En Argentina se abrió un frente de conflicto entre el gobierno y el sector agropecuario luego de que se decidiera esta semana el cierre de las exportaciones de harina y aceite de soja.
El pasado domingo, 13 de marzo, el gobierno cerró el registro de exportaciones para la harina y el aceite de soja para evitar que las aceiteras continúen anotando negocios.
La decisión que es considerado como un “manotazo” o nueva intervención del Gobierno en los mercados, implicaría un costo muy elevado para los productores y una recaudación adicional para el gobierno que podría suponer “unos 450 millones de dólares”, es decir un 0,9% del PBI, según el medio Ámbito.
La harina y el aceite son los principales subproductos industriales de la soja. Esos dos cultivos, hasta ahora, tributan al 31%.
“El cierre al registro de exportadores, que impide a los exportadores apurar los trámites de ventas al exterior para extender esa alícuota operaciones futuras hace prever que se llevará al 33% el tributo”, según Infobae.
Success
You are now signed up for our newsletter
Success
Check your email to complete sign up
Esos dos puntos de diferencia lucen montos pequeños en las cuentas públicas, pero es que el agro aportó 10.000 millones de dólares en retenciones y ahora podrían sumarse más de 400 millones adicionales lo que significa para el sector agroindustrial un elevado costo.
Desde el gobierno se insiste que eventualmente eliminar el incentivo de los dos puntos diferenciales para la harina y el aceite de soja, “no es subir las retenciones”.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, durante una exposición ante el Senado de la Nación, se refirió a los efectos de la guerra en Ucrania en la suba de precios en el mercado interno y descartó que se esté pensando en subir las retenciones. “El objetivo es encontrar un equilibrio entre los incentivos a la producción y el impacto en la inflación interna”, dijo.
La portavoz Gabriela Cerruti explicó que el presidente Alberto Fernández está preocupado en detener las subas de precios que se están dando en el contexto internacional.
La recaudación adicional del gobierno sería destinada para sostener el precio del trigo y el maíz.
El 30 por ciento de las exportaciones de este año corresponden al complejo sojero, que en 2021 había aportado 9.000 millones de dólares al Tesoro.
Reacciones a las medidas que anuncia el gobierno
Desde la Mesa de Enlace que aglutina las entidades del campo, rechazaron el cierre de exportaciones de harina y aceite de soja y convocaron al Congreso a “poner un orden institucional sobre la legislación en materia de retenciones”, de acuerdo con Infocampo.
El sector ya estaba en pie de guerra desde que comenzaron a escucharse los rumores de una suba de retenciones al trigo y al maíz, del 12 al 24%. Para los productores el cierre es un anticipo de la suba de las retenciones.
El viernes pasado, 11 de marzo, las cuatro entidades rurales emitieron un duro documento al respecto. “No hay ningún margen para que sigan expoliando a los productores”, advirtieron.
Además, dijeron que van a defender sus derechos, como lo hicieron “hace 14 años”, subrayó la Mesa de Enlace en un comunicado.
Con ello, los productores se refieren al 11 de marzo de 2008, cuando se anunció la resolución 125 que imponía las retenciones móviles y que derivó en una protesta del campo que duró cuatro meses y pasó a la historia.
Los productores ya iniciaron algunas protestas en ese sentido.
“Pocas horas después de conocida la medida, en el cruce de las rutas A-012 y 34, cerca de Rosario (Santa Fe), un grupo de chacareros se reunió, cortó de manera simbólica el tránsito por 10 minutos y elevó la propuesta de hacer una gran protesta masiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), para que los reclamos sean escuchados por el Gobierno nacional”, reportó Infocampo.
Por otro lado, desde Juntos PBA, que es actualmente el mayor espacio político opositor en Argentina, criticaron al gobierno por su decisión y por carecer de un plan claro para enfrentar la inflación en el contexto actual.
“El Kirchnerismo quiere cerrar exportaciones de aceite y harina de soja y subir las retenciones. Estas medidas son inconstitucionales, atentan contra la producción y la generación de empleo y divisas que necesita el país. No los vamos a dejar destruir Argentina”, compartió en Twitter, a senadora, Lorena Petrovich.
En el mismo sentido se expresó el abogado y senador, Walter Lanaro:
“La inflación golpea fuerte y el desconcierto del gobierno agrava la situación. El alza de precios va de la mano de la falta de un plan y de políticas que promuevan la producción, la exportación y el crecimiento”, compartió en Twitter.
Para los legisladores, la falta de un plan del gobierno se traslada como imprevisibilidad para el sector de los productores agropecuarios.
“Charlamos acerca de la actualidad del sector productivo y del cambio de las reglas de juego que provocan una falta de previsibilidad. Necesitamos reglas claras para que empresas como éstas sigan apostando y generando laburo de calidad”, indicó en Twitter, el senador Alejandro Rabinovich.
En el mes de febrero la inflación en Argentina llegó al 4,7%, y si a este valores le suma la inflación de enero nos da un 8,8%.
En los últimos 12 meses la inflación acumula un 52,3%.
Ante el imparable aumento de la inflación, el gobierno anunció que el próximo viernes 18 de marzo comenzarán a aplicarse las medidas para contenerla, pero el anuncio también generó muchas dudas acerca de la real capacidad del gobierno para lograr su objetivo.
“Les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra: la guerra contra la inflación en la Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden”, dijo Fernández al encabezar un acto en el municipio bonaerense de Malvinas Argentinas, según La Voz.
La frase usada por Fernández para anunciar las medidas de inmediato fue considerada desafortunada.
La frase de Fernández resonó en la Unión Industrial Argentina (UIA). “Hay que hacerle una guerra a la inflación, coincidimos con el señor Presidente, hay que ordenar la macroeconomía”, dijo Miguel Ángel Rodríguez, el secretario de la central.
El titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, recordó que los empresarios, para bajar los precios de los alimentos, propusieron que se reduzca la carga impositiva. “Hemos auspiciado una reducción de la presión fiscal sobre el costo de los alimentos, que tienen casi el 40%, entre Nación, provincias y municipios, y casi el 50% en las bebidas”, ratificó Funes de Rioja.
Con la medida contra el sector exportador sojero la credibilidad del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner también quedó lesionada.
Fue esta dupla y el propio Guzmán los que restablecieron esos dos puntos de diferencia en los derechos de exportación a poco de iniciado su mandato, en octubre de 2020. (…) hace menos de dos años consideraba que era justo que el aceite y el harina de soja tributaran menos que el poroto sin procesar, ahora desanda el camino y penaliza las exportaciones de todos el complejo sojero por igual, sin establecer diferencias y con una tasa máxima de 33%”, reportó Infobae.
