Hace casi dos décadas, las autoridades chinas comenzaron a plantear la idea de cobrar impuestos a los propietarios. Y ahora, el gobierno ha comenzado a moverse en esta dirección. El 23 de octubre, la máxima legislatura del país, la Asamblea Popular Nacional (APN), adoptó una decisión para autorizar al Consejo de Estado a realizar una prueba piloto de la nueva política tributaria en determinadas regiones.
A diferencia de Estados Unidos y otros países, China no tiene un impuesto general sobre la propiedad. Las conversaciones sobre un posible impuesto comenzaron en 2003. En 2011, las administraciones locales de dos de los municipios más ricos del país, Chongqing y Shanghai, pudieron recaudar impuestos. Casi una década después, el plan fiscal se está impulsando enfáticamente.
Según el medio de comunicación estatal Xinhua, la legislación sobre impuestos a la propiedad garantizará el «consumo racional de viviendas», así como el uso más «económico e intensivo» de los recursos de la tierra. También promoverá un «desarrollo estable y sólido» del mercado inmobiliario de China.
La política fiscal se produce en medio del sector inmobiliario que enfrenta una intensa crisis debido a las tenencias masivas de deuda entre los desarrolladores. Una de las empresas inmobiliarias más grandes, Evergrande, tiene una deuda de más de 300.000 millones de dólares y está luchando por cumplir con sus pagos. Muchos otros desarrolladores también se encuentran en una situación similar, lo que representa un grave riesgo para el mercado inmobiliario y la economía en general.
«Se controlarán y guiarán estrictamente las prácticas actuales en materia de vivienda y uso del suelo, especialmente comportamientos como la especulación inmobiliaria… Teniendo en cuenta las ciudades de las que más se ha hablado recientemente en el mercado, es probable que la provincia de Zhejiang se incluya en las reformas fiscales, especialmente Hangzhou”, dijo a SCMP Yan Yuejin, director del Instituto de I + D de China E-house con sede en Shanghái.
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Hangzhou es la octava ciudad más grande de China. El año pasado, la producción económica de Hangzhou alcanzó alrededor del 70 por ciento del PIB de Hong Kong. Hasta el momento, no se ha fijado una fecha para el programa piloto de impuestos. La política fiscal no será de aplicación a las viviendas rurales. El Consejo de Estado decidirá qué áreas incluir en el programa piloto.
Desde que Beijing permitió la propiedad privada de viviendas en 1998, los precios de las propiedades se han multiplicado casi por 20. En 2019, se vendieron en China alrededor de 1,7 billones de dólares en viviendas nuevas, siete veces la cifra de EE. UU.
Aproximadamente del 70 al 80 por ciento de la riqueza de los hogares en el país corresponde a la propiedad. Además, las propiedades también contribuyen al 10 por ciento de los ingresos familiares de China. Como tal, algunos expertos ven una fuerte resistencia contra la propuesta del impuesto a la propiedad.
Ting Lu, economista jefe de Nomura para China, declaró en una nota de investigación reciente que es probable que Beijing actúe con cautela con respecto a la política fiscal, introduciendo los impuestos gradualmente con el tiempo. Incluso entonces, Lu cree que las ventas de viviendas nuevas podrían verse afectadas.
Restringir el mercado de la vivienda también es algo que el presidente chino, Xi Jinping, ha estado destacando últimamente. En un artículo escrito en Quishi, la revista teórica oficial del PCCh, Xi pidió a los funcionarios que avancen de manera constante con la legislación sobre impuestos a la propiedad. Las casas “son para vivir, no para especular”, dijo el presidente chino.
En una entrevista con CNBC, Yue Su, economista principal de The Economist Intelligence Unit, afirmó que la legislación sobre impuestos a la propiedad llega en un momento apropiado para Beijing.
«Creo que el gobierno central ha elegido [el] momento adecuado debido a la remodelación política que se producirá antes y después del 20º congreso del partido del año que viene, por lo que resistirse realmente a una política del gobierno central será [un riesgo] para la propia carrera de los funcionarios del gobierno local».
