El 21 de diciembre, la familia del ex presidente de Perú, Pedro Castillo, se vio obligada a huir a México luego de la detención de Castillo y los informes indican que el gobierno mexicano le ha otorgado asilo a su familia.
Tras el arresto y detención de Castillo, el embajador de México en el país, Pablo Monroy, también fue llamado a retirarse.
Dejando Perú
Con Castillo bajo custodia, su esposa, Lilia Paredes, y sus dos hijos aterrizaron en la Ciudad de México luego de que la ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Cecilia Gervasi, les diera salvoconducto. En una conferencia de prensa el 21 de diciembre, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como también se le conoce, anunció la llegada de la familia.
Al mismo tiempo, AMLO criticó los llamados a la salida del embajador mexicano Pablo Monroy como una “opción a favor de la represión” de Perú, afirmando que la salida se hizo sin “diálogo y el método democrático de convocar a elecciones lo antes posible”, informó Bloomberg.
Las tensiones entre México y Perú han ido en aumento desde la destitución de Castillo el 7 de diciembre.
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El martes, se le pidió a Monroy que abandonara Perú dentro de las 72 horas, y las autoridades lo declararon “persona non grata” como embajador. Según la Cancillería del país andino, Monroy fue destituido por “las reiteradas declaraciones de las máximas autoridades de ese país sobre la situación política en Perú”.
“Dichas expresiones constituyen una injerencia en los asuntos internos del país y por lo tanto violan el principio de no intervención”, dijo Gervasi, respecto a las declaraciones.
La legisladora opositora peruana María del Carmen Alva dijo que México estaba “protegiendo a los corruptos”, con Paredes bajo sospecha de vínculos con una red de lavado de dinero.
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Agitación por Castillo
Castillo fue acusado el 7 de diciembre, luego de que intentara disolver el Congreso con un estado de emergencia. En el tribunal, fue condenado a 18 meses de prisión por sospechas de que apoyaba una rebelión o conspiraba contra el Estado.
Intentó buscar asilo en México, pero fue interceptado por sus propios guardaespaldas antes de que pudiera dirigirse a la embajada mexicana.
La vicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte, lo reemplazó, juramentada por el Congreso para dirigir Perú. Ella solicitó que las elecciones se llevaran a cabo a principios de abril de 2024. Los legisladores respaldaron esta solicitud, aunque queda por ver si apaciguará al público.
Dado el apoyo de Castillo a las comunidades rurales de Perú, se produjeron protestas masivas en todo el país, y sus seguidores pidieron su liberación. El gobierno peruano inició un estado de emergencia nacional de 30 días para hacer frente a los disturbios.
“En primer lugar, no reconocemos a Dina Boluarte”, dijo el trabajador de la construcción Ronal Carrera, según The Guardian. “Ella es una golpista, hasta el día de hoy nuestro presidente es Pedro Castillo. Ahora estamos exigiendo su reincorporación”.
Al menos ocho personas, cinco adolescentes, murieron por disparos y grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional sospecharon que la represión policial fue la causa de la violencia.
“El Perú no puede desbordarse de sangre”, dijo Boluarte el miércoles. “Ya vivimos esta experiencia en los años 80 y 90, y creo que no queremos volver a esa dolorosa historia”.
Entre 1980 y 2000, alrededor de 70.000 personas fueron asesinadas por miembros de Sendero Luminoso, un grupo guerrillero comunista con sede en Perú.
