El Tribunal Supremo de Brasil ordenó la suspensión de la plataforma social Telegram y la prohibición de operar en el país hasta que cumpla con las órdenes judiciales pendientes.
El juez Alexandre de Moraes ordenó a los proveedores de Internet y de servicios de telefonía móvil que inutilizaran Telegram en el país y ordenó a Apple y Google que retiraran la aplicación de sus tiendas de aplicaciones móviles. Dio a las empresas cinco días para cumplir la orden.
Según el fallo de Moraes, Telegram ha incumplido repetidamente el bloqueo de cuentas infractoras y ha ignorado las decisiones del tribunal.
En un comunicado a última hora del viernes 18 de marzo, el fundador y consejero delegado de Telegram, Pavel Durov, dijo en un comunicado en su canal de Telegram que hubo «un problema» con los correos electrónicos entre Telegram y el Tribunal Supremo de Brasil, y pidió a la corte que considerara retrasar su decisión unos días para permitir a la compañía «remediar la situación».
«En nombre de nuestro equipo, pido disculpas al Tribunal Supremo de Brasil por nuestra negligencia. Definitivamente podríamos haber hecho un mejor trabajo», dijo Durov.
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El juez Alexandre de Moraes, está encargado de investigar la causa conocida como “Fake News”, un proceso judicial iniciado para perseguir a Bolsonaro y a sus ministros bajo la absurda carátula de divulgar noticias falsas contra el Poder Judicial, algo que podría se quiere hacer pasar por un delito, según Derecha Diario.
Según este medio son jueces izquierdistas alineados a Lula da Silva.
El presidente Jair Bolsonaro, el pasado viernes 18 de marzo, calificó de «inadmisible» el bloqueo de Telegram.
“Lo que está en juego, después de todo, es nuestra libertad”, dijo Bolsonaro. Agregó que en verdad, afecta “nuestra vida”, porque “un hombre o una mujer sin libertad, no tiene vida”, según un video compartido por UOL.
Varias publicaciones del mandatario y sus seguidores han sido eliminadas de redes como Twitter, Facebook o YouTube al ser consideradas falsas o engañosas.
Telegram no había respondido a las solicitudes del juez Alexandre de Moraes para bloquear perfiles señalados como “difusores de información falsa”, entre ellos el del prestigioso periodista y seguidor de Bolsonaro, Allan dos Santos.
Según de Moraes, la Policía Federal le pidió a la Corte esta acción, ya que a pesar de que ellos tienen intervenidas todas las redes sociales para censurar los mensajes ‘bolsonaristas’, muchas de estas personas eluden la censura utilizando la red social Telegram.
El ministro de Justicia brasileño, Anderson Torres, también publicó su opinión en Twitter, calificando la decisión de de Moraes de «monocrática».
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«Millones de brasileños están siendo repentinamente perjudicados por una decisión monocrática», escribió. «Ya he determinado a varios sectores de [el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública] que estudien inmediatamente una solución para restablecer el derecho de las personas a utilizar la red social que deseen».
En Brasil 70 millones de personas usan Telegram, indicó el Presidente Bolsonaro, y dijo que lo usan para comunicarse con sus familiares, incluso cuando tiene algún paciente en el hospital.
Por ello Bolsonaro cuestionó que por la decisión de una sola persona, un ministro de la corte, que estimo que Telegram no bloqueo a una o dos personas que él tiene en su mente que deben ser bloqueadas, “se afecten 70 millones de brasileños.
Disputa electoral
El bloqueo de Telegram afecta directamente al presidente Jair Bolsonaro porque esta aplicación se ha convertido en el principal canal de comunicación con su base electoral.
Bolsonaro tiene casi 1,1 millones de seguidores en la aplicación. Su principal competidor en la carrera presidencial de 2020, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tiene menos de 50.000.
“La decisión de suspender Telegram significa que el Tribunal Supremo entra en las elecciones con los dos pies. Ninguna decisión monocrática de esta magnitud se toma sin el conocimiento de los demás jueces (o de casi todos). Es arriesgado, pero revela las armas de la disputa electoral”, dijo en Twitter, Dimitri Sales, Presidente del Consejo Estatal de Defensa de los Derechos de la Persona Humana del Estado de São Paulo.
Agregó que la injerencia del poder judicial en los procesos electorales está siendo un riesgo.
De acuerdo con New York Times:
“Moraes se ha convertido en uno de los mayores oponentes políticos del Sr. Bolsonaro, supervisando una serie de investigaciones y emitiendo órdenes judiciales que apuntan al presidente, sus aliados y su estrategia política”.
Mientras otras aplicaciones como WhatsApp, uno de los principales competidores de Telegram, introdujo cambios para limitar la difusión de la “desinformación” como limitar el tamaño de los chats de grupo y el número de veces que se puede reenviar un mensaje, Telegram mantiene un enfoque no intervencionista, y permite a los usuarios emitir mensajes a miles de personas a la vez.
Por esa razón Telegram es una aplicación especialmente popular entre los usuarios de derechas o conservadores de todo el mundo, que se alegan de que las redes sociales más convencionales censuran sus opiniones.
¿En este contexto bien podríamos preguntarnos qué es “desinformación”?
En medio de la creciente preocupación por la propagación de la “desinformación” en las redes sociales, los gobiernos se esfuerzan cada vez más por regular las plataformas, y ello ocurre sobre todo en las democracias en las que existe la protección de la libertad de expresión.
En países autoritarios como China es habitual la censura y las medidas drásticas contra las plataformas de Internet, pero el bloqueo de una aplicación tan popular en todo un país es inusual en una democracia como la brasileña.
“¡Increible! #STF Vergüenza Nacional”, escribió en Twitter el usuario, @Jufuller1
Desde el punto de vista de la izquierda que refleja New York Times, “Telegram se ha convertido en un semillero de desinformación en todo el mundo, en parte porque elimina menos contenido en su aplicación que otras redes sociales e incluye funciones que facilitan la difusión de información a gran distancia y con rapidez”.
En las elecciones de 2018, el popular servicio de mensajería WhatsApp de Facebook se convirtió en un campo de batalla político en las polarizadas elecciones de Brasil.
Disputadas entre Bolsonaro y el izquierdista Fernando Haddad, WhatsApp que tenía más de 120 millones de usuarios en Brasil, un país de casi 210 millones de habitantes, permitía en ese momento compartir mucha información que no aparecía en otros medios o aplicaciones, por supuesto mucha información se transmite en forma de ‘bulos’, que hoy es considerado como desinformación. ¿Qué decían, por ejemplo, los votantes en 2018 en WhatsApp?.
Presentabana a “Haddad como un comunista cuyo Partido de los Trabajadores convertiría a Brasil en otra Cuba, convertiría a los niños a la homosexualidad y planea amañar las máquinas de votación”, según Reuters.
Bolsonaro, se opone al comunismo, y es muy crítico con la dictadura cubana.
Por su parte, Procuraduría General de la Unión (AGU), en reacción a la decisión del juez Alexandre de Moraes, presentó una petición ayer al Tribunal Supremo, debido al incumplimiento de varias decisiones de Moraes que ordenaron el bloqueo de canales vinculados al bloguero bolsonarista Allan dos Santos en Telegram, y que Telegram no hizo.
AGU argumentó que el artículo 12 del Marco Civil utilizado por el juez de Moraes, “no sirve para fundamentar la medida”, ya que se remite a los artículos 10 y 11, que tratan de la preservación de la intimidad, la vida privada, el honor y los derechos a la privacidad, la protección de datos personales y el secreto de las comunicaciones privadas.
Así, las sanciones del artículo 12 serían de carácter administrativo, aplicables, por tanto, tras un procedimiento administrativo, y no en el ámbito judicial.
La AGU es una Institución prevista por la Constitución Federal, y tiene el carácter de Función Esencial de la Justicia, no estando vinculada, por tanto, a ninguno de los tres Poderes que representa.
En el pasado, el juez de Moraes votó a favor de anular las condenas del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) en el ámbito del caso más grande corrupción en ese país, el caso Lava-Jato, por las que Lula había sido acusado, procesado, condenado, y estaba preso cumpliendo las condenas.
Lula fue encontrado culpable, y se le condenó a 12 años y un mes de prisión por corrupción y lavado de dinero, en el caso del triplex de Guarujá (SP). Fue encarcelado después de que la condena fuera confirmada por la segunda instancia del Tribunal Federal.
El año pasado de Moraes ordenó la detención del periodista Allan dos Santos, el que ahora quiere prohibir en Telegram, por “difundir información falsa”. Sin embargo, Allan dos Santos se encontraba en Estados Unidos y hasta el momento no fue aprehendido, aunque hay una orden para su extradición.
