La jueza federal de distrito Aileen Cannon accedió a la solicitud del expresidente Donald Trump de que un perito especial revise los más de 10.000 registros gubernamentales incautados por el FBI durante el allanamiento de su propiedad en Mar-a-Lago en Florida.
La medida de la jueza de West Palm Beach ha provocado protestas de los opositores políticos de Trump, ya que el nombramiento de un perito especial, un tercero independiente que a veces se asigna en casos delicados para revisar materiales que podrían estar cubiertos por el privilegio abogado-cliente, retrasará el progreso de el caso.
Cannon también ordenó al Departamento de Justicia que deje de revisar los registros como parte de su investigación criminal, una medida que probablemente obstaculizará, al menos temporalmente, su capacidad para continuar investigando.
Trump está siendo investigado por el Departamento de Justicia por eliminar registros gubernamentales, algunos de los cuales estaban marcados como altamente clasificados, de la Casa Blanca después de su partida en enero de 2021, y almacenarlos en su casa en su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach.
Trump mantuvo ordenada la Oficina Oval, pero trabajaba desde el comedor conectado a ella, y una pequeña tormenta de papeleo a menudo lo seguía a donde quiera que fuera, dijeron asistentes y asesores.
Success
You are now signed up for our newsletter
Success
Check your email to complete sign up
Llevaba cajas de materiales en los vuelos del Air Force One con él, y firmaba documentos oficiales, firmaba notas de autógrafos para amigos y colegas, y luego volvía a empaquetar todo en una caja al final del viaje, dijeron.
Trump y sus asesores han argumentado que el presidente tiene el poder constitucional de desclasificar cualquier registro que desee y legalmente puede tomar copias personales de sus registros.
En su fallo del lunes 5 de septiembre, Cannon dijo que tiene preocupaciones persistentes sobre cómo el Departamento de Justicia ha llevado a cabo su revisión de privilegios y dijo que estaba al tanto de al menos dos casos en los que los miembros del equipo de investigación estuvieron expuestos a materiales que luego fueron designado como potencialmente privilegiados.
Después de escuchar los argumentos de los abogados de Trump y los abogados del gobierno, Cannon escribió en su orden que Trump enfrenta “un daño potencial no cuantificable por la divulgación indebida de información confidencial al público”.
“Además, [Trump] corre el riesgo de sufrir perjuicios por la retención y el uso potencial por parte del Gobierno de materiales privilegiados en el curso de un proceso que, hasta el momento, ha estado cerrado” al expresidente, y “ha planteado al menos algunos preocupaciones en cuanto a su eficacia, incluso si es inadvertida”, agregó.
LEE TAMBIÉN: Trump exige al FBI la devolución de los documentos incautados en el allanamiento de su residencia en Florida
Privilegio ejecutivo
Los agentes del FBI incautaron registros, notas y otros artículos del resort Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, el 8 de agosto.
El FBI confiscó por primera vez el tesoro de documentos de Mar-a-Lago el 8 de agosto. Pero, según Cannon, estuvo de acuerdo con la solicitud legal de Trump en parte porque el filtro del gobierno de EE. UU. estaba obligado a identificar elementos potencialmente privilegiados pero no lo hizo.
“Esos casos por sí solos”, cree ella, pueden haber sido involuntarios, pero aun así “arrojan dudas sobre la idoneidad del proceso de revisión del filtro”, dijo la jueza.
Cannon dijo que el perito especial tendrá la tarea de revisar los documentos que no solo están cubiertos por el privilegio abogado-cliente, sino también cualquier registro posiblemente cubierto por el privilegio ejecutivo.
El privilegio abogado-cliente es el derecho a que las comunicaciones entre un cliente y su equipo legal se mantengan confidenciales.
Los abogados de Trump están pidiendo que se nombre a una parte externa, un «perito especial», para reevaluar la revisión del gobierno de documentos confidenciales para determinar si alguno era «información altamente personal» que debería devolverse o protegerse mediante reclamos de privilegio.
(Imagen: MARCO BELLO/AFP vía Getty Images)
Cannon, quien fue designada por Trump en 2020 solo unos meses antes de dejar el cargo, rechazó el argumento del gobierno de que los registros pertenecen al gobierno y que Trump ya no es presidente y, por lo tanto, no puede reclamar el privilegio ejecutivo.
En este sentido, les dio al equipo legal de Trump y al Departamento de Justicia plazo hasta el viernes para presentar conjuntamente una lista propuesta de candidatos peritos especiales. Quienquiera que el tribunal toque en última instancia, deberá tener las autorizaciones de seguridad y la experiencia legal necesarias.
La decisión de permitir que un perito especial revise documentos que podrían estar cubiertos por el privilegio ejecutivo, una doctrina legal que puede proteger algunos registros de la Casa Blanca de la divulgación, es un territorio legal desconocido.
Si el perito especial decide que parte del material está cubierto por los reclamos de privilegio ejecutivo de Trump, podría obstaculizar la investigación del gobierno.
Sin embargo, Cannon dijo que los funcionarios de inteligencia de EE. UU. podrían continuar realizando su revisión para determinar si los registros podrían representar algún daño para la seguridad nacional si se exponen.
No está claro si el Departamento de Justicia apelará el fallo de Cannon o sobre qué base lo hará.
Controlar al gobierno
Los abogados de Trump argumentaron que el nombramiento de un tercero independiente para revisar los materiales sería un control importante para el gobierno, mientras que otras figuras políticas expresaron su objeción al perito especial.
“Recuerde, se necesita coraje y ‘agallas’ para luchar contra un Departamento de ‘Justicia’ y el FBI totalmente corruptos”, escribió Trump en su plataforma de redes sociales Truth Social, luego del fallo de Cannon.
La jueza dijo que estaba al tanto de al menos dos casos en los que los miembros del equipo de investigación estuvieron expuestos a materiales que luego fueron designados como potencialmente privilegiados, pero el Departamento de Justicia argumentó que el equipo de filtro, agentes del gobierno que no forman parte de la investigación. — habían hecho su trabajo.
Los fiscales dijeron en una audiencia del 1 de septiembre que los agentes habían apartado unas 520 páginas de documentos que podrían estar sujetos a la confidencialidad entre abogado y cliente.
(Imagen: Slaven Vlasic/Getty Images)
“No creo que un perito especial tenga sentido en relación con el material de privilegio ejecutivo”, dijo a Reuters en una entrevista el exfiscal general Bill Barr, designado por Trump. “Si los documentos están sujetos al privilegio ejecutivo, involucran deliberaciones oficiales sobre acciones ejecutivas y, por definición, esos documentos pertenecen al gobierno”.
Trump y sus partidarios argumentan que su caso ha sido objeto de una fuerte politización y que fue un intento de impedir su regreso a la Casa Blanca por parte de los «monstruos viciosos» del FBI y del Departamento de Justicia, «controlados por canallas de la izquierda radical, abogados y medios de comunicación que les dicen lo que tienen que hacer.»
«Las elecciones de 2020 fueron amañadas y robadas y ahora nuestro país está siendo destruido por gente que llegó al cargo con trampas y con fraude», dijo en un mitin en Pensilvania el 3 de septiembre. «Hablan de que los documentos no están bien guardados y, sin embargo, van y cogen documentos, los tiran al suelo, montan una sesión de fotos y fingen que yo lo había hecho como si los hubiera puesto por el suelo».
«Los demócratas radicales están participando en un intento desesperado de impedir que vuelva a la Casa Blanca, donde saben que volveré a limpiar este desaguisado», dijo a la multitud.
Reuters contribuyó a este informe.
