El martes 8 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la prohibición de todas las importaciones de petróleo y otros productos energéticos rusos en Estados Unidos, como represalia por la invasión rusa de Ucrania.
Biden hizo el anuncio en una conferencia de prensa en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca diciendo: «No seremos parte de la subvención de la guerra de Putin», añadiendo que la medida es un «poderoso golpe» que golpea «la principal arteria de la economía rusa»
El año pasado, Estados Unidos importó unos 200.000 barriles diarios de crudo ruso y unos 400.000 barriles diarios de otros productos refinados como fuel y destilados. Las importaciones representan alrededor del 10% del consumo diario de Estados Unidos. El gobierno de Biden confía en poder encontrar fuentes alternativas sin que la economía estadounidense sufra más, pero no ha dado detalles significativos.
Biden también dijo que los estadounidenses tendrán que prepararse para nuevos aumentos en el surtidor de gasolina. «Defender la libertad va a costar», dijo Biden.
La acción se produce después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Selensky, pidiera a Estados Unidos y a otros funcionarios occidentales que cortaran las importaciones de energía de Rusia, lo que se consideraba una omisión flagrante en las sanciones sin precedentes que actualmente asfixian a la economía rusa.
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Hasta la fecha, las exportaciones de energía han mantenido un flujo constante de ingresos hacia Rusia a pesar de las severas restricciones impuestas a su sector financiero.
También se han prohibido las nuevas inversiones estadounidenses en el sector energético de Rusia, según una declaración publicada en el sitio web de la Casa Blanca, y a los estadounidenses «también se les prohibirá financiar o permitir a las empresas extranjeras que realicen inversiones para producir energía en Rusia».
Para aminorar el golpe a la economía estadounidense, la administración Biden se ha comprometido a liberar más de 90 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo este año fiscal, además de una venta de emergencia de 30 millones de barriles que se anunció la semana pasada.
Además, la administración Biden, en consulta con los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), acordó una «liberación colectiva de 60 millones de barriles iniciales de petróleo crudo de nuestras reservas estratégicas de petróleo».
Los precios del petróleo en la administración Biden siguen subiendo
Inmediatamente después del anuncio, los precios del crudo WTI y del Brent se dispararon hasta los 126,90 y 131 dólares, respectivamente, y se esperan nuevas subidas en los próximos días y semanas.
Michael Tran, estratega de energía del Royal Bank of Canada, comentó el martes en una nota a sus clientes: «¿Hasta dónde pueden llegar los precios del petróleo? Elija una cifra. Este es un mercado en desorden», informó la Canadian Broadcasting Corporation (CBC), la agencia de noticias financiada por el Estado canadiense.
Incluso sin la prohibición del crudo ruso por parte de Estados Unidos, los precios iban a subir a niveles nunca vistos. Los analistas empiezan a advertir que no es imposible que el crudo alcance los 200 dólares este año, mientras que otros ven que el petróleo se acercará a los 300 dólares por barril en los próximos años.
El 8 de marzo, el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, advirtió que los precios del petróleo se dispararían hasta al menos 300 dólares por barril si Occidente prohibía el crudo ruso. El lunes, en un discurso en la televisión estatal rusa, Novak dijo que una prohibición crearía «consecuencias catastróficas para el mercado global», informó CNBC.
Los comentarios de Novak suponen que Europa promulgue una prohibición similar, pero debido a la dependencia de Europa de los productos energéticos rusos, una prohibición total se considera muy poco probable.
El precio medio de la gasolina en las gasolineras de Estados Unidos alcanzó un récord el martes, con una media nacional de 4,17 dólares por galón, según la AAA. El récord anterior era de 4,10 dólares, establecido en 2008, justo antes de la recesión y la crisis inmobiliaria nacional.
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