El regulador financiero federal de Canadá, el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC), que se encarga de rastrear e interrumpir la financiación de las organizaciones terroristas, entre otras cosas, dijo el 25 de febrero que las donaciones que llegaron a las campañas de crowdfunding para el Convoy de la Libertad eran «inofensivas» y que las donaciones parecen ser una «efusión honesta de apoyo público».
Barry MacKillop, Director Adjunto de Inteligencia de FINTRAC, refiriéndose a las decenas de miles de canadienses y estadounidenses que donaron a las campañas, dijo que «creo que sólo querían apoyar la causa».
Estos comentarios contrastan con la forma en que el gobierno de Trudeau ha caracterizado a las personas que han donado a las campañas creadas por los organizadores de las protestas en GoFundMe y GiveSendGo.
El gobierno canadiense, junto con la Corporación Canadiense de Radiodifusión (CBC), financiada por el Estado, y otros medios de comunicación corporativos canadienses fuertemente subvencionados por el gobierno, como Global News y CTV, estaban impulsando la narrativa de que las protestas estaban «financiadas por el extranjero».
Los medios de comunicación repetían los comentarios del Ministro de Preparación para Emergencias de Canadá, Bill Blair, quien dijo el 16 de febrero que las protestas estaban «financiadas en gran medida por el extranjero» y que eran un «ataque dirigido y coordinado».
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«No dejaremos que ninguna entidad extranjera que pretenda hacer daño a Canadá o a los canadienses erosione la confianza en nuestras instituciones democráticas, ni que cuestione la legitimidad de nuestra democracia», dijo Blair en aquel momento.
Los comentarios provocaron que el consultor de seguridad y ex analista de inteligencia del CSIS y el CSE, Phil Gurski, dijera: «Es una acusación tremenda. Es una acusación bastante alarmante de que lo que empezó como una protesta -si se cree en ella o no es irrelevante, la gente tiene derecho a protestar según la carta- es en realidad una amenaza a nuestra soberanía como nación».
Más tarde se determinó que la mayoría de los donantes de las campañas de crowdfunding eran efectivamente canadienses, seguidos por ciudadanos del aliado más cercano y mayor socio comercial de Canadá, Estados Unidos, después de que se filtraran en Internet datos obtenidos ilegalmente que detallaban la actividad de los donantes.
Las protestas que estallaron en Canadá a finales de enero hicieron que el gobierno de Trudeau invocara la nunca antes utilizada Ley de Emergencias para sofocar las concentraciones pacíficas y dio a las autoridades «herramientas» para atacar las finanzas de los manifestantes.
La invocación de la ley otorgó al gobierno de Trudeau el poder sin precedentes de congelar arbitrariamente las cuentas bancarias de los ciudadanos canadienses sin una orden judicial y, en esencia, puso a todos los canadienses bajo la ley marcial.
Chrystia Freeland, viceprimera ministra de Canadá, declaró el 14 de febrero: «Los bloqueos ilegales han puesto de manifiesto el hecho de que las plataformas de crowdfunding y algunos de los proveedores de servicios de pago que utilizan no están plenamente contemplados en la Ley de ganancias por delitos y financiación del terrorismo», dando a entender que los donantes de las campañas de crowdfunding estaban participando en actividades terroristas.
Aunque la Ley de Emergencias ha sido revocada desde entonces -supuestamente porque las medidas no iban a ser aprobadas por el Senado de Canadá- Freeland dice que ciertas herramientas promulgadas bajo las medidas temporales se convertirán en permanentes.
«Algunas de esas herramientas las presentaremos para ponerlas en marcha de forma permanente. Creo que las autoridades de FINTRAC deben ampliarse para cubrir las plataformas de crowdsourcing y las plataformas de pago», dijo Freeland en una entrevista en Zoom.
