Emergent BioSolutions, un fabricante de vacunas con sede en Maryland, anunció que su contrato multimillonario con el gobierno de los Estados Unidos ha sido cancelado. En marzo de este año, la compañía fue acusada de arruinar casi 15 millones de dosis de la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson (J&J).
El contrato, por un valor de $628 millones, se rescindió el 1 de noviembre por mutuo acuerdo entre el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y Emergent. En una conferencia telefónica sobre sus últimos resultados financieros, la compañía dijo que renunciaría a aproximadamente 180 millones de dólares en ganancias debido a la cancelación.
Emergent, una organización de investigación y fabricación por contrato (CRMO), fue responsable de acelerar el desarrollo y la difusión de vacunas durante la administración de Donald Trump. Pero después de obtener un contrato, la empresa tuvo problemas de producción.
Emergent hizo un lío con la fabricación de componentes utilizados en la vacuna J&J. Las investigaciones revelaron que había habido una confusión entre los ingredientes de la vacuna que la compañía estaba produciendo para AstraZeneca y J&J.
Esto llevó a la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) a detener las operaciones en la planta de Emergent en Baltimore y, posteriormente, provocó un retraso de un mes en el lanzamiento de la vacuna Johnson & Johnson.
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En abril de este año, la FDA emitió un informe de 13 páginas en el que criticaba la instalación de Baltimore al afirmar que era desordenada, demasiado pequeña y no estaba bien planificada para la producción de vacunas.
Los investigadores también encontraron otras deficiencias como pisos y paredes dañados, pintura descascarada, manejo inadecuado de la basura, amontonamiento de materiales y residuos negros en el piso. Asimismo señalaron que el personal no estaba adecuadamente capacitado.
La administración de Biden puso a Johnson & Johnson a cargo de la producción en la planta. En junio, la FDA decidió deshacerse de otros 60 millones de dosis fabricadas en el sitio.
En un artículo de opinión publicado en The Baltimore Sun, Robert Kramer, director ejecutivo de Emergent, escribió que su empresa asume la «responsabilidad total» por la confusión entre las vacunas AstraZeneca y J&J. También afirmó que la empresa se ha ocupado de las condiciones que llevaron al fracaso de la producción. Sin embargo, Kramer también culpó en parte al gobierno.
La «intención original de la asociación era crear una instalación que pudiera producir 50 millones de dosis equivalentes de sustancia farmacéutica de la vacuna contra la influenza en cuatro meses en caso de una pandemia». Esto requirió ampliar las instalaciones, así como construir y mantener un estado de preparación, lo que requirió una inversión continua. “El gobierno sostuvo que nos proporcionarían el trabajo de desarrollo de medicamentos necesario para desarrollar y mantener esas capacidades. Eso no sucedió”, agregó.
Los vínculos entre Emergent y Washington se remontan a 2012, cuando la empresa se unió al programa de Centros de Innovación en Desarrollo Avanzado y Manufactura (CIADM).
CIADM buscó asegurar que Estados Unidos pueda ofrecer una respuesta orquestada a enfermedades contagiosas y otros riesgos para la salud pública. Kramer señaló que la relación de la empresa con CIADM también ha terminado.
Matt Hartwig, un portavoz de Emergent, dijo a la CNBC el 5 de noviembre que Emergent y el gobierno federal «acordaron mutuamente los pagos finales para cerrar todas las órdenes de trabajo abiertas y terminar el contrato básico de CIADM… Se trata de terminaciones mutuamente acordadas por conveniencia y ninguna de las partes alega incumplimiento de la otra».
Las acciones de Emergent Biosolutions se desplomaron más de un 37% el 5 de noviembre tras conocerse la noticia de la rescisión del contrato federal. Se espera que la empresa sea sometida a una investigación del Congreso que examinará sus operaciones durante la pandemia.
