El viernes 11 de agosto, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, designó a un fiscal especial con la finalidad de llevar a cabo una investigación relacionada con Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden.
Hunter Biden enfrenta acusaciones de haber estado involucrado en actividades financieras cuestionables en el extranjero.
El encargado de esta tarea será David Weiss, quien previamente ha estado a cargo de una investigación sobre Hunter por delitos fiscales y posesión ilegal de armas. Este caso sigue en desarrollo y no ha sido cerrado.
La atención se centra en la investigación que se está llevando a cabo en el Congreso respecto a las actividades comerciales de Hunter Biden en China, Ucrania y otras ubicaciones durante y después del período en que su padre ocupó el cargo de vicepresidente de Estados Unidos (2009-2017).
Desde el campo republicano, han surgido acusaciones que sostienen que Joe Biden utilizó su posición política para beneficiar a su hijo. Sin embargo, el presidente ha negado categóricamente esta afirmación. Además, se ha especulado que el Departamento de Justicia podría estar haciendo esfuerzos considerables para evitar que Hunter Biden enfrente una condena de prisión.
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Es importante destacar que Joe Biden está actualmente en busca de la reelección en las elecciones presidenciales de 2024. En esta contienda, es posible que se enfrente nuevamente al expresidente republicano Donald Trump.
Poco antes de las elecciones pasadas de 2020, se hizo pública una noticia sobre una laptop de Hunter que contenía información comprometedora sobre negocios ilegales (muchos con China), drogas, prostitución, etc. Sin embargo, la noticia fue censurada en los principales medios de comunicación y en redes sociales y finalmente Biden terminó imponiéndose en la elección.
La designación de David Weiss como fiscal especial reafirma que cuenta con la autoridad necesaria para llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial.
Merrick Garland, secretario de Justicia, afirmó que Weiss tendrá la capacidad de tomar medidas basadas únicamente en los hechos y la ley, garantizando así la independencia y la objetividad del proceso.
