La fiscalía de Perú abrió este martes 11 de enero una investigación por presunto delito de «genocidio» a la presidenta Dina Boluarte y a otros tres ministros, en relación a los hechos de violencia en las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023, que ya contabilizan más de 40 muertos.
«La Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte; presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; ministro del Interior, Víctor Rojas; ministro de Defensa, Jorge Chávez», indicó la fiscalía de Perú en Twitter.
La indagación es por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves» durante las manifestaciones antigubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
Protestas
Aunque las protestas posteriores a la destitución de Pedro Castillo -tras su intento de disolver el Congreso el pasado diciembre- han disminuido en gran parte del país, las regiones sureñas de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cuzco y Puno son el escenario constante de bloqueos de carreteras, marchas y enfrentamientos.
Las violentas protestas se extendían este miércoles 11 de enero, sobre todo en el sur del país. Un autobús que era usado para transportar a agentes de la Policía fue quemado por manifestantes en la región sureña de Cuzco, mientras que otro grupo de personas incendió las cabinas de un peaje en la región de Tacna, según fuentes oficiales.
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Por otro lado, la región policial del Cuzco informó que el autobús fue atacado durante la noche del martes en la provincia cuzqueña de Chumbivilcas por unos 300 manifestantes del distrito de Chamaca que protestan contra el Gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte.
Los incidentes también se presentaron en la región de Tacna, fronteriza con Chile, donde manifestantes quemaron las cabinas de un peaje en la carretera Panamericana Sur, a la altura de la localidad de Sama.
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Toque de queda
Tras los violentos enfrentamientos desatados en la ciudad de Juliaca, en la región de Puno, el Gobierno peruano impuso este miércoles un toque de queda en la zona durante tres días, desde las 20:00 horas hasta las 4:00 del día siguiente.
La medida había sido anunciada este martes ante el pleno del Congreso por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, «en salvaguarda de la vida y la integridad, de la libertad de todos los ciudadanos de Puno», expresó.
Durante el toque de queda, “las personas pueden circular por las vías de uso público para la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público”, indica la norma.
