Idaho se convirtió en el primer estado después de Texas en EE. UU., en aprobar una ley que prohibirá los abortos después desde la quinta semana de embarazo.
La Cámara de Representantes de Idaho votó, sin apoyo demócrata, por 51 votos a favor y 14 en contra, y el proyecto de ley se dirige ahora a la mesa del gobernador Brad Little. El Sr. Little, un republicano, que es probable que la firme.
Con fecha 14 de marzo, el proyecto de ley 1309 del Senado, llamado «Ley de protección del latido del feto y del niño prematuro», fue aprobado por el Senado estatal a principios de este mes y, con la aprobación de la Legislatura de Idaho, es probable que la aprobación final del proyecto sea inevitable.
La Ley de Protección del Latido del Feto y del Niño Prematuro prohibiría el aborto después de las seis semanas en Idaho, cuando a menudo se detecta el latido del corazón pero la mayoría no se da cuenta de que está embarazada y mucho antes de la viabilidad del feto.
El Caucus Republicano de Idaho emitió una declaración de aprobación del SB 1309, una prohibición del aborto al estilo de Texas:
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«Aunque la vida comienza en la concepción, un latido detectable es un indicador clave de la existencia de la vida», dijo el representante Steven Harris (Republicano de Meridian). «Este proyecto de ley garantiza que el pueblo de Idaho pueda defender nuestros valores y hacer todo lo posible para evitar la destrucción gratuita de la vida humana inocente», de acuerdo con el sitio estadounidense, Fatherly.
Además, el proyecto de ley de Idaho permitiría a los posibles miembros de la familia del feto, ya sea el padre, los hermanos, los tíos o los abuelos de un «niño prematuro», demandar al profesional médico que realizó el aborto.
El proyecto de ley prevé que se pueda abortar después de seis semanas en caso de emergencia, violación o incesto. Sin embargo, en este caso, «aunque un violador no podría presentar una demanda, sus familiares sí podrían”.
El proyecto de ley permite a una persona demandar al proveedor de abortos por un mínimo de 20.000 dólares en concepto de daños y perjuicios en los cuatro años siguientes al procedimiento.
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La ley actual de Idaho permite el aborto hasta que el feto es viable fuera del útero, entre las 22 y 24 semanas.
Al igual que el proyecto de ley de Texas que se aprobó y entró en vigor en septiembre de 2021, la ley de Idaho parece ser un desafío a la norma Roe v. Wade, y que según interpretaciones ha establecido un derecho constitucional al aborto al prohibir a los estados que prohíban los abortos antes de la viabilidad del feto, que es de aproximadamente 23 semanas.
«El Tribunal Supremo de EE.UU. ha permitido que la ley de Texas siga en vigor hasta que se decida una impugnación judicial sobre su fundamento», explica USA Today. «El Tribunal Supremo de Texas falló en contra de los proveedores de aborto la semana pasada, asestando lo que muchos consideran el golpe final a sus desafíos legales».
«El aborto no es un derecho constitucional», dijo la representante Rep. Barbara Ehardt. «El Tribunal Supremo en 1973 hizo algo que nunca estuvo permitido en primer lugar».
Marissa Morrison, portavoz del Gobernador Brad Little, dijo el lunes que el gobernador no había visto el proyecto de ley y que no hace comentarios sobre la legislación pendiente.
Aunque Little no se ha pronunciado todavía, se sabe que es pro-vida.
En 2021 se unió a una demanda colectiva para poner fin a la sentencia Roe v. Wade.
«Proteger la vida de los bebés prematuros siempre ha sido y seguirá siendo una de mis prioridades. También soy un defensor de la soberanía estatal. Mi decisión de unirme a esta demanda para proteger las vidas y los derechos de los estados refleja mi enfoque conservador de la interpretación constitucional. El «derecho» al aborto es una creación judicial. No es un derecho expresado en la Constitución de Estados Unidos. Pido al Tribunal Supremo de EE.UU. que aclare que no existe un derecho constitucional al aborto y que restablezca la soberanía estatal permitiendo a los estados regular todos los abortos de acuerdo con los principios de autogobierno democrático», dijo el gobernador Little.
Asimismo, el año pasado, Little firmó un proyecto de ley similar sobre el «latido del corazón del feto» que incluía una cláusula de activación que requería que un tribunal federal fallara a favor para que entrara en vigor. Esencialmente, si el tribunal federal anula el caso Roe v. Wade, el proyecto de ley completo entraría en vigor en Idaho sin tener que volver a pasar por los canales judiciales.
Jennifer M. Allen, directora general de Planned Parenthood Alliance Advocates, un grupo sin ánimo de lucro que trabaja en Idaho y otros cinco estados, le instó a rechazarla.
«El gobernador Little debe hacer lo correcto, escuchar a la comunidad médica y vetar esta legislación antes de que obligue a las pacientes de Idaho a salir del estado para recibir atención crítica y urgente o a quedarse embarazadas en contra de su voluntad», dijo en un comunicado.
Los datos han demostrado que desde que la prohibición de Texas entró en vigor en septiembre, los abortos en Texas se redujeron en un 60%.
Para de The New York Times, a pesar de la prohibicion de los abortos, “la necesidad” de abortos no ha disminuido.
“Algunas clínicas de los estados vecinos han visto un aumento del 800% en la demanda de abortos, ya que las mujeres cruzan las fronteras del estado para el procedimiento», informó The New York Times.
Aunque los legisladores de Idaho adoptaron la novedosa estrategia de aplicación de la ley de Texas, también introdujeron varios cambios significativos en la legislación.
La versión de Idaho del proyecto de ley reduce la lista de personas que pueden demandar y ser demandadas.
A diferencia del proyecto de ley de Texas, que permite demandar a cualquiera que ayude a facilitar un aborto, desde la recepcionista que programa el procedimiento hasta el conductor de Uber que lleva a la paciente a su cita, la ley de Idaho sólo permite demandar a los proveedores de abortos. Se les puede demandar hasta cuatro años después del aborto, según The Washington Post.
La legislación de Idaho sólo puede ser aplicada por los miembros de la familia, incluido el padre del feto, y los hermanos, abuelos y tíos del feto, a diferencia de cualquier ciudadano particular en cualquier lugar de Estados Unidos, como ocurre en la ley de Texas.
En base a estadísticas se sabe que el número de abortos después del primer trimestre es relativamente pequeño.
Los Centros para el Control y la Prevención de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que el 65 por ciento de los abortos legales se producen dentro de las primeras ocho semanas de gestación, y el 91 por ciento son se realizan dentro de las primeras 13 semanas. Sólo el 1,4 por ciento ocurren a las 21 semanas o después (CDC, 2014).
En el 2019, la mayoría de los abortos en 2019 se produjeron en etapas tempranas de la gestación: el 92,7% de los abortos se realizaron en ≤13 semanas de gestación; un número menor de abortos (6,2%) se realizaron entre las 14 y 20 semanas de gestación, y aún menos (<1,0%) se realizaron en ≥21 semanas de gestación.
Entre 54.000 y 63.000 abortos ocurren anualmente despues de las 15 semanas de embarazo, según la ONG Guttmacher.
Si el gobernador Little firma la nueva «Ley de Protección del Latido del Feto y del Niño Prematuro», entraría en vigor 30 días después, lo que significa que podría ser ley a mediados del próximo mes de abril.
O sea, entraria en vigor varios meses antes de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la prohibición del aborto de 15 semanas en Misisipi, en un caso que podría anular o debilitar significativamente el caso Roe contra Wade, la histórica sentencia de 1973 que garantizó el derecho al aborto.
Mientras esperan el fallo del Tribunal Supremo, los legisladores republicanos de al menos 12 estados han presentado proyectos de ley inspirados en la prohibición de Texas, que emplea la estrategia jurídica muy poco habitual de facultar a los ciudadanos privados para demandar a cualquiera que ayude a facilitar un aborto después del límite legal.
