Dos venezolanos que realizaron un video humorístico nombrando a varios funcionarios del gobierno del país caribeño, podrían enfrentar la cárcel. De hecho, uno de ellos ya fue aprehendido.
El Tribunal Especial 4° de Control con competencia en casos Vinculados al Terrorismo ordenó la captura de Olga Lucila Mata de Gil (de 72 años) y de Florencio Gil Mata, según denunció la ONG Espacio Público.
La mujer aún no ha sido detenida, pero sí su familiar, Florencio Gil, quien fue aprehendido por agentes adscritos.
En el video -publicado en la red social Tik Tok y luego en Twitter- se hacía referencia al fiscal Tarek William Saab, a los diputados Diosdado Cabello e Iris Varela y a la primera dama Cilia Flores.
Para aprehender a la mujer del video, el juez José Mascimino Márquez García envió un oficio al Cicpc, según informó el fiscal general, Tarek William Saab a través de su cuenta Twitter.
Success
You are now signed up for our newsletter
Success
Check your email to complete sign up
Sin embargo, hace pocas horas se dio a conocer un video de la mujer pidiendo disculpas por la humorada, especialmente al presidente Nicolás Maduro.
LEE TAMBIÉN: “La izquierda cobarde”: Así llamó Maduro a Boric en Chile, Castillo en Perú y al candidato colombiano Petro
El “controversial” video
El video en cuestión muestra a una mujer que hacía arepas para venderlas y cuando se le pregunta qué tipo de arepas tiene, ella menciona las distintas versiones del plato que vende, llevando cada una de ella nombres de distintos dirigentes del chavismo, más un componente que las hace características.
Al mencionar la arepa denominada “La Viuda”, la vendedora de arepas dijo que se llamaba así en honor de la esposa de Maduro, Cilia Flores.
En ese punto, la presunta cliente muestra extrañeza y comenta que Flores aún no es viuda, a lo que la vendedora de arepa responde, “bueno, pero eso es lo que todos deseamos”.
En 2018, el gobierno de Maduro aprobó una ley dirigida a castigar a personas que critican al gobierno socialista a través de las redes sociales.
Conocida como “ley contra el odio”, la normativa legal establece penas de hasta 20 años de cárcel para sus infractores y autoriza el cierre de medios de comunicación y multas a empresas y medios electrónicos que distribuyan los mensajes ofensivos.
La ley ha sido usada para encarcelar desde disidentes activos en las redes sociales hasta manifestantes que llevaban pancartas criticando al gobierno, según El Nuevo Herald.
La ONG Espacio Público, defensora de la libertad de expresión lamentó que la grabación de un video humorístico haya ocasionado el pedido de aprehensión de dos personas. Desde la ONG insisten en que el video no es motivo de detención ni es delito.
Sin embargo, esta no es la primera vez que tuiteros o ciudadanos que utilizan otras redes sociales son detenidos por hacer comentarios en contra del Gobierno.
