El mes pasado, una ciudad de California se declaró a sí misma una república constitucional para detener lo que las autoridades de la ciudad denominan un aumento de la extralimitación federal con respecto a la imposición de los mandatos de COVID-19.
La resolución, emitida el 2 de noviembre, declaró: “AHORA, POR LO TANTO, RESUELVE POR LA PRESENTE el Concejo Municipal de Oroville que la Ciudad de Oroville es declarada Ciudad República Constitucional”, agregando que «cualquier orden ejecutiva emitida por el Estado de California o del gobierno federal de los Estados Unidos que se extralimiten o violen claramente nuestros derechos protegidos constitucionalmente no serán aplicados por la Ciudad de Oroville contra sus ciudadanos».
Según el East Bay Times, la resolución fue aprobada en una votación de 6-1 y tenía como principal objetivo «reafirmar a la gente el tipo de gobierno bajo el que vivimos», dijo el alcalde Chuck Reynolds.
“Con todas estas emergencias y los líderes declarando emergencias, se pone a una persona a cargo y ellos pueden hacer prácticamente lo que quieran incluso cuando la emergencia ya no es una amenaza inmediata…”, aclaró Reynolds.
Con Oroville como su sede, el condado de Butte tiene una población de aproximadamente 220.000 personas, con aproximadamente el 47 por ciento de sus habitantes completamente vacunados. Esto lo convierte en uno de los condados menos vacunados de California, con una tasa promedio de vacunación del 64 por ciento.
California exige la vacunación infantil: el punto de quiebre
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Para el vicealcalde de Oroville, Scott Thomson, uno de los defensores de la resolución, el mandato del gobernador Gavin Newsom de exigir que los niños en edad escolar se vacunen contra el COVID-19 fue su punto de quiebre.
“Ahora que los mandatos han pasado de no solo poner algo en el exterior de su cuerpo o modificar la forma en que maneja su negocio, sino ahora empujar algo dentro de su cuerpo del que nadie conoce los efectos a largo plazo, eso es como, OK, ahora en mi opinión, estás cruzando la línea”, dijo Thomson al Press Democrat.
«Lo propuse después de 18 meses de mandatos ejecutivos cada vez más intrusivos y lo que sentí que era una extralimitación excesiva por parte de nuestro gobierno» dijo Thomson, según The Guardian.
“Después del retiro fallido en California, nuestro gobernador estatal parece [estar] alborotado, y los mandatos se están volviendo más intrusivos. Ahora va tras nuestros niños y escuelas”, agregó.
El consejero Dave Pittman le dijo al East Bay Times que hay demasiadas reglas que los cuerpos legales estatales y federales intentan imponer a las comunidades locales, y que es por eso que Oroville las está rechazando.
“Se trata de que el gobierno local se encargue de sus ciudadanos y eso es lo que estamos haciendo”, dijo Pittman.
“Nos mantenemos firmes y creemos en nuestra constitución; nuestra república, y creemos que muchas veces otros en el gobierno estatal y federal están excediendo su autoridad en todos los ámbitos en todo lo que hacemos. Los mandatos eliminan el derecho de elección personal, vacunarse o no, vacunar a sus hijos o no, y violan la elección constitucional básica que todos tenemos”, dijo Pittman.
Por otro lado, la concejal Janet Goodson expresó su preocupación por la posibilidad de que Oroville pierda millones en fondos de COVID si cumpliera con su resolución de dejar de cumplir con los mandatos estatales y federales, informó KRCR.
Sin embargo, el abogado de la ciudad Scott Huber argumentó que la resolución no es una política y no cambia la ordenanza de la ciudad. Se puede personalizar si es necesario, por lo que «como resultado, no hay riesgo de pérdida de fondos», argumentó.
El alcalde Reynolds también declaró que la resolución «no cambia nada». “Una vez más, es simplemente recordarle a la gente el tipo de gobierno bajo el que vivimos y que tienen opciones y libertades personales”, agregó.
La resolución no afecta a ningún mandato escolar, ya que los distritos escolares estatales los vigilan. O, como dijo el concejal Art Hartley, «básicamente, todo lo que estamos haciendo es una declaración política… no tiene absolutamente nada de fuerza».
