El lunes 6 de diciembre, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof anunció la implementación del pase sanitario obligatorio en toda la Provincia de Buenos Aires.
El pase sanitario sería similar al que se implementó el 1 de diciembre en la norteña provincia de Tucumán, el cual ha planteado muchas críticas por discriminación, ya que las personas no vacunadas tienen negado el acceso a restaurantes y a otros espacios recreativos como gimnasios o cines.
Tanto para las provincias de Buenos Aires como de Tucumán, será obligatorio para mayores de 13 años, y se podrá mostrar el certificado de vacunación o -en su defecto- el comprobante que brinda la aplicación móvil «Mi Argentina».
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El gobernador Kicillof dio una conferencia de prensa sobre la nueva medida que regirá a partir del 21 de diciembre en toda la provincia de Buenos Aires, a la que denominó “Pase Libre con Vacuna” y prometió fuertes multas para los comerciantes que no soliciten el certificado a los clientes.
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El «Pase libre con vacuna» será exigido en todas las actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados. También se pedirá para la realización de trámites presenciales ante organismos públicos provinciales y municipales y ante organismos privados.
Otras provincias que ya informaron que también se adherirán al pase sanitario son Salta y Santa Fe, pero las autoridades nacionales confían en que también se instalará —con características similares— a nivel nacional, para eventos masivos en lugares cerrados.
En este sentido, la responsable de la cartera nacional, Carla Vizzotti, admitió ayer que el gobierno se encuentra ultimando detalles para poder implementar lo antes posible el pase sanitario a nivel nacional. Desde el Ministerio de Salud confían en que podría estar listo durante esta semana, según la agencia Télam.
La pregunta es: ¿es constitucional un pase sanitario?
Técnicamente no es constitucional que solo quienes estén inoculados con las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 puedan ejercer plenamente sus derechos civiles y realizar cualquier actividad en ámbitos públicos sin ningún tipo de impedimento, y el resto de los ciudadanos no.
La Constitución Nacional Argentina reconoce una serie de derechos civiles, garantizados en el Artículo 14 del Capítulo Primero, “Declaraciones, derechos y garantías”.
Artículo 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.
Un decreto ejecutivo (al que le llaman DNU, sigla de Decreto de Necesidad y Urgencia) no puede regular los derechos constitucionales. Sin embargo, en Argentina, para revocar este decreto, los ciudadanos deberán presentar un amparo ante la justicia y luego será finalmente el juez quien decida la constitucionalidad de la medida.
