El Gobierno de Perú rechazó adelantar las elecciones nacionales para 2023 porque -según ellos- estas no serían transparentes.
Mientras en casi todo el país se llevan a cabo protestas, con decenas de muertos y heridos, el jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otálora, rechazó un pedido de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) para que las elecciones se lleven a cabo en el 2023 y no en abril del 2024, como inicialmente están estipuladas.
“Tenemos que garantizar unas elecciones libres, transparentes y que puedan asegurar adecuadamente la voluntad popular. Sería muy lamentable que a los problemas que tenemos en este momento añadamos un proceso electoral que no ha sido debidamente garantizado con los requisitos de la propia ley electoral”, explicó Otálora.
La decisión del ministro aumenta las diferencias con los manifestantes, para quienes la decisión significa una muestra más de falta de diálogo por parte del Gobierno encabezado por la presidenta Dina Boluarte, quien asumió luego de la destitución de Pedro Castillo.
Desde el 7 de diciembre, luego la salida de Castillo y su intento de autogolpe de estado, existe una ola de manifestaciones en Perú y la gestión de Boluarte es criticada por organismos internacionales debido a las represión policial en las protestas, que se fueron tornando violentas en algunas regiones.
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En las últimas horas, se conoció que el Gobierno convocó al Ejército para despejar los cortes de rutas que llevan a cabo decenas de miles de manifestantes en todo el país.
El trasfondo de las protestas
Las protestas piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria a elecciones generales para este año y el establecimiento de una asamblea constituyente.
La semana pasada, Boluarte envió un mensaje televisivo aclarando que no dejará su cargo, pero lejos de apaciguar los ánimos, las calles continúan siendo escenario de hechos violentos.
El mensaje de Boluarte avivó las protestas que ya no se puede decir que sean pacíficas y han causado incendios y destrozos. Detrás de todo eso hay sospechas de que el expresidente socialista de Bolivia, Evo Morales, podría estar involucrado.
En este sentido, el Congreso de la República de Perú declaró como “persona non grata” al expresidente boliviano Evo Morales por sus “declaraciones públicas” contra el país. El Pleno aprobó por mayoría este estatuto con 74 votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones.
“Declarar persona non grata al señor Evo Morales Ayma en el territorio nacional, por sus constantes incitaciones en la política nacional, las mismas que buscan desequilibrar el orden interno del país, en especial la zona sur del Perú”, se lee en la moción 5225, que fue presentada por la congresista María del Carmen Alva, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.
La semana pasada llegaron donativos para los manifestantes alrededor de la plaza San Martín, en el Centro de Lima. Una fotografía divulgada por La República muestra cómo personas descargan desde un vehículo los alimentos donados.
Esto aumentó las suspicacias y las sospechas alrededor de quiénes podrían estar detrás de la exigencia para que Dina Boluarte abandone la presidencia, se declare el cierre del Congreso y se adelanten las elecciones. Lo cierto es que la situación también beneficia al resto de mandatarios que forman parte de la izquierda latinoamericana.
