El martes 7 de junio, el Parlamento de la ASEAN para los Derechos Humanos (APHR) pidió al sudeste asiático que detuviera la ejecución de cuatro presos políticos por parte de la junta militar de Myanmar.
Si bien la respuesta a las ejecuciones pendientes ha sido feroz, la propia junta ha desestimado las preocupaciones como “imprudentes”.
Muerte pendiente
El APHR, una red de parlamentarios actuales y anteriores del sudeste asiático, dijo en un comunicado el lunes 6 de junio que los parlamentarios del sudeste asiático estaban consternados por el anuncio hecho por la junta militar de ejecutar a los cuatro presos políticos.
“La ASEAN y la comunidad internacional deben utilizar todos los medios a su alcance para evitar que se produzcan estas ejecuciones. Si se llevan a cabo, serán nada menos que asesinatos políticos a sangre fría”, dijo el presidente de APHR, Charles Santiago, quien también es miembro del parlamento de Malasia.
APHR ha pedido a todos los estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y sus socios de diálogo que eviten la ejecución de los prisioneros.
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También respaldaron una declaración reciente del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien cree que los arrestados fueron condenados injustamente.
Uno de los condenados a muerte es el exdiputado Phyo Zeya Thaw, exdiputado de la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi, que fue arrestado en noviembre de 2021 tras ser acusado de “delitos contra las leyes antiterroristas”. Fue condenado a muerte en enero.
Phyo Zeya Thaw fue acusado anteriormente de incitar ataques contra la junta, incluido un ataque con armas de fuego en un tren de cercanías en Yangon en agosto de 2021, que resultó en la muerte de cinco policías.
El activista por la democracia Kyaw Min Yu, más conocido como Ko Jimmy, fue acusado y condenado a muerte por los mismos cargos, tras ser detenido en octubre de 2021 por sus publicaciones en las redes sociales.
Los otros dos hombres fueron condenados a muerte por matar a una mujer que supuestamente era informante de la junta en Rangún.
Los cuatro hombres “serán ahorcados de acuerdo con los procedimientos penitenciarios”, dijo el portavoz de la junta, Zaw Min Tun.
Zeya Thaw y Ko Jimmy apelaron sus sentencias, pero ambas fueron rechazadas, aunque se desconoce quién rechazó las apelaciones.
“Anteriormente, los condenados a muerte podían apelar y, si no se tomaba una decisión, sus sentencias de muerte no se ejecutaban”, dijo Zaw Min Tun a BBC Burmese. “En este momento, ese recurso fue rechazado por lo que se van a ejecutar las penas de muerte”.
Aparte de los cuatro anunciados, la junta también ha condenado a muerte a decenas de otros activistas antigolpistas durante la represión del año pasado contra la «disidencia». Menos de cien personas en total, incluidos los menores de 18 años en ese momento, han sido sentenciadas a muerte desde el golpe de febrero de 2021, según Human Rights Watch.
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“Estas ejecuciones contribuirían aún más a impedir la ya remota posibilidad de un diálogo político sostenible, tal como se prescribió hace más de un año en el Consenso de Cinco Puntos acordado por los estados miembros de la ASEAN y la junta de Min Aung Hlaing, que no ha hecho ningún esfuerzo en ese sentido. dirección”, dijo Santiago.
Un portavoz de Amnistía Internacional también pidió a la junta que “abandone de inmediato tales planes y que la comunidad internacional intensifique sus esfuerzos para intervenir”.
Independientemente de la oposición internacional, la junta ha condenado las declaraciones en contra de las sentencias de muerte, calificándolas de “declaraciones y comentarios imposibles e imprudentes”, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores publicado el martes por la agencia estatal Global New Light of Myanmar. El Ministerio también dijo que las críticas eran “incitación al terrorismo”.
A pesar de la severidad de las sentencias, no ha habido una ejecución judicial en Myanmar desde 1988. Según la Asociación de Asistencia para Presos Políticos (Birmania), alrededor de 14.018 personas han sido arrestadas, con otras 1.905 asesinadas por la junta.
