El Gobierno argentino sorprendió la semana pasada al informar que eliminó las bases de datos vinculadas a la aplicación Cuidar que se utilizaba para los registros de vacunas contra el COVID-19 y otros permisos vinculados a la restricciones de la pandemia.
Según una disposición del Boletín Oficial, la Subsecretaría de Servicios y País Digital perteneciente a la Secretaría de Innovación Pública, estableció tanto la baja de las bases de datos de la aplicación Cuidar, así como la despublicación de la app.
Los motivos oficiales y los «no oficiales»
Los motivos que indicó el gobierno por el que recurría a la baja de estas bases de datos y hasta de la app que tanto insistían en que se instale el ciudadano fueron: la finalización de la emergencia pública sanitaria por la pandemia de coronavirus y, además, “resguardar los datos personales de la ciudadanía”.
La Disposición N° 2/2023 establece que “habiendo finalizado las razones que fundaron inicialmente la implementación inmediata de la aplicación “Cuid.AR”, indudablemente necesaria en el contexto de pandemia, es menester suprimir la aplicación de los sistemas, e iniciar los trámites pertinentes ante la Dirección de Nacional de Protección de Datos Personales de la Agencia de Acceso a la Información pública, organismo descentralizado de la Jefatura de Gabinete de ministros, a fin de dar de baja las bases de datos involucradas en la aplicación y suprimir de manera definitiva e irreversible los datos allí contenidos”.
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Entretanto, algunos abogados y cibernautas se muestran escépticos por tal decisión y consideran que hay un motivo ulterior detrás de la explicación oficial que están brindando desde la cartera de Salud.
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Por ejemplo, el abogado Julio Razona escribió en Twitter que las personas que hayan recibido inyecciones Covid 19 deberían imprimir las constancias ya que si desean denunciar penalmente al estado por reacciones adversas no podrán hacerlo si no tienen un registro impreso.
En este sentido, también se expresó el abogado Miguel Iannolfi quien indicó que también impriman los certificados porque sin el número de lote y marca de la inoculación, no se puede iniciar ninguna acción legal.
En las redes sociales circulan permanentemente casos de personas que han quedado con dolencias graves luego de la segunda, tercera, o cuarta dosis de la vacuna Covid y muchos están pidiendo explicaciones e iniciando acciones judiciales.
El abogado Iannolfi también informó por Twitter que -gracias a un recurso de amparo presentado en la justicia- Argentina podría ser el primer país que va a analizar vacunas por una orden judicial.
Por su parte, la periodista Viviana Canosa realizó una fuerte editorial en su programa en La Nación +.