Un tribunal de Pensilvania falló en contra del mandato estatal de máscaras para las escuelas, afirmando que la secretaria de salud interina Alison Beam no tiene la autoridad para insistir en tales requisitos. El tribunal también agregó que el mandato no cumplió con las reglas que deben seguirse al establecer las regulaciones. El decreto que hacía obligatorio el uso de la máscara facial había entrado en vigor a principios de septiembre.
El Tribunal de la Commonwealth desestimó el requisito del mandato de la máscara en una decisión de 4-1, poniéndose del lado de los republicanos Jake Corman, Jess Topper y otros que habían demandado al estado por imponerlo. El mandato requería que los estudiantes, el personal y otras personas en las instalaciones de cuidado infantil y las escuelas K-12 [desde jardín de infantes hasta los 12 años] siempre usen una máscara protectora. No importaba si el individuo estaba vacunado o no.
La ley de control de enfermedades del estado no otorga a los secretarios de salud “la autoridad general para crear nuevas reglas y regulaciones de la nada, siempre que estén relacionadas de alguna manera con el control de enfermedades o se puedan caracterizar como medidas de control de enfermedades… [Los jueces ] no expresan aquí ninguna opinión sobre la ciencia o la eficacia del uso de máscaras o la política subyacente a la considerable controversia que el tema continúa generando”, escribió la jueza Christine Fizzano Cannon en la opinión mayoritaria.
Los jueces también señalaron que el mandato de Beam no cumplía con las leyes de Pensilvania con respecto a la revisión y aprobación de regulaciones. El mandato de la máscara se adoptó sin que el gobernador hubiera declarado una emergencia por desastre.
El republicano Topper afirmó que el problema real no se trataba de máscaras, sino de imponer un mandato a “una población infantil saludable” sin tener que pasar por el proceso legislativo normal.
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En mayo, los votantes de Pensilvania habían votado para limitar los poderes del Poder Ejecutivo. En una declaración conjunta, Corman y el líder de la mayoría republicana en el Senado, Kim Ward, señalaron que el fallo del tribunal impide que la administración ejerza una «autoridad indebida» sobre los ciudadanos.
“La decisión de hoy valida lo que hemos dicho todo el tiempo: las decisiones sobre la máscara deben ser tomadas por los padres y las juntas escolares, NO por burócratas no elegidos. Un mandato general no aborda las necesidades y circunstancias únicas de las comunidades individuales, y le quita poder a las personas que están en la mejor posición para proteger a nuestros niños”, dijo la declaración conjunta.
El secretario de prensa del gobernador demócrata Tom Wolf no estuvo de acuerdo con la decisión del tribunal e insistió en que la autoridad del secretario de salud está «claramente definida en la ley existente». La administración Wolf ha presentado una apelación sobre el caso.
Apenas unos días antes de la sentencia de la corte, el gobernador había anunciado la eliminación del requisito del mandato de la máscara el 17 de enero, dando a los distritos escolares la autoridad para tomar decisiones sobre el asunto. En un comunicado, Wolf insistió en que el mandato de la máscara escolar ha sido «fundamental» para permitir que los niños aprendan con seguridad. También instó a los padres a considerar vacunar a sus hijos.
Cuando se trata de vacunar a los niños contra COVID-19, no muchos padres apoyan la medida. En una encuesta realizada el mes pasado por la Kaiser Family Foundation, se encontró que tres de cada diez padres se mostraron inflexibles en no vacunar a sus hijos. Otro tercio dijo que esperarán a ver el efecto de tales vacunas.
“Las principales preocupaciones de los padres cuando se trata de vacunar a sus hijos más pequeños de 5 a 11 años tienen que ver con los posibles efectos desconocidos a largo plazo y los efectos secundarios graves de la vacuna, incluidos dos tercios que están preocupados de que la vacuna pueda afectar la fertilidad futura de su hijo”, decía el informe.
