«Debido a que las peticiones dan motivos para creer que existen graves problemas estatutarios y constitucionales con el mandato, el decreto queda pendiente de más acciones por parte de este tribunal», dictaminó el panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito con sede en Nueva Orleans en un orden corta.
El tribunal dio a la administración de Biden hasta las 5 pm del lunes para responder a la solicitud de los demandantes de una orden judicial permanente.
En septiembre, el presidente asignó a la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) la promulgación de una “norma temporal de emergencia” (ETS) federal para poner en práctica el mandato.
El mandato, si se impone, podría afectar a unos 84 millones de trabajadores. De acuerdo con las pautas del gobierno, las violaciones de la orden se enfrentarían con multas de hasta $14.000 por infracción. Sin embargo, los grupos de oposición ya han anunciado que emprenderán acciones legales de inmediato tan pronto como se haga público.
La apelación fue presentada por numerosas empresas privadas, instituciones religiosas y estados gobernados por republicanos como Texas, Luisiana, Mississippi, Carolina del Sur y Utah, y grupos de 26 estados en el 8° Circuito, 11° Circuito, 6° Circuito y 5° Circuito sobre los últimos días.
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Los demandantes buscaron anular la regla de emergencia del jueves, que requiere que las empresas con más de 100 empleados vacunen a sus trabajadores o, en el caso de los empleados no vacunados, usen máscaras y se hagan la prueba semanalmente.
De acuerdo con la ley federal, un ETS solo se puede emitir cuando se considera «necesario» y para mantener a los empleados alejados de «peligros graves» como «sustancias o agentes que se determina que son tóxicos o físicamente dañinos o de nuevos peligros».
Los demandantes argumentaron que la autoridad se limita a los peligros relacionados con el lugar de trabajo, mientras que el riesgo de COVID-19 es «un peligro para toda la sociedad». También dijeron que el mandato no tiene sentido porque determinar si COVID-19 es un peligro en el lugar de trabajo depende de la edad y la salud de los empleados, no de la cantidad de compañeros de trabajo que tengan.
“En un intento de imponer un mandato de vacunación a nivel nacional sin la aprobación del Congreso, el poder ejecutivo ha formulado su mandato de vacunación COVID-19 como una regla de emergencia en el lugar de trabajo que afecta a casi 100 millones de estadounidenses. Pero el ETS no es una regla en el lugar de trabajo ni responde a una emergencia”, escribieron los abogados en la moción de emergencia.
“El estado de vacunación es un problema de salud pública que afecta a las personas en toda la sociedad; no es un peligro particular para el lugar de trabajo. Y no es necesario utilizar una regla de emergencia para abordar una pandemia que ha estado ocurriendo durante casi dos años. El Congreso no otorgó a OSHA poderes tan amplios en su estatuto de autorización”, agregaron.
Sin embargo, la administración se sintió segura de defender la orden en los tribunales.
«El Departamento de Trabajo de Estados Unidos confía en su autoridad legal para emitir la norma temporal de emergencia sobre vacunación y pruebas», dijo la procuradora de trabajo Seema Nanda a The Epoch Times en un comunicado enviado por correo electrónico.
“La Ley de Salud y Seguridad Ocupacional otorga explícitamente a OSHA la autoridad para actuar rápidamente en una emergencia donde la agencia encuentra que los trabajadores están sujetos a un peligro grave y es necesaria una nueva norma para protegerlos”, agregó. «Estamos completamente preparados para defender este estándar en los tribunales».
