos alcances llegan a Venezuela y los países fronterizos como Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador”.
En cambio, las pandillas salvadoreñas se afincaron en ese país con alianzas en México y Estados Unidos.
Para el exfuncionario, a El Salvador le ha sido posible controlar su territorio por el tipo de organización local y por el tamaño de su territorio de 21.041 kilómetros cuadrados, menos del 2% de la extensión del Perú.
Rada cree que no se debe implementar un plan Bukele «calcado» sino «las líneas maestras del plan».
«Podrían construirse más centros carcelarios, ejercer un mayor control de las cárceles, fortalecer la inteligencia policial y que la inteligencia militar apoye la actividad policial. También reformar el aparato de justicia», dijo a la VOA.
El plan Bukele en El Salvador
En 2015, El Salvador fue catalogado como el país más violento del mundo con una tasa homicida de 105 por cada 100.000 habitantes. Pero, cuando Nayib Bukele llegó a la presidencia, en junio de 2019, la tasa había bajado a 38 por cada 100.000 habitantes, según datos de la mesa tripartita conformada por la Policía, la Fiscalía y Medicina Legal de El Salvador.
Fue entonces que el gobierno de Bukele impulsó un millonario plan de seguridad, llamado Plan de Control Territorial. El plan tuvo altibajos, pues las pandillas ordenaban repentinamente «abrir válvulas», que en su jerga significa ejecutar grandes matanzas.
El 25 de marzo de 2022, cuando El Salvador llevaba casi tres años del Plan Control Territorial, las pandillas ocasionaron la última gran matanza. El Salvador amaneció con la alerta de que las pandillas Mara Salvatrucha y el Barrio 18 planeaban ejecutar múltiples asesinatos. Ese fin de semana, 87 salvadoreños murieron a manos de las pandillas, según cifras oficiales.
Fue entonces que el Congreso aprobó, a petición de Bukele, un régimen de excepción que contempló de inmediato la detención sin orden judicial, la ampliación del tiempo máximo de detención administrativa de 72 horas a 15 días, la intervención de las telecomunicaciones y varias reformas penales.
El gobierno de Bukele desplegó al Ejército y a la Policía Nacional Civil a las comunidades más peligrosas con el propósito de capturar a todo salvadoreño con antecedentes policiales y penales.
Asimismo, el Congreso aprobó una purga masiva de jueces mayores de 60 años, e introdujo la figura de “juez sin rostro”, que permite eliminar los nombres de los jueces o cualquier otra información que pueda identificarlos en los casos contra detenidos en el régimen de excepción.
También fueron creados los juzgados especializados exclusivos para detenidos en el régimen de excepción, y ahora es posible hacer “juicios colectivos” para condenar a grupos de personas pertenecientes a una misma estructura delictiva, evitando con ello que la Fiscalía demore en presentar pruebas contra cada uno de los acusados.
El Congreso ha reformado leyes y códigos para que los jueces tengan la mínima posibilidad de dejar en libertad a los procesados, aumentando las penas de prisión por pertenecer a estos grupos en hasta 30 años por agrupaciones y hasta 60 años por ser cabecilla. Asimismo, los acusados de elaborar o expresar de forma visual o en texto cualquier mensaje alusivo a pandilla serán condenados con hasta 15 años de prisión.
Las reformas también castigan con 10 años de cárcel a los niños que hayan cumplido 12 años y que, siendo miembros de pandillas, sean acusados de agrupaciones ilícitas. Si tienen 16 o 17 años, la pena es de hasta 20 años de prisión.
A 17 meses de implementado el plan Bukele, y tras la detención de 71.976 personas hasta agosto, El Salvador parece haber logrado desarticular a las pandillas de los barrios donde antes era imposible entrar.
La tasa de homicidios pasó de 38 por cada 100.000 habitantes a 7,8 en 2022, según cifras oficiales. Para este 2023, el mandatario informó que la tasa ronda los 2,2 homicidios, lo que convierte al país en uno de los más seguros de América Latina.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos tanto de El Salvador como a nivel internacional, aseguran que la medida de Bukele ha violado los derechos humanos de al menos 6.436 salvadoreños, quienes supuestamente han sido encarcelados sin pertenecer a pandillas.
En una audiencia ante la ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones como Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Socorro Jurídico, indicaron que las torturas y el hacinamiento carcelario han provocado la muerte de hasta 174 detenidos.
El 23 de agosto, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, confirmó la liberación de más de 7.000 personas capturadas en el régimen de excepción, sin explicar si el Estado salvadoreño otorgará medidas de reparación para los encarcelados injustamente.
