El gobierno de Perú decretó este martes 5 de abril un toque de queda en la provincia de Lima y el vecino puerto del Callao.
La medida se ejecutó en respuesta al paro de transportistas que cumple una semana y en el que 4 personas murieron y otras 20 fueron detenidas, según informaron los medios locales.
Las restricciones comenzaron a las 2 de la madrugada de este martes y se extenderán hasta las 23:59 del mismo día.
“El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovibilidad ciudadana desde las 2 de la mañana hasta las 23:59 de la noche del día martes 5 de abril para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas, lo cual no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales”, dijo el presidente peruano, Pedro Castillo, en una transmisión emitida poco antes de la medianoche.
Asimismo, Castillo decretó el estado de emergencia tanto en Lima como Callao, “suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito”.
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“Los trabajadores del sector público y privado realizan solo trabajo remoto, conforme a la normatividad de la materia”, decretó Castillo.
La medida generó un rechazo generalizado. La opositora María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, afirmó en Twitter que Castillo “no puede impedir el funcionamiento del Congreso” de acuerdo a la Constitución.
El presidente justificó su orden de inamovilidad debido a los “hechos de violencia que algunos grupos quisieron crear” con el bloqueo de carreteras.
Inestabilidad política y social
Perú enfrenta un nuevo capítulo de inestabilidad política y social. El alto costo de vida debido a la subida del precio del combustible, fertilizantes y alimentos ha aumentado el descontento social de la población. Por eso, este 4 de abril Lima registró varios bloqueos a lo largo de la ciudad y su área metropolitana, en un paro convocado por la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú.
Pero las protestas y bloqueos se iniciaron una semana antes, el 28 de marzo, en respuesta al aumento en los precios del combustible. Si bien estas manifestaciones comenzaron de la mano de los transportistas, luego se sumaron otros gremios de trabajadores.
Esta tensa situación está poniendo en jaque al gobierno del izquierdista Pedro Castillo, tan solo una semana después de que el Congreso rechazara una moción para destituirlo..
Para intentar contener esta crisis, Castillo consiguió negociar un acuerdo con el gremio de transportistas -al que se unió el gremio de agricultores- de Junín, que -entre otras demandas- exigían rebajar los precios del combustible y eliminar la competencia desleal de transportistas extranjeros.
Desde el inicio de las protestas, se han dado muchas denuncias de represión policial entre los manifestantes. Una versión que contradice a la proporcionada por el Ejecutivo, quien afirma que la policía se ha manejado con mucho tino.
La decisión de declarar emergencia y toque de queda se tomó en medio de una ola de rumores en redes sociales sobre posibles manifestaciones y saqueos en Lima durante este martes, pero sorprendió a todos porque incluso muchos trabajadores estaban descansando para madrugar al otro día cuando se dio a conocer la noticia.
Impopularidad
Las protestas representan un golpe más al asediado gobierno de Castillo, que fue elegido con amplio apoyo campesino, pero que vio su popularidad descender dramáticamente, aún en las regiones rurales.
Castillo es criticado por expertos por su descuido en nombrar funcionarios claves y tiene tres investigaciones congeladas por presunta corrupción en la fiscalía.
En ocho meses de gestión, ha modificado cuatro veces su gabinete ministerial y su impopularidad alcanza 68% en marzo, según un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos publicado en el diario La República.
