La empleada de las Naciones Unidas Emma Reilly fue despedida poco después de conceder una entrevista al periódico francés Le Monde en la que notificaba la influencia de China dentro de la ONU y que no se había tomado ninguna medida para contrarrestar este problema.
Reilly avisó a sus superiores cuando se enteró de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) había entregado los nombres de los disidentes que iban a asistir al Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) en Ginebra (Suiza) a petición del régimen chino.
Reilly dijo que esta acción dio lugar a que Beijing presionara a los disidentes para que no hicieran el viaje. También dijo que las autoridades chinas han amenazado desde entonces tanto a ella como a su familia después de que revelara esta información a la oficina superior de la ONU.
La senadora republicana de Tennessee Marsha Blackburn, quien está detrás de un proyecto de ley destinado a frenar la influencia de Beijing dentro de la ONU, dijo a Fox News en una declaración que es necesario hacer más para regular la creciente influencia del Partido Comunista chino a nivel mundial, y en particular dentro de la ONU.
«La campaña de influencia maligna del Partido Comunista chino dentro de las Naciones Unidas es un secreto a voces que pone continuamente en peligro la vida de los disidentes chinos», dijo Blackburn.
El mundo no puede seguir haciendo la “vista gorda”
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«La comunidad internacional no puede seguir haciendo la vista gorda ante los atroces abusos de Beijing. Ningún denunciante debería ser despedido por exponer cómo la ONU está ayudando a la explotación y el abuso de los uigures musulmanes por parte de la China comunista. A principios de este año, presenté la Ley de Transparencia y Responsabilidad de las Naciones Unidas para fortalecer el liderazgo de Estados Unidos en el sistema de las Naciones Unidas y exponer al PCCh por sus crímenes».
Reilly compartió el contenido de su carta de la oficina de Recursos Humanos de la ONU, en la que se enumeran los motivos de su despido. La carta de despido afirma que sus ofensas incluyeron la comunicación con los medios de comunicación, los estados miembros de la ONU y las misiones de la ONU en Nueva York y Ginebra.
Abogada de derechos humanos y de nacionalidad británica e irlandesa, Reilly afirmó que, a pesar de conocer su situación, los gobiernos británico e irlandés no intervinieron ni emitieron ningún tipo de apoyo a su favor.
«La ONU me acusa sólo de desobedecer una orden de silencio. No se me acusa de mentir. Tenía el deber como ser humano, y más aún como responsable de derechos humanos, de contarlo a la prensa cuando contarlo a mis superiores y a los gobiernos no tenía ninguna repercusión. Callar ante un genocidio es ponerse al lado del opresor. Dejaré eso para el Secretario General y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos», dijo Reilly.
Anna Myers, directora ejecutiva de Whistleblowing International Network (WIN), una organización internacional que trabaja para defender y apoyar a los denunciantes, dijo a los periodistas que la situación era «indignante».
«Hay demasiados casos de buenas personas en las Naciones Unidas que son reprimidas cuando hablan de problemas graves, incluidos los abusos sexuales», dijo. «Esto es indignante. Los denunciantes seguirán llevando todo el peso solos a menos que los Estados miembros exijan a la ONU que aplique las protecciones del siglo XXI y actúe sobre los problemas planteados. Pueden empezar por asegurarse de que los denunciantes de la ONU estén protegidos por informar directamente a ellos».
La WIN también publicó una declaración en apoyo de Reilly y condenó a la ONU por ceder a las presiones del gobierno chino por este claro abuso de poder. También pidió al Secretario General António Guterres y a la Asamblea General de la ONU que se comprometan públicamente a adoptar reformas críticas que protejan a los denunciantes de ser despedidos por exponer información sensible.
En la declaración se incluyeron más de 41 firmantes de organizaciones de todo el mundo.
