En una impactante audiencia en el Senado de Australia, un portavoz de Pfizer reveló que el gigante farmacéutico había importado un lote exclusivo de vacunas contra el COVID-19 destinado únicamente para su programa de vacunación de empleados.
La revelación se produjo durante una rigurosa sesión de preguntas en la que el director médico nacional de Pfizer Australia, el Dr. Krishan Thiru, y el director de Ciencias Regulatorias, el Dr. Brian Hewitt, comparecieron ante el «Comité de Legislación sobre Educación y Empleo» del Senado australiano para hablar sobre el programa de vacunas para COVID-19.
El senador australiano Malcolm Roberts lideró el interrogatorio, planteando preguntas contundentes sobre la posible participación de Pfizer en la introducción de mandatos de vacunación para el empleo en Australia. El senador Roberts también expresó preocupaciones sobre la transferencia de riqueza del pueblo australiano a las grandes farmacéuticas debido a la mala gestión gubernamental de la pandemia.
El Dr. Thiru negó que Pfizer hubiera tenido alguna participación en la imposición de mandatos de vacunación o en la prohibición de tratamientos alternativos como la ivermectina. Sin embargo, el senador Roberts indagó sobre los acuerdos confidenciales de indemnización entre Pfizer y el gobierno australiano, argumentando que los contribuyentes tienen derecho a conocer los detalles de lo que financiaron.
El Dr. Thiru se mantuvo firme en la confidencialidad de estos acuerdos, alegando que es una práctica estándar para los acuerdos contractuales entre el gobierno y organizaciones privadas.
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Durante el interrogatorio, se reveló que Pfizer tenía un programa de vacunación para sus empleados que permitía adaptaciones o exenciones para aquellos con motivos médicos o religiosos para no vacunarse. Aunque el programa estaba en línea con las pautas de salud pública, se informó que un pequeño número de empleados optaron por abandonar la empresa debido a este programa.
Otra cuestión que se planteó fue el uso por parte de Pfizer de un lote específico de vacunas para sus empleados que no había sido aprobado por la Administración de Productos Terapéuticos (TGA). El Dr. Hewitt explicó que esto se hizo para asegurarse de que no se afectaran las existencias gubernamentales destinadas a la población en general.
El senador Roberts también cuestionó si el contrato de Pfizer con el gobierno australiano incluía cláusulas que anularían su indemnización en caso de «tratamiento fraudulento de los datos del ensayo». El Dr. Thiru no pudo proporcionar una respuesta definitiva, citando nuevamente la confidencialidad del contrato.
La audiencia del Senado dejó muchas preguntas sin respuesta y arrojó luz sobre la importancia de la transparencia en los acuerdos entre las empresas farmacéuticas y los gobiernos.