El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad a Venezuela irá tras Nicolás Maduro como máximo responsable de los crímenes.
La investigación por la sospecha de delitos de lesa humanidad derivará en “procesos mucho más contundentes” que tendrán como objetivo “la cabeza de esos crímenes, que ha sido Nicolás Maduro”, aseguró el presidente de Colombia.
Las pesquisas que actualmente realiza la CPI en el caso de Venezuela abordan presuntos abusos de las fuerzas de seguridad contra miembros de la oposición en manifestaciones y en cárceles desde abril de 2017.
“Lo que nosotros queremos es que esa investigación avance, avance en sanciones”, expresó Duque, y añadió, “Porque estamos hablamos de la peor dictadura que ha visto América Latina en tiempos recientes”, agregó desde la sede de la Corte Penal Internacional (CPI).
Duque ofreció estas declaraciones a los medios en las afueras de la CPI, en la ciudad neerlandesa de La Haya, después de recibir el respaldo de la corte por la lucha colombiana contra la impunidad, y tras realizar reuniones con el Presidente de la CPI, Piotr Hofmański, el Secretario Judicial, Peter Lewis, y con el Fiscal Karim A. Khan.
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6 países solicitan investigación de la CPI a Maduro por delitos de lesa humanidad
Colombia fue uno de los seis países que en septiembre de 2018 remitió la situación venezolana a la CPI.
En ese momento, los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá presentaron una carta sellada por los líderes de sus respectivos países solicitando la intervención de la Corte.
En 2020, la Fiscalía concluyó que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, particularmente en el contexto de la detención, en Venezuela desde al menos abril de 2017.
El 3 de noviembre de 2021, la Fiscal anunció que el examen preliminar había concluido con la decisión de continuar con las investigaciones, lo que significó pasar de la fase de examen preliminar a una investigación formal.
Hubo antecedentes para llegar a esa instancia
La carta de los los seis países que en septiembre de 2018 remitieron la situación de Venezuela a la CPI fue acompañada de informes elaborados por expertos internacionales en los que se documentan procesos extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias en el marco de las protestas antigubernamentales a partir del 12 de febrero de 2014.
El 12 de febrero de 2014, miles de personas en toda Venezuela participaron en marchas y manifestaciones públicas en protesta a las políticas socialistas del régimen de Nicolás Maduro.
En Caracas y varias otras ciudades, se produjeron enfrentamientos violentos entre miembros de fuerzas de seguridad gubernamentales y manifestantes.
Luego de esa fecha las manifestaciones continuaron y la cantidad de víctimas y detenciones siguieron en aumento, como constató Human Rights Watch, en una investigación ese año.
En noviembre de 2017, Human Rights Watch transmitió a la Fiscalía de la CPI sus conclusiones sobre los abusos sistemáticos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
El 31 de diciembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el Informe titulado «Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela”, en el que se resalta “la debilidad en la institucionalidad democrática y el deterioro progresivo de la situación de derechos humanos en Venezuela, las cuales se profundizaron e intensificaron significativamente desde el 2015 y de manera alarmante en el 2017.
Recordemos que el año 2017 Venezuela fue escenario de cruentas protestas en las que la población venezolana salió a las calles asfixiada por las políticas socialistas de Maduro que condujeron a una exacerbada escasez de comida, una inflación desenfrenada y la creciente inseguridad, y por la suspensión de un referendo revocatorio contra Maduro.
El 8 de febrero de 2018, la Fiscalía de la CPI había dispuesto que se abriera un “examen preliminar» para analizar si, al menos desde abril de 2017, se han cometido en Venezuela crímenes de competencia de la Corte en el marco de manifestaciones y de la inestabilidad política conexa. A tal efecto, la Fiscalía consideró la información que le fue proporcionada meses atrás por la Fiscal General destituida de Venezuela, señora Luisa Ortega.
Un informe de la ONU concluyó que entre julio de 2015 y marzo de 2017, las fuerzas de seguridad fueron responsables por la muerte de 505 personas, incluyendo 24 menores de edad. En algunos casos, se trató de ejecuciones extrajudiciales.
La carta de los 6 países asimismo adjuntó el “Informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y del Panel de Expertos Independientes sobre la Posible Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela», del 29 de mayo de 2018.
En el análisis del panel de expertos, consta una evaluación detallada en relación a como si se habría configurado una situation de comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, a partir de ataques generalizados o sistemáticos contra una parte de la población civil de ese pals constituida por la oposición al gobierno del Presidente Nicolás Maduro.
Se explica además pormenorizadamente la forma en que se habrían materializado diversos supuestos de crímenes de lesa humanidad, incluyendo en cada uno de dichos supuestos referencias sobre casos concretos que ejemplifican la existencia de aquellos.
“Un aspecto particularmente dramático estaría dado por la realización de detenciones arbitrarias, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, abusos sexuales y violaciones, atentados flagrantes contra el debido proceso, en perjuicio de personas de ambos sexos, algunas de las cuales serían, incluso, menores de edad. Al mismo tiempo, se plantearía una acción sistemática contra varones jóvenes entre 15 y 30 años, a los que, sin justificación, se les detendría o llevaría fuera de sus casas para acusarlos de actos que no habrían cometido o asesinarlos aduciendo que opusieron resistencia”, menciona la carta.
Las acciones generales o sistémicas se inscribirían en la existencia de planes de seguridad (como el denominado Zamora) diseñados por el régimen de Nicolás Maduro.
Los crímenes de lesa humanidad que habrían sido objeto de constatación por el panel de expertos internacionales comprenden:
(i) el asesinato;
(ii) la encarcelación u otra privación grave de la libertad física;
(iii) la tortura;
(iv) la violación;
(v) la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos; y (vi) la desaparición forzada de personas.
Más tarde, en junio de 2018, se presentó el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) titulado “Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”.
Este informe que también se incorporó al expediente de la CPI contiene ciento cincuenta (150) entrevistas con víctimas y testigos, al igual que con representantes de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos y universitarios.
De igual manera muestra evidencias de las violaciones de los derechos humanos cometidos las autoridades estatales desde agosto de 2017, como el uso excesivo de la fuerza en operaciones de seguridad no relacionadas con las protestas, la práctica reiterada de las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos, y la vulneración de los derechos al disfrute del más alto nivel de salud y a una alimentación adecuada.
Además, el Informe documenta otras violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, cometidas por las autoridades estatales desde 2014.
Venezuela es el primer país de América Latina en el que la Corte Penal Internacional abrió una investigación formal.
Además, es la primera vez que varios gobiernos remiten la posible comisión de crímenes ocurridos completamente en el territorio de otro país.
