La elevada corrupción en Latinoamérica continúa socavando la democracia y los derechos humanos apuntalando una tendencia creciente de autoritarismo en la región, según un reciente informe.
Mientras los esfuerzos anticorrupción se estancaron en todo el mundo, los derechos humanos y la democracia también están bajo ataque, afirma esta nueva edición del indicador de Transparencia Internacional publicado el pasado 25 de enero, en Alemania.
Este año la región de Latinoamericana incluye 20 países “que no muestran cambios estadísticamente significativos en sus niveles de corrupción”.
En una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy limpios), en los últimos 10 años, solo Guyana (puntuación del IPC: 39) y Paraguay (30) lograron mejoras notables, mientras que solo Uruguay (73) se mantiene estable.
Barbados (65) se encuentra entre los 5 mejores países de este continente, junto con Canadá (74), Uruguay (73), Chile (67), Estados Unidos (67).
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Transparencia Internacional identificó que los países que vulneran las libertades civiles obtienen de forma consistente puntuaciones más bajas en el IPC.
“La complacencia en la lucha contra la corrupción da pie a violaciones de derechos humanos de mayor gravedad y socava la democracia, detonando así una espiral viciosa. Conforme se erosionan los derechos y las libertades y se debilita la democracia, el autoritarismo avanza, lo cual contribuye a aumentar aún más la corrupción”.
Durante el año 2021 “la región sufrió graves ataques a las libertades de expresión, prensa y asociación, que son derechos civiles y políticos fundamentales necesarios para construir democracias sanas y libres de corrupción”.
Venezuela, Haití y Nicaragua, “estados no democráticos que experimentan crisis humanitarias”, obtuvieron los puntajes más bajos con 14, 20 y 22 puntos, respectivamente.
El nuevo informe de Transparencia Internacional señala que en el caso de Venezuela (14), El Salvador (34) y Guatemala (25), los gobiernos utilizaron la intimidación, la difamación, las noticias falsas y los ataques directos contra organizaciones de la sociedad civil, periodistas y activistas, incluidos los que luchan contra la corrupción, como una forma de desacreditar y silenciar a los críticos.
Venezuela
Venezuela registró un punto menos que en el año anterior y alcanzó apenas 14 puntos, con lo que sigue siendo el país peor evaluado en las Américas, y su calificación lo coloca entre los tres más bajos desempeños a nivel global.
En Venezuela “la gran corrupción ha causado graves violaciones a los derechos sociales, incluyendo la educación, la salud y la alimentación. Asimismo, el sistema judicial se ha convertido en un instrumento de represión contra la disidencia y voces críticas. En los últimos años han aumentado los presos políticos, las detenciones arbitrarias y las restricciones a las libertades fundamentales. El bloqueo de información pública, la ausencia de rendición de cuentas por parte de entes estatales y de un sistema de justicia independiente crean un espacio donde las violaciones de derechos humanos se invisibilizan y permanecen impunes”, señala el análisis.
Recientemente la ONU identificó patrones de violaciones y crímenes que eran parte de un ataque generalizado y sistemático, los cuales constituyen crímenes de lesa humanidad, realizados por el régimen socialista de Nicolás Maduro, según La Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela.
En noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan anunció su decisión de iniciar una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Chile
Chile, considerado entre las tres de las democracias más fuertes de la región junto con Estados Unidos, y Canadá , este año muestra una caída con una puntuación del IPC de 67.
De acuerdo con la representación de Transparencia Internacional en Chile, “los altos niveles de corrupción están fuertemente correlacionados con la vulneración de libertades civiles fundamentales como el derecho de reunión y la libertad de expresión. Menos libertades civiles hacen más difícil luchar contra la corrupción”.
Entre las prioridades establecidas por este país para avanzar en la lucha contra la corrupción se encuentran:
1- Considerar la corrupción como un delito contra la democracia
2- Establecer como causal de pérdida de ciudadanía haber sido condenado por delitos
de corrupción
3- Establecer integridad y transparencia como principios del Estado
4- Dar autonomía constitucional al órgano garante de acceso a la información y mantener la autonomía de la entidad fiscalizadora superior
Actualmente, Chile está redactando su nueva Constitución. De acuerdo con Transparencia Internacional en este marco ese país tiene una oportunidad única para fortalecer sus instituciones y terminar con su período de estancamiento en cuanto al enfrentamiento a la corrupción, si incorpora medidas anticorrupción y fortalece el derecho de acceso a la información en su propuesta de la nueva Carta Magna.
Sin embargo, entre los chilenos existe también incertidumbre sobre el actual proceso de la Convención Constituyente (CC) por su composición mayoritariamente socialista.
El pasado 5 de enero la Convención Constituyente de Chile eligió a la investigadora de izquierda María Elisa Quinteros como su nueva presidenta.
El 26 de enero, por ejemplo, la Convención Constituyente rechazó la consagración en la nueva constitución del derecho a la propiedad privada, a la iniciativa económica y al rol que debe jugar el Estado en la economía de manera que salvaguarde la competencia económica.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 17, reconoce que, “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente”.
Tras esta decisión de la CC usuarios en las redes sociales se cuestionaron el significado socialista de esta decisión.
Brasil
En el caso de Brasil sigue con una calificación de 38 puntos lo dejó nuevamente por debajo del promedio mundial de 43 puntos. La puntuación lograda en el último año fue la misma registrada en 2020 y representa el tercer peor resultado de la serie histórica.
Según el nuevo informe Índice de Percepción de la Corrupción, durante 2021 no logró avances en el control de la corrupción, sino que “desplegó medidas antidemocráticas que violan los derechos de las personas”.
Brasil no solo estuvo por debajo del promedio mundial, sino también por debajo del promedio de los BRICS (39 puntos), del promedio regional de América Latina y el Caribe (41 puntos) y aún más lejos del promedio de los países del G20 (54 puntos) y del OCDE (66 puntos).
Recordemos que en la década pasada fue en Brasil donde estalló el caso Lava Jato, considerado hoy como la mayor operación anticorrupción en la historia de ese país, y que involucró a poderosos empresarios como el ex CEO de la constructora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, o el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el acusado más famoso.
«La aplicación del derecho penal en Brasil está en transformación», dijo Bruno Brandao, representante de Transparencia Internacional en el país. «La Justicia brasileña ha sido históricamente incapaz de llegar a las élites económicas y políticas y siempre garantizó la impunidad casi absoluta para la corrupción y otros delitos de cuello blanco», dijo Brandao a la agencia alemana DPA en agosto de 2018.
En 2018, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado por corrupción y blanqueo de dinero, por recibir prebendas a cambio de favores políticos. Luego gracias a un fallo del Tribunal Supremo Lula salió de prisión en noviembre de 2019.
En marzo de 2021 un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) anuló cuatro procesos de Lula, en dos de los cuales fue condenado a penas que sumaban 26 años de prisión por delitos de corrupción.
Aun cuando Lula fue liberado de sus cargos, la gran mayoría de los brasileños lo considera culpable de esos delitos y consideran que fue un error del juez anular esos cargos.
En el aspecto económico si se observan las cifras del PIB, la economía brasileña se contrajo menos que cualquier otra de América Latina en 2020 (-4,1%) y se recuperó muy bien en 2021 (+5%).
Asimismo, en el día de ayer los 38 países miembros de la OCDE decidieron, por unanimidad, dar el inicio de las discusiones sobre el ingreso de Brasil a la Organización que reúne las economías más avanzadas del mundo.
Colombia
En el caso de Colombia mantuvo la misma puntuación del IPC (39) que el año pasado, por lo que se ubica en la posición 87 entre 180 países. Este año tiene la misma puntuación que Guyana, y un punto más arriba que Argentina que retrocedió este año.
De acuerdo con la representación de Transparencia Internacional en Colombia, el país permanece estancado en su calificación entre los 36 y los 39 puntos.
La corrupción que más daño le hace al país afecta los presupuestos públicos; el proceso electoral para acceder al poder y desviar recursos; el sistema de justicia para favorecer la corrupción y la impunidad; y graves afectaciones a derechos humanos que generan daños que no son reparados a las víctimas de corrupción, dijo Transparencia Internacional en Colombia en un comunicado.
“La pandemia ha abierto las puertas para que los gobiernos amplíen aún más su poder, oculten información al público y afecten los derechos ciudadanos”.
El nuevo informe menciona que se registraron graves excesos en el uso de la fuerza policial durante las manifestaciones contra la reforma tributaria que paralizaron el país, así como violaciones a los derechos de movilización, participación y protesta.
Según un informe de la ONU, entre el 28 de abril y el 31 de julio de 2021 en el marco de esas protestas se recibieron denuncias de 63 personas muertas durante las movilizaciones que comenzaron con el Paro Nacional. El 76% de las muertes se debieron a heridas de bala.
La ONU verificó que 46 de las muertes reportadas, 44 eran civiles y dos eran policías.
El informe hizo un llamado al gobierno para proteger los derechos humanos y facilitar el ejercicio del derecho de reunión pacífica.
En este contexto la senadora del partido Centro Democrático María Fernanda Cabal dijo que cuando las manifestaciones dejan de ser pacíficas, se pierde cualquier protección legislativa.
“No hay ningún derecho fundamental a la protesta, es falso. El derecho fundamental es a la vida, a la movilidad y al trabajo, el resto es mentira”, dijo Cabal, según el medio local Semana.
La senadora también mencionó que los que convocaron a esas protestas quieren subvertir el orden jurídico nacional.
Argentina
Con una pérdida de 4 puntos con respecto al año pasado Argentina (38) fue el país de la región que más retrocedió.
“La injerencia del poder político en la justicia pone en jaque su independencia y consolida la sensación de impunidad en el país”.
Con un ranking de 38 puntos se ubicó en el puesto 96. En 2020, con 42 puntos quedó en el puesto 78.
Medios locales argentinos se hicieron eco del descenso del país en la lucha contra la corrupción y señalaron que el retroceso de Argentina se produce luego de un año de episodios “escandalosos” en medio de la pandemia , como el intento del Gobierno de reformar la Justicia, el «vacunatorio VIP».
Además, mencionaron una fiesta privada realizada por el Presidente de la República “mientras se establecían restricciones a la circulación y reunión de la ciudadanía».
En cuanto al manejo de la pandemia denunciaron el comienzo irregular y discrecional del reparto de vacunas por parte del Poder Ejecutivo de la nación, que concluyó con el reemplazo del exministro de Salud.
De acuerdo Transparencia Internacional la falta de integridad durante la pandemia se manifestó en los abusos de poder plasmados en el esquema discrecional de vacunación (Vacunatorio VIP) para funcionarios y allegados, y también en las compras y contrataciones poco transparentes, y comportamiento poco ético de los funcionarios públicos.
Uruguay, una excepción en la región
Uruguay (73) se consolidó como uno de los países con mejor desempeño en la región.
“Es un ejemplo de cómo la estabilidad y solidez de las instituciones democráticas, la independencia del poder judicial y el goce de los derechos fundamentales son claves para que la corrupción no permee las instituciones públicas”.
Este contexto institucional también le permitió al país manejar la pandemia “de forma eficaz, transparente y con apoyo ciudadano”, señala el informe.
México
En el caso de México con un puntaje de 31 no logró aumentar su puntaje en el IPC 2021.
Según el informe, a pesar de la “fuerte retórica anticorrupción” del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, los principales casos de corrupción en el país quedaron impunes.
“La falta de activos recuperados y el creciente número de escándalos que involucran a colaboradores cercanos del presidente explican en parte el resultado de México”, asegura el informe. “Además, ha habido críticas recientes sobre el uso político y electoral de la Oficina del Fiscal General, que, a pesar de su autonomía formal, no se percibe como independiente”.
Con esa calificación, México se ubica en la posición 124 de los 180 países evaluados.
Además, México sigue siendo el país peor evaluado de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. En el G20, México ocupa la posición 18 de 19 países evaluados.
“Los casos definidos como emblemáticos —Estafa maestra, Odebrecht, Agronitrogenados, Ex-presidentes, entre otros—, no han sido aún sancionados en materia penal. Tampoco hay una recuperación de los activos desviados por estos y otros casos de gran corrupción y la reparación del daño a las víctimas, es prácticamente inexistente”.
Perú
En el año 2018, cuando se realizaban las investigaciones del caso “Lava Jato” y con el destape de la red de corrupción de los “Cuellos Blancos del Puerto”, Perú obtuvo su peor ubicación en el ranking del Índice de Percepciones de Corrupción (IPC) desde 2012: puesto 105 de 180 países evaluados.
“En los dos años siguientes, posiblemente debido al avance de las investigaciones contra la gran corrupción, así como por la discusión y aprobación de algunas reformas, como la creación de la Junta Nacional de Justicia y los ajustes al régimen de financiamiento de campañas políticas, el Perú recuperó algunos puestos”.
Sin embargo, en la nueva edición 2021 del IPC, el país descendió del puesto 94 en el que alcanzó en la edición 2020, y volvió a ubicarse en el puesto 105.
“Casos de corrupción durante la pandemia, investigaciones por gran corrupción y designaciones cuestionadas explicarían el cambio”, según Proética.
Centro América en su punto más bajo
La lucha contra la corrupción y la democracia en Centroamérica están en su punto más bajo, según Transparencia Internacional.
“Con un retroceso de 9 puntos en los últimos 10 años, Nicaragua (20) se consolida como la tercera dictadura de la región, a través de un proceso electoral ilegítimo, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y una absoluta concentración de poder en la figura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hoy, este país no cuenta con la transparencia y el contrapeso al poder ejecutivo necesarios para combatir la corrupción”.
De manera similar, Guatemala (25) retrocedió 8 puntos en los últimos 10 años.
Estados Unidos sancionó a la Fiscalía General de la Nación por obstruir las investigaciones de casos de corrupción de alto impacto y promover la impunidad en el país.
“El Estado, particularmente el sistema de justicia, ha sido cooptado por elites económicas y políticas, ciertos sectores del empresariado y el crimen organizado”.
Honduras (23), continúo declinando en 2021 y según este nuevo informe la elección en noviembre pasado de Xiomara Castro como presidenta llega con el compromiso de eliminar las leyes que promueven la impunidad.
En cuanto a El Salvador Transparencia Internacional señala que “se presume” que altos funcionarios del gobierno participaron en esquemas de corrupción multimillonarios en la respuesta a la crisis de Covid-19 y como parte de las elecciones locales.
Ecuador
Ecuador obtuvo una puntuación de 36/100 y se ubicó en el puesto 105, trece posiciones abajo con relación a 2020. Este año representó la primera caída en los últimos cinco años y es la más representativa de la última década bajando tres puntos.
La puntuación de Ecuador está por debajo de la media global y de la media de América, y es más alta que el promedio de la región andina, explicó Mauricio Alarcón de Fundación Ciudadanía y Desarrollo durante la presentación del informe.
Alarcón precisó que Ecuador sufre su primera caída en el IPC en los últimos 5 años.
Comparando la posición de Ecuador con los datos del ranking, Alarcón afirmó que el país está por debajo del promedio mundial (que es de 43), por debajo del promedio de América (también 43) y por arriba del promedio de la región Andina (31).
“Entre 2012 y 2021, la calificación muestra un estancamiento a lo largo del tiempo, sin mejoras ni caídas significativas. Así, en 2012, la calificación fue de 32, la misma que en 2017, cuando asumió el poder Lenin Moreno, en cuya administración tuvo un pico al alza, que alcanzó su punto más alto en 2020, durante la crisis sanitaria. Paradójicamente, el alza significa que la percepción de los ciudadanos sobre la corrupción mejoró en lugar de empeorar, a pesar de las denuncias de negociados durante la pandemia y el confinamiento”, señaló Alarcón.
El Gobierno anunció que en el primer trimestre de este año se realizarán una serie de consultas para poder pulir una política pública contra la corrupción que será oficializada mediante un decreto ejecutivo.
Caribe
En la región del Caribe, con una puntuación de 44, Jamaica se mantiene estancada desde hace varios años. El informe señala que se dieron algunos avances, como el establecimiento de la Agencia contra el Crimen Organizado y la Corrupción como entidad independiente o el reciente destape de casos de corrupción por parte de la Oficina del Auditor General, pero que existe resistencia de la clase política a mejorar la gobernanza en el país.
República Dominicana con 30 puntos este año dejó atrás sus calificaciones más bajas obtenidas en 2019 y 2020.
“El fortalecimiento del Ministerio Público y de la Cámara de Cuentas y la condena y prisión de poderosos y figuras políticas importantes han contribuido a mejorar la percepción de corrupción. Sin embargo, el combate de la corrupción en este país se inscribe en un contexto de fragilidad institucional”.
Mejor y peor evaluados a nivel mundial
Los países mejor evaluados en el IPC 2021 son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda (con 88 puntos de 100 posibles), seguidos de Noruega, Singapur y Suecia (con 85 puntos). Los países peor evaluados fueron Siria y Somalia con 13 puntos, mientras que Sudán del Sur, obtuvo solo 11 puntos.
En la última década de 180 países evaluados, 154 países sufrieron un deterioro o no avanzaron, con una creciente pérdida de las libertades civiles y un aumento del autoritarismo.
Asimismo, el nuevo informe muestra que 27 países obtuvieron la puntuación más baja de su historia.
La puntuación media global se mantuvo en 43 puntos por décimo año consecutivo y dos tercios de los países no llegan a 50 en la escala que evalúa la corrupción.
