El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que promoverá con urgencia en el Congreso el proyecto de indulto a los condenados por los saqueos y destrucción durante las violentas protestas de 2019.
Este lunes 21 de marzo, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, anunció las primeras urgencias legislativas del Gobierno, y dio a conocer el anuncio de la suma urgencia al proyecto de Amnistía General a los presos del estallido social de 2019.
El proyecto de ley, deberá despachado en un plazo de 15 días por el Senado, y contempla la amnistía por los delitos cometidos entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020 en el marco de las protestas, y del cual quedarán excluidos quienes tengan antecedentes previos o hayan sido condenados por ciertos delitos, incluido el homicidio frustrado y el maltrato contra policías, según La Gaceta.
El 14 de octubre de 2019, los estudiantes secundarios y universitarios chilenos se organizaron para evadir masivamente el pasaje del metro de Santiago debido al incremento del precio del pasaje.
En tan solo una semana, las protestas se agravaron y comenzó la destrucción del metro y la suspensión del servicio.
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La policía chilena empezó a repeler a los manifestantes con gases lacrimógenos. Ese fue el origen de las protestas.
El día 19, en vista de los altercados y violencia a lo largo del país, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó el Estado de emergencia y luego el toque de queda, en diferentes ciudades.
Como resultado de las violentas protestas, los sectores políticos de Chile lograron establecer el 15 de noviembre de 2019, un acuerdo en el que el Gobierno del presidente Sebastián Pinera y la oposición se unieron para la realización de un plebiscito, en el que los ciudadanos decidieron luego, en abril de 2020, redactar una nueva Constitución.
Los detenidos por delitos cometidos durante las protestas
En cuanto a los detenidos durante las protestas, en el año 2020, a un año de iniciada la crisis social del 18 de octubre de 2019, el Ministerio Público informó 5.084 formalizados por delitos cometidos en ese contexto: atentados contra las estaciones del Metro de Santiago, saqueos, incendios, porte de artefactos incendiarios, desórdenes públicos y violencia institucional de agentes del Estado.
Salvo este último grupo -correspondiente a 75 imputados-, la mayoría de los ilícitos están incluidos en el indulto general por razones humanitarias que propone el proyecto de ley impulsado por senadores, en ese momento de oposición, y que hoy están en el poder.
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Los violentos cometieron delitos del Código Penal, por ejemplo, el artículo 121, que sanciona a quienes «se alzaren a mano armada contra el Gobierno legalmente constituido con el objeto de promover la guerra civil, de cambiar la constitución del Estado o su forma de gobierno».
También el art. 261, que castiga a quienes cometen «atentado contra la autoridad», así como el art. 268 sexies y septies, que hace lo mismo respecto de los que «mediante violencia o intimidación retuvieren o tomaren el control de un vehículo de transporte público de pasajeros».
En este lapso de tiempo algunos responsables de los actos de violencia fueron exonerados por la justicia chilena, aun en casos en que la fiscalía afirmó que los acusados se concertaron de común acuerdo para cometer un “atentado” en el metro.
En enero de este año, Gendarmería reveló a través de un informe el total de personas que se encuentran en prisión preventiva tras ser detenidas en el marco del estallido social del 2019.
El documento fue a pedido de la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), el cual recoge los hechos desde el 18 de octubre del 2019 hasta el 30 de marzo del 2021.
Un total de 1.255 personas fueron judicializadas por causas vinculadas a delitos realizados durante ese período, y de ellos 282 permanecen actualmente privadas de libertad, indica el texto.
Ya lo había anunciado en diciembre de 20121, Giorgio Jackson, de que con el nuevo gobierno socialista, se retirarían las querellas a los detenidos por la Ley de Seguridad del Estado durante el 18 de octubre del 2019, y se apelará a una ley de amnistía.
En el contexto de la revuelta del 18-O, distintos actores de las izquierdas comenzaron a levantar con gran fuerza la bandera de liberar a los que ellos llaman «presos políticos» de la revuelta y de la insurrección de La Araucanía.
Según estas voces, los que están condenados o procesados lo están por sesgos políticos.
“La realidad es que estos lo están por portar bombas molotov o similares, por incendiar el metro de Santiago -más de veinte estaciones quedaron completamente inutilizables en el periodo del 18-O-, por amagos a otros inmuebles, saqueos y hasta intentos de homicidios”, dijo la Fundación Jaime Guzmán.
En este contexto, la fundación explicó que las izquierdas radicales e insurreccionales, independiente de si están en el sistema de partidos o son extrainstitucionales, instalaron el relato de que esas expresiones son formas de hacer una lucha al sistema político.
El Partido Comunista -que se ha encargado de resaltar que es el partido más grande de la coalición del próximo gobierno- justamente ha presionado para que se avance en esta materia del indulto.
Giorgio Jackson, quien es hoy el coordinador político y mano derecha de Boric, y que devino en figura política tras las protestas estudiantes de 2011, también ha sido activo en empujar que esta moción se apruebe.
“Jackson y su postura sobre los «presos políticos» ha sido respaldado por rostros del Partido Comunista chileno”, según la fundación.
Boric el pasado 10 de enero hizo “un llamado enfático a los senadores” a que la ley de indulto se resolviera en el mes de enero, ‘esto no puede seguir esperando’”, enfatizó.
La izquierda del socialismo del siglo XXI chavista y el Foro de Sao Paulo
Lo sucedido en Chile no fue un hecho aislado. Una cadena de disturbios, saqueos, incendios y protestas comenzó a sacudir a América Latina en el 2019.
Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Honduras, Bolivia, sufrieron estos brotes de violencia de la izquierda.
Durante meses, turbas de la izquierda destrozaron las capitales (y otras ciudades) en Chile, y también en Colombia y Ecuador, y atacaron a las fuerzas del orden. En el caso de Chile, incendiaron iglesias, las saquearon y destrozaron su interior.
Diosdado Cabello, el número dos del régimen de Nicolás Maduro, celebró esa violencia.
Cabello reconoció estar «contento de ver lo que está ocurriendo en América, a mí sí me alegra que los pueblos despierten», mientras Santiago de Chile ardía por la destrucción del Metro, la quema de un edificio de electricidad y el saqueo de los supermercados.
Tanto Maduro como Cabello llamaron a esta destrucción producto de la violencia: “La brisa bolivariana que recorre la región”.
Según dijo, “Venezuela es una auténtica democracia, donde el pueblo tiene derecho a expresarse en elecciones y en la calle”.
Si en Colombia se llaman a sí mismos como la «primera línea», no son otra cosa que la versión colombiana de los llamados «colectivos» chavistas.
En el marco de las protestas en Chile, varias personalidades llamaron la atención de que no fueron hechos espontáneos.
La “violencia en Chile no es una respuesta del pueblo sino de grupos extremistas de izquierda con recursos de Venezuela. Identificaron autoridades a cubanos y venezolanos, a quienes dieron asilo,entre los responsables del incendio del metro de la capital chilena”, escribió en Twitter, el economista mexicano, Luis Pazos.
“Es inmensa la destrucción de bienes públicos y privados, miles de personas han perdido sus puestos de trabajo, la fuga de capitales es un hecho, se han derrumbado muchas pequeñas empresas, se frenaron la inversiones, la incertidumbre es muy grande, etc. Es forzoso repetir entonces que la crisis no alcanza a ser explicada por la lectura socio-económica de la desigualdad. Lo determinante es la dimensión política: ¡Hubo quienes se propusieron hundir a Chile en el caos para provocar un quiebre institucional!”, publicó Sergio Muñoz Riveros, en La Tercera.
El primer día del Estado de Emergencia y de toque de queda en Santiago, el sábado 19 de octubre de 2019, exmiembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela acusaron al Foro de Sao Paulo, un grupo de partidos y movimientos vinculados al ala izquierdista latinoamericana que se reunió en julio de 2019 en Caracas, de incentivar las manifestaciones en Chile y Ecuador.
El agitado escenario regional fue aprovechado también por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien denunció que Nicolás Maduro está detrás de las movilizaciones, y que financia diferentes grupos para «infiltrar» las manifestaciones en la región.
En todo caso, la agenda izquiedista en Chile avanza aceleradamente, tras las revueltas, la redacción de la nueva Constitución, y la asunción del Boric como presidente.
Este martes 15 de marzo, el Pleno de la Convención Constitucional chilena aprobó en particular el aborto libre, sin fecha límite de gestación, para la propuesta de la nueva Carta Magna. Asimismo, ratificó la Educación Sexual Integral (ESI), a pesar de que ambas iniciativas fueron rechazadas en el Congreso previamente.
«Así, es dable constatar que la izquierda no se cansa de impulsar iniciativas que vulneren la dignidad humana, en especial de aquellos más indefensos: los que están por nacer y los niños», dijo la Fundación Jaime Guzmán.
