En septiembre, el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva que obliga a todas las empresas que emplean a más de 100 o más personas a vacunar a sus trabajadores contra el COVID-19. Los empleados no vacunados deben presentar resultados negativos de la prueba COVID-19 semanalmente y usar máscaras faciales. Las empresas que no cumplan con la regla antes del 4 de enero podrían enfrentar multas.
Hace un mes, una corte federal de apelaciones en el estado de Luisiana había bloqueado el mandato después de que varios estados, empresas e individuos presentaran una demanda contra la orden de Biden. La demanda argumentó que la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) se había excedido en su autoridad al emitir el mandato de vacuna impulsado por Biden y que el coronavirus no debe clasificarse como un peligro en el lugar de trabajo.
El 17 de diciembre, la corte federal de apelaciones del Sexto Circuito de Ohio restableció la orden ejecutiva de Biden en un fallo de 2-1, insistiendo en que OSHA tenía la autoridad para emitir tales mandatos de vacunas.
«Es difícil imaginar qué más podría hacer la OSHA o en qué podría basarse para justificar su conclusión de que los trabajadores se enfrentan a un grave peligro en el lugar de trabajo… No es apropiado cuestionar esa determinación de la agencia teniendo en cuenta las pruebas sustanciales, incluidos muchos estudios científicos revisados por pares, en los que se basó», decía el dictamen.
La única jueza disidente fue la nombrada por Trump, Joan Louise Larsen, quien señaló que el Congreso no le ha otorgado a la OSHA el poder para crear tal regla. Además, el secretario de trabajo «no ha hecho la determinación adecuada de necesidad». Es necesario un «estándar de emergencia» para proteger a los empleados del peligro, insistió.
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“El propósito del mandato es proteger a las personas no vacunadas. La premisa de la regla es que las vacunas funcionan. Y entonces, OSHA ha explicado que la regla no se trata de proteger a los vacunados; no enfrentan un ‘grave peligro’ por trabajar con quienes no están vacunados”, dijo Larsen en su opinión disidente.
Tras la sentencia judicial, 27 grupos empresariales interpusieron un recurso de apelación ante la Corte Suprema en un intento por bloquear el mandato. El grupo argumentó que la regla de vacunas de OSHA dañará a miles de empresas al imponer «costos de cumplimiento sustanciales e irrecuperables».
Las empresas tendrán que asumir el costo de realizar pruebas a los empleados, y dichos costos podrían transferirse a los clientes en un momento en que el estadounidense promedio se tambalea por la inflación. Las empresas que transfieren estos costos a los empleados podrían enfrentar renuncias masivas, advirtieron.
En un tuit del 18 de diciembre, la procuradora general de Arkansas, Leslie Rutledge, denunció la decisión de la corte de apelaciones.
“La decisión del Sexto Circuito es extremadamente decepcionante para los habitantes de Arkansas porque los obligará a disparar o perderá sus trabajos. Por eso le pido a la Corte Suprema de Estados Unidos que bloquee inmediatamente la orden del presidente Biden”, dijo.
El fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, admitió estar «decepcionado» por la decisión judicial. Pero Wilson prometió seguir luchando contra el «mandato ilegal», ya que cree que se puede detener. El mandato de vacunación de la OSHA impone a las empresas una multa de 13.600 dólares por infracción. En el caso de las infracciones consideradas graves, las multas pueden ascender a 136.000 dólares.
