El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se enfrenta este martes al inicio de un juicio político en la Asamblea General, donde la legislatura quiere juzgarlo por acusaciones de corrupción que no han sido probadas, pero podría disolver la cámara y gobernar por decreto por seis meses si es declarado culpable.
Lasso, un exbanquero de derecha de 67 años, asumió el poder en mayo de 2021 para un período de cuatro años y desde el principio de su mandato afrontó una férrea oposición legislativa que rechazó sus principales proyectos de gobierno y ha bloqueado permanentemente su gestión.
La oposición lo acusa de un presunto peculado por no haber advertido de un perjuicio para el Estado por la firma de un contrato entre la empresa Flota de Petróleos de Ecuador y la de Transporte de Crudo a nivel mundial Amazonas Tanker.
Entre los esfuerzos para juzgar a Lasso, la cámara cambió el fin de semana a sus líderes para el período 2023-2025. La oposición logró ocupar los puestos clave, como la presidencia y las vicepresidencias de la Asamblea y decidió comenzar el juicio este martes.
Lasso, que rechaza los cargos, deberá comparecer a la audiencia y su ministro de Gobierno, Henry Cucalón, confirmó que “él va a acudir a la Asamblea Nacional a defender su posición y a demostrar la verdad. Este proceso nació, se ha desarrollado y terminará sin prueba alguna”.
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Mireya Pazmiño, asambleísta líder del proceso de impugnación, afirmó que “en esa empresa pública Flopec se dio todo un entramado de corrupción, de mafias y eso el presidente lo sabía, porque luego de este juicio político, no solamente queda en responsabilidad política, también tendrá que ir a la justicia ordinaria porque son delitos”.
Sin embargo, el abogado de Lasso, Edgar Neira, señaló que el contrato fue concertado en el gobierno anterior y anticipó el argumento de defensa del presidente.
“Dejar claro ante el país todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional para que en la actual administración de Flopec no se produzca ningún perjuicio a los recursos públicos y esta empresa pueda generar la utilidad que ha generado a partir del momento en que el gobierno del presidente Guillermo Lasso se acogieron a todas las recomendaciones que dispuso la Contraloría General del Estado”.
En la sesión de este martes, los asambleístas tendrán dos horas para sustentar la acusación, tras lo cual Lasso tendrá la misma cantidad de tiempo para defenderse. Después, ambas partes tendrán una hora adicional para eventuales réplicas.
Al final de ese proceso inicial, Lasso se retirará de la Asamblea y se iniciará un debate en el que cada uno de sus 137 integrantes podrá hablar durante 10 minutos. Según estimaciones de los mismos legisladores, el sábado se celebrará la sesión final para determinar la suerte de Lasso.
Pero en medio del proceso, Lasso podría en cualquier momento, según lo marca la ley, activar un recurso constitucional que le permiten disolver a la Asamblea sin aprobación de ningún órgano estatal.
De tomar esta decisión podría gobernar por decreto hasta por seis meses, con el control de la Corte Constitucional, y a la par debería convocar elecciones presidenciales y legislativas.
Crédito: Voz de América
