En un informe publicado en diciembre de 2021 por AlgorithmWatch, una organización sin ánimo de lucro con sede en Alemania, se ha revelado cómo los sistemas de toma de decisiones automatizada (ADM), impulsados por algoritmos avanzados de inteligencia artificial, fueron desplegados por numerosos gobiernos de todo el mundo para rastrear y vigilar clandestinamente a sus poblaciones.
En el informe titulado «Tracing the Tracers 2021 Report: Automating COVID Responses», AlgorithmWatch detalla cómo numerosos países, como Grecia y Polonia, entre otros, «adoptaron, sin apenas transparencia, sin pruebas de su eficacia, sin garantías adecuadas y con un debate democrático insuficiente», sistemas ADM para rastrear a sus poblaciones alegando preocupaciones de salud pública como justificación.
Grecia
En Grecia, las autoridades utilizaron «desde simples servicios de SMS hasta herramientas avanzadas de análisis de datos y algoritmos de aprendizaje automático (ML)», durante dos períodos de confinamiento en 2020 y 2021.
Durante estos periodos, las personas solo estaban autorizadas a salir de sus casas por razones específicas y debían notificar a las autoridades si salían de sus casas enviando un SMS al 13033, un servicio gestionado por el Ministerio de Protección Ciudadana griego.
Durante los dos periodos de bloqueo se enviaron más de 885 millones de SMS. El aumento de la vigilancia llevó a la organización de la sociedad civil Homo Digitalis a presentar una denuncia contra el Ministerio de Protección Ciudadana de Grecia a través de la Autoridad de Protección de Datos de Grecia (DPA).
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El denunciante afirmaba que «el servicio de SMS no cumplía con el RGPD» y que no se proporcionaba información adecuada sobre cómo las autoridades utilizaban y protegían los datos personales que recogían.
Grecia también implementó un algoritmo avanzado de aprendizaje automático (ML) apodado «Eva».
Al entrar en el país, los viajeros debían rellenar un cuestionario que recogía información como el nombre, la edad y el sexo del viajero «así como información sobre el país de residencia permanente de los viajeros y los países visitados anteriormente», que luego se introducía en el algoritmo Eva. Las autoridades griegas justificaron la recogida de datos como un medio para examinar a los viajeros que llegaban, de modo que las autoridades griegas pudieran evaluar si el viajero debía someterse a la prueba del COVID-19 a su llegada.
La Unión Helénica de Informáticos expresó su preocupación por el uso del algoritmo. Eva fue suministrado al gobierno griego gratuitamente por «un grupo de científicos que querían ayudar a las autoridades griegas». El sindicato argumentó que la adopción de Eva no fue el resultado de «un procedimiento de contratación pública abierto… [y] sin evaluación previa y sin garantía de que fuera a ser eficaz a nivel operativo». A pesar de estas preocupaciones, las autoridades griegas siguieron adelante con la tecnología no probada.
Polonia
«En Polonia, una de las primeras respuestas a los retos de la pandemia fue el uso de la tecnología», dice el informe.
Al igual que otros gobiernos de todo el mundo, Polonia implantó requisitos de cuarentena para los contactos cercanos y las personas infectadas por el virus COVID-19. El gobierno financió el desarrollo de aplicaciones para supervisar a las personas que permanecían en cuarentena, así como un programa de seguimiento «para controlar a los empresarios que recibían ayudas del gobierno porque su capacidad de trabajo estaba restringida…»
En la ciudad polaca de Gdynia, las autoridades llegaron a implantar un “sistema de vigilancia de la ciudad que incluía la identificación rápida de grandes concentraciones de personas”.
El código se colocó en Github (una popular plataforma de intercambio de códigos), sin embargo, tras una fase de prueba se abandonó la función de vigilancia.
Las autoridades polacas también autorizaron el desarrollo de una app llamada Cuarentena Doméstica y convirtieron la instalación y el uso de la app en una «obligación legal para quienes tuvieran que someterse a la cuarentena».
El uso de la app pretendía aliviar a los agentes de policía que se encargaban de controlar a las personas en cuarentena domiciliaria.
La policía del norte de Polonia dijo que «cada día los agentes de policía de la provincia de Pomerania tienen que supervisar el curso de la cuarentena de más de 24.000 personas, lo que supone un reto realmente exigente y que requiere mucho tiempo».
La aplicación estuvo plagada de problemas, lo que hizo que recibiera una calificación de una estrella en Google Play Store.
Canadá
Canadá no se incluyó en el informe de AlgorithmWatch, sin embargo la agencia de salud pública de Canadá admitió que rastreó 33 millones de dispositivos móviles durante un confinamiento de COVID-19 en el país sin autorización de los usuarios.
«La Agencia de Salud Pública de Canadá accedió a los datos de localización de 33 millones de dispositivos móviles para supervisar el movimiento de las personas durante el confinamiento», informó The National Post.
Canadá tiene una población de algo más de 38 millones de personas.
Un portavoz de la agencia sanitaria canadiense declaró al National Post que «debido a la urgencia de la pandemia, (la PHAC) recogió y utilizó datos de movilidad, como los datos de localización de las torres de telefonía móvil, a lo largo de la respuesta al COVID-19».
La agencia dijo que utilizó los datos para determinar la eficacia de las medidas de confinamiento público y para permitir a la Agencia «comprender los posibles vínculos entre el movimiento de la población dentro de Canadá y [la] propagación de COVID-19».
La Agencia tiene la intención de rastrear los movimientos de población en Canadá durante los próximos cinco años, citando otras cuestiones de salud pública como «otras enfermedades infecciosas, la prevención de enfermedades crónicas y la salud mental».
Los defensores de la privacidad se apresuraron a plantear sus preocupaciones.
David Lyon, autor de Pandemic Surveillance y ex director del Centro de Estudios de Vigilancia de la Universidad de Queen, dijo en un correo electrónico al National Post: «Creo que el público canadiense se enterará de muchas otras iniciativas de vigilancia no autorizadas antes de que termine la pandemia, y después».
De forma alarmante, Lyon advirtió que la PHAC «utiliza el mismo tipo de lenguaje ‘tranquilizador’ que emplean las agencias de seguridad nacional, por ejemplo, no mencionando las posibilidades de volver a identificar los datos que han sido suprimidos».
Lyon insistió en la necesidad de obtener más información sobre «lo que se ha hecho exactamente, lo que se ha conseguido y si realmente ha servido al interés de los ciudadanos canadienses».
Martin French, profesor asociado de la Universidad de Concordia, señaló en un correo electrónico al National Post que «están llegando pruebas de muchas fuentes, de países de todo el mundo, lo que se consideraba un gran aumento de la vigilancia -después del 11 de septiembre- ahora está completamente superado por la vigilancia pandémica».
