Para el gobierno de El Salvador, las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 son un cáncer social que se debe eliminar ahora o nunca. Para los salvadoreños, cuyas vidas estaban sometidas a las reglas de las maras en los barrios, la postura gubernamental es un alivio frente a la posibilidad de que vuelvan las masacres o las desapariciones en masa ocasionadas por estos grupos al margen de la ley.
Hoy, El Salvador parece estar cada vez más cerca de ser un territorio libre de pandillas, con una tasa de homicidios que lo ubica entre los países con menos violencia homicida de la región. Pero ¿cómo se ha logrado algo que lleva décadas buscándose?
Cuando Nayib Bukele entró a la presidencia en junio de 2019 recibió un país con una tasa de 36 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esa tasa ya había comenzado a bajar desde 2016. Sin embargo, el gobierno le atribuyó la reducción de la violencia homicida a su millonario Plan Control Territorial que dio inicio 20 días después de que Bukele llegara a la silla presidencial.
Pero mientras el gobierno aseguraba el éxito del Plan Control Territorial valorado inicialmente en 575 millones de dólares, las dos principales pandillas ordenaban repentinamente «abrir válvulas» lo que en la jerga pandilleros significa ejecutar grandes matanzas. Lo que puso en aprietos en al menos cuatro ocasiones a un gobierno cuestionado entonces por supuestamente negociar con estos grupos.
Fue sino hasta marzo de 2022, cuando El Salvador llevaba casi tres años del Plan Control Territorial, que las pandillas ocasionaron la última gran matanza. El 25 de marzo, El Salvador amaneció con la alerta de que la Mara Salvatrucha — considerada organización criminal transnacional — había ordenado a sus soldados de calle abrir válvulas. Ese fin de semana hubo 87 asesinatos.
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La Asamblea Legislativa —que llevaba casi un año de haber sido electa — aprobó el 27 de marzo de 2022 un régimen de excepción solicitado por Bukele. La medida contempló de inmediato la detención sin orden judicial, la ampliación del tiempo máximo de detención administrativa de 72 horas a 15 días, la intervención de las telecomunicaciones y varias reformas penales para endurecer la pertenencia a pandillas.
A unas horas de aprobado el régimen, el gobierno desplegó al Ejército y a la Policía Nacional Civil a las comunidades más peligrosas de El Salvador capturando a todo salvadoreño con antecedentes policiales y penales, y a cualquiera que la Policía considerara sospechoso de pertenecer a pandillas. “El penalito” una pequeña cárcel llamada bartolina policial en San Salvador comenzó rápidamente comenzó a llenarse con nuevos detenidos y familiares que esperaban información.
Luego de un año y medio de implementado el régimen, El Salvador parece haber logrado desarticular a las pandillas de los barrios donde antes era imposible entrar si no se habitaba en el lugar. Aunque la medida constitucionalmente debe durar 30 días, el gobierno lleva solicitando 15 prórrogas con la salvedad de que mientras haya pandilleros escondidos, el régimen no terminará.
¿Cómo se adecuaron las leyes para esto?
Antes del régimen no hubo plan de seguridad que lograra sacar a las pandillas de los barrios. Aunque las manos duras de gobiernos pasados ocasionaron algunos golpes, los gobiernos siguieron manteniendo los mismos problemas: homicidios, extorsiones, entre otros.
Ha sido hasta la llegada del régimen de excepción y las reformas a las leyes que el país centroamericano—cuestionado por organismos de derechos humanos por represión— presume con certeza el golpe a las maras.
Para lograrlo, el gobierno de Bukele, como aliado del órgano Legislativo, no solo pidió la aprobación del régimen de excepción, sino también solicitó “depurar” el Órgano Judicial al que el mandatario llamaba “aliado del crimen organizado”.
La Asamblea Legislativa, de mayoría afín al partido de Bukele, aprobó cuatro meses después de iniciado el régimen, una purga masiva de jueces mayores de 60 años. También fueron creados diez nuevos juzgados especializados para que fueran los que conocieran los casos de capturados en el régimen.
En las reformas hechas al Código Penal y Procesal Penal, se introdujo además la figura de “juez sin rostro” que permite eliminar los nombres de los jueces o cualquier otra información que pueda identificarlos en los casos contra capturados en el régimen de excepción.
Recientemente fueron aprobados los “juicios colectivos” para condenar a grupos de personas pertenecientes a una misma estructura delictiva evitando con ello que la Fiscalía demore en presentar pruebas contra cada uno de los acusados.
Pero no solo el sistema judicial ha cambiado su forma de trabajo: El Salvador ha reformado sus leyes y sus Códigos para que los jueces tengan la mínima posibilidad de dejar en libertad a los procesados.
Desde que inició el régimen de excepción, la Asamblea aumentó las penas de prisión por pertenecer a estos grupos: hasta 30 años por agrupaciones y hasta 60 años por ser cabecilla. Asimismo, los acusados de elaborar o expresar de forma visual o en texto cualquier mensaje alusivo a pandilla serán castigados con hasta 15 años de prisión.
Las reformas también castigan con 10 años de cárcel a los niños que hayan cumplido 12 años y que, siendo miembros de pandillas, sean acusados de agrupaciones ilícitas. Si tienen 16 o 17 años, la pena es de 20 años de prisión.
Hasta inicios de agosto, la cifra de detenciones relacionadas al régimen de excepción supera los 71.976, y para lograr ubicarlos en prisión, el gobierno de Bukele también construyó una megacárcel con capacidad de hasta 40.000 reos.
¿Ha funcionado la medida?
El ‘modelo Bukele’ ha logrado reducir la tasa de homicidios de 36 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 7,8 en 2022.
Para este 2023, el mandatario informó que la tasa ronda los 2,2 homicidios; un hecho que convierte al país en uno de los más seguros de América Latina.
Las estadísticas de homicidios también confirman que desde 2019, El Salvador acumula más de 300 días sin homicidios, y que julio de 2023 ha sido el mes “más seguro de la historia”. Sin embargo, esas cifras han dejado de incluir, entre el número de homicidios, las muertes causadas ocasionadas por las fuerzas de seguridad contra supuestos pandilleros.
No obstante, las encuestas locales que miden la aceptación del régimen de excepción dan cuenta que al menos ocho de cada 10 salvadoreños aprueban la continuación del régimen de excepción, según una encuesta de opinión publicada en marzo pasado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Los peros de la medida
No toda la estrategia de seguridad del gobierno salvadoreño es color de rosa: la captura arbitraria o sin motivo ha sido la principal queja recibida por organismos de derechos humanos quienes cuestionan que el régimen de excepción ha violentado los derechos de al menos 6.436 salvadoreños.
También, las torturas y el hacinamiento carcelario han provocado la muerte de hasta 174 detenidos, ninguno vencido en juicio. Los señalamientos han sido expuestos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en al menos dos audiencias recientes. El gobierno, desde luego, se defiende de los señalamientos.
El comisionado presidencial de los derechos humanos en El Salvador, Andrés Guzmán, rechazó las afirmaciones expuestas a la CIDH de que en El Salvador existen torturas, y destacó que no hay denuncias formales. “Seis millones de personas deberían de tener mucha más importancia», dijo refiriéndose a la población del país que por ahora goza de seguridad.
Fuente: Voz de América
